Aunque el Ministerio Público había programado este jueves 26 de febrero la reconstrucción del atropello a la deportista Lizeth Marzano, el abogado de su familia informó que esta diligencia fue cancelada porque las autoridades no tenían los medios ni recursos suficientes para realizarlo.
Aunque el Ministerio Público había programado este jueves 26 de febrero la reconstrucción del atropello a la deportista Lizeth Marzano, el abogado de su familia informó que esta diligencia fue cancelada porque las autoridades no tenían los medios ni recursos suficientes para realizarlo.
En declaraciones a ATV Noticias, Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano, afirmó que la Policía no disponía de los recursos necesarios para llevar a cabo la operación, como un vehículo similar al que manejaba Villar, maniquís balísticos ni las condiciones de seguridad adecuadas en la zona para permitir la presencia de Adrián Villar, quien conducía el automóvil que impactó contra la deportista.
CONOCE MÁS: San Isidro: cierran calle para reconstrucción del atropello de Lizeth Marzano
Y es que, horas antes de la diligencia fiscal programada, un numeroso grupo de personas se concentró en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro, exigiendo justicia por las presuntas irregularidades en el manejo del caso por parte de la Policía y el personal municipal.
Entre la multitud se encontraban familiares y amigos de Marzano, así como colectivos sociales, ciclistas, corredores y ciudadanos indignados, quienes expresaron su apoyo y respeto hacia la memoria de Lizeth.
MÁS INFORMACIÓN: Lizeth Marzano: Fiscalía dispone peritaje al celular de Adrián Villar tras su detención
Por otro lado, pese a la cancelación de la diligencia fiscal, Mendoza indicó que la Policía realizó una ampliación de las inspecciones para verificar las condiciones del lugar, como la iluminación, la pista, la curvatura y otros detalles.
Cabe mencionar que, Villar Chirinos es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Cabe precisar que sobre el investigado ya pesaba una orden de impedimento de salida del país por nueve meses, dictada el 23 de febrero.
