La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que el proyecto de ley presentado por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, continúa en trámite vigente en el Congreso pese a que el legislador anunció que lo retiraría. La organización señaló que la iniciativa fue derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y demandó su retiro inmediato.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que el proyecto de ley presentado por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, continúa en trámite vigente en el Congreso pese a que el legislador anunció que lo retiraría. La organización señaló que la iniciativa fue derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y demandó su retiro inmediato.
“Pese a anuncio de retiro del PL de diputado Bravo (Renovación Popular), que criminaliza la actividad periodística y afecta gravemente las libertades informativas, el proyecto sigue vigente: ha sido derivado a la Comisión de Justicia y DDHH. Demandamos su retiro inmediato”, escribió la ANP en redes sociales.
Se trata del Proyecto de Ley N° 00043/2026-2031-CD, presentado por Bravo, que plantea sancionar penalmente la apología al delito durante situaciones de crisis política y conflictos sociales.
La iniciativa propone penas de entre cuatro y cinco años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la promoción, aliento o justificación del uso de explosivos, artefactos incendiarios o sustancias peligrosas durante crisis políticas o conflictos sociales.
Aldo Bravo anunció hace unos días que retiraría su proyecto de ley. El legislador explicó que tomó la decisión para evitar que el debate generado por la propuesta desviara la atención del Congreso de otras prioridades nacionales.
Entre los asuntos mencionados por Bravo estuvieron el incremento de la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño. También señaló que influyó la posición del presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien consideró que el país enfrenta problemas más urgentes.
El proyecto plantea sanciones para personas con capacidad de convocatoria que promovieran, alentaran o justificaran el uso de explosivos, artefactos incendiarios o sustancias peligrosas durante situaciones de crisis política o conflictos sociales, siempre que estas acciones pudieran afectar la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público y privado.
Esta propuesta había sido cuestionada por gremios periodísticos porque se advierte que pone en riesgo la labor de periodistas y medios de comunicación que, por informar o expresar opiniones podrían ser pasibles de acciones legales o represalias.
