La permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional empieza a tambalearse. Bancadas de distintas tiendas políticas se han mostrado en contra de que continúe en el cargo y han anunciado medidas para retirarlo por su cuestionada labor frente a la inseguridad ciudadana.
De acuerdo con el portal del Congreso, la agrupación Juntos por el Perú presentó un proyecto sobre el tema, mientras que los partidos del Buen Gobierno, Cívico Obras y Renovación Popular preparan más propuestas legislativas similares.
Por lo pronto, la mayoría ha coincidido en que la permanencia de Arriola no contribuye a la seguridad del país. Otras, como el Partido del Buen Gobierno, afirman que debió salir de la institución tiempo atrás.
—Modificación a la norma—
Una de las agrupaciones que tomó las primeras acciones fue Juntos por el Perú. El grupo político presentó un proyecto para modificar la Ley 31570 y restablecer la facultad de remoción por pérdida de confianza del comandante general.
La propuesta fue formulada por la diputada Analí Márquez. El planteamiento tiene 11 páginas y ya se encuentra en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su debido análisis.
En su proyecto plantea incorporar al artículo 8 de la ley que el comandante general pueda ser revocado antes de la conclusión de su período por el presidente de la República, mediante resolución suprema debidamente sustentada, por pérdida de confianza debidamente fundamentada por el Poder Ejecutivo, basada en la falta de idoneidad, deficiente desempeño operativo o el incumplimiento de las metas estratégicas anuales del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Actualmente, ese artículo establece que puede ser revocado por muerte, enfermedad con invalidez plena permanente o por solicitud de pase a la situación de retiro.
Asimismo, por incurrir en falta muy grave, de acuerdo con la ley de la materia, y por sentencia condenatoria firme por delito doloso.
Según el análisis costo-beneficio de la norma, se indica que no genera gasto adicional al Tesoro Público, debido a que su aplicación se limita a modificar los criterios legales relacionados con el cese del cargo de comandante general de la Policía, dentro de las competencias y funciones ya asignadas al Ejecutivo y al Ministerio del Interior.
—Otras iniciativas—
Por su parte, el senador Daniel Barragán, vocero del Partido Cívico Obras (PCO) en la Cámara Alta, afirmó que desde el Congreso se puede derogar la norma que mantiene a Arriola en la Policía.
“Se puede actuar desde el Congreso derogando una norma que se generó para evitar que el expresidente Castillo pueda cambiar a los comandantes generales de las FF. AA. y PNP. Hoy le juega en contra al gobierno y por tanto en perjuicio de la población”, indicó.
Agregó que “este general debe pedir su renuncia, toda vez que la ley no permite que lo puedan retirar”.
Su colega Víctor Piñán, portavoz del PCO en Diputados, afirmó que apoyarían una iniciativa que derogue la normativa policial porque “el señor Arriola ha demostrado su incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana”.
En diálogo con El Comercio, indicó que cursó un documento al ministro del Interior, César Astudillo, en el que solicitó reevaluar de manera inmediata la ratificación a Arriola y tomar las medidas correctivas para oxigenar el comando de la Policía con una estrategia transparente, rigurosa y verdaderamente orientada a combatir el crimen organizado.
—Actuaciones—
Desde la bancada del Buen Gobierno, el diputado Edwin Espinoza afirmó que Arriola “debió irse hace mucho tiempo” y dejó claro que se requiere una reforma urgente.
No quiso dar mayores detalles, pero aseguró que su despacho se encuentra trabajando en una proposición legislativa.
“Esta será de manera reflexiva y cuidadosamente técnica para establecer causales objetivas de remoción sin afectar la institucionalidad policial”, añadió.
Desde Renovación Popular, el diputado Frank Krklec consideró que le parece “absurdo” que el Gobierno intente justificar la permanencia de Arriola bajo la excusa de que la ley todavía lo faculta en el cargo policial.
“Me parece absurdo que se escuden en la ley para enfrentar sus bajos resultados. Apoyaría sí una medida de esa naturaleza [que modifique la norma para su exclusión]. A la interna de Renovación se está evaluando un proyecto para modificar la normal”, añadió.
¿Discrepancias en el Ejecutivo?
Consultado por El Comercio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, refirió que sacar a los titulares de sus cargos no suele ser una solución efectiva, sino, por el contrario, “desmoraliza a los subalternos porque comprenden que en cualquier momento les tocará a ellos”.
Agregó que si Arriola “no ha cometido una grave falta, no se justifica su salida, legalmente ni inconstitucionalmente”.
En la misma línea opinó Alberto Beingolea al referir que la ley no permite que sea retirado.
A su turno, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, indicó que Arriola está “técnicamente calificado para ejercer su cargo”. En declaraciones a Canal N, precisó que esta consideración no supone un respaldo ni una certificación sobre la continuidad de Arriola.
“Acá no se trata de respaldos, estamos con personal técnicamente calificado para conseguir estas investigaciones”, señaló.
Sin embargo, el 31 de agosto, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó al video podcast de El Comercio Tenemos Que Hablar que está “dentro de aquellos que pide la salida de Arriola, y no voy a retroceder en mi posición”.
Sheput afirmó que Arriola es parte de un conjunto de oficiales que, desde su punto de vista, “estaban en medio de una serie de situaciones controversiales”.
Sostuvo que se debe que entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana también es un tema de percepción y que si “en esa percepción algún individuo no da la talla, pues simplemente hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que tiene que tomarse en cuenta esto al analizar la permanencia o no del general”.
