La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, defiende el proyecto de Ley MAPE del gobierno y detalla que el plazo que tendrán los mineros informales para concluir el proceso de formalización será de 18 meses y ya no de dos años.
“Estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no abrimos la puerta a una nueva ampliación”, subrayó en una entrevista con El Comercio.
— En el proyecto de Ley MAPE del Ejecutivo se incluye una disposición para que la OEFA, Osinergmin y Sunafil fiscalicen a las plantas de beneficio (que procesan oro) …
Sí, efectivamente es un tema nuevo y, por eso, lo estamos regulando dentro de este proyecto de ley, porque la OEFA [en la actualidad] no fiscaliza a la pequeña minería ni a la minería artesanal, tampoco lo hacen el Osinergmin ni la Sunafil. Lo que estamos haciendo es que la fiscalización y supervisión en el caso de la minería en pequeña escala sea asumida por estas tres entidades por un plazo de cinco años.
— ¿Estas instituciones van a contar con un presupuesto adicional para esta función?
En principio, cada una de las entidades tiene dentro de su presupuesto, los fondos necesarios para la supervisión y fiscalización. Sin embargo, entenderíamos que estas entidades, en el marco de sus funciones, podrían evaluar una mayor necesidad de presupuesto. Pero este es un tema que deben evaluar cada una de estas entidades.
— ¿Las plantas de beneficio que procesen menos de 25 toneladas diarias serán fiscalizadas por los gobiernos regionales?
No, en el proyecto se está creando una nueva entidad, que es el FORMAPE (Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), que estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas. El FORMAPE podrá otorgar permisos para el inicio de actividades mineras o reinicios, certificaciones a la pequeña minería y minería artesanal, pero también tendrá la función de supervisar y fiscalizar, incluyendo la potestad sancionadora.
Entonces, todas las funciones que hoy les corresponden a las direcciones regionales van a pasar al FORMAPE y, en tanto, no se cree el FORMAPE, porque vamos a tener un plazo de 120 días, asume el ministerio.
— En el proyecto también se autoriza al Banco de la Nación a abrir cuentas de ahorros y corrientes a los mineros informales. Expertos advierten que este punto representa un riesgo y que faltan candados para evitar el lavado de activos…
Mira, en principio lo que estamos haciendo es habilitar para que puedan contar con cuentas corrientes y de ahorro, nada más. No estamos hablando de créditos ni de otros trámites. ¿Por qué es importante que tengamos una entidad donde puedan abrir las puertas? Porque en principio tienen que controlar y conocer el origen del dinero. Por un lado, necesitamos una trazabilidad, seguimiento y transparencia.
A cualquier persona, natural o jurídica, que esté inscrita en el Reinfo, le cierran la cuenta y le devuelven el dinero, porque hay un temor de que pueda tener un origen ilícito. Pero para calmar ese temor tenemos que conocer, tiene que haber una trazabilidad. Además, el Banco de la Nación estará facultado a acceder a la información de quién está abriendo la cuenta, sin es un minero formal o si está en el proceso de consolidación.
— ¿Y cómo el Banco de la Nación puede saber si el dinero es de origen legal o ilegal?
Bueno, es que en principio vamos a tener la fortaleza en cuento a la fiscalización. Ellos nos van a pedir la información sobre el minero, las actividades, si está formal, si ha sido formalizado o no. Y también se debe tener en cuenta que vamos a contar con un sistema de trazabilidad de la extracción del recurso mineral hasta la comercialización. Y este sistema va a estar interconectado con el Banco de la Nación y otras entidades involucradas.
— Pero si el sistema de trazabilidad falla o no detecta, ¿existe el riesgo de que el Banco de la Nación se utilizado por la minería ilegal para mover dinero ilegal?
El riesgo lo tienen hoy todos los bancos, no solamente el Banco de la Nación […] Nosotros queremos transparentar, saber cuánto va creciendo [un minero], cuál es su movimiento y en atención al sistema de trazabilidad y a la información que nosotros tengamos podamos mapear si [el dinero] viene de una actividad lícita o no. Riesgo siempre vamos a tener, lo importante es cómo podemos mitigar esos riesgos y evitarlos también. Y en todo caso sancionarlos. Por eso, es necesario que nuestras funciones de fiscalización, supervisión y sanción estén fortalecidas.
— La propuesta del gobierno también plantea la coexistencia de dos regímenes para la pequeña minera y la artesanal. Uno ordinario, de carácter permanente para los formalizados, y un segundo denominado de “consolidación” para los inscritos en el Reinfo por dos años. ¿Es un Reinfo con otro nombre?
El proyecto de ley habla de dos regímenes, el ordinario, que es abierto para cualquier persona que quiera desarrollar actividad minera en tanto cumpla las condiciones y tenga los permisos. Y el otro, es el régimen de consolidación, que es cerrado y temporal y a donde van a pasar los mineros que están dentro del Reinfo. ¿Y por qué nace esto? Porque reconocemos como Estado que de hoy a diciembre algunos que han cumplido sus requisitos para formalizarse no lo van a lograr. Entonces, estamos abriendo esta oportunidad.
Pero ojo, no es un Reinfo disfrazado, no es la continuidad del Reinfo. Estamos hablando de una nueva persona jurídica [FORMAPE] que va a centralizar la toma de decisiones, va a tener la función de supervisar, sancionar y fiscalizar. Podemos hacer que el proceso de formalización sea más ágil. Y ojo, no son dos años los que se están otorgando [de plazo], sino 18 meses.
— ¿Se ajustó el proyecto, porque inicialmente se establecía dos años?
Así es.
— ¿Y qué garantiza que, terminados los 18 meses, no se va a ampliar el plazo, como ha ocurrido con el Reinfo?
Con este nuevo régimen de consolidación, el Reinfo culmina el 31 de diciembre. Estamos hablando de un nuevo procedimiento, de un nuevo régimen. Nuestro compromiso como Ministerio de Energía y Minas es que los plazos y los procedimientos [para la formalización minera] sean mucho más ágiles. Y, por ello, es importante tener en cuenta que dentro de este período de 18 meses no es que los mineros van a empezar de nuevo, sino que vamos a recoger la información ya avanzada para correr en su proceso de formalización y también para excluir en los que casos que tengamos que excluir.
Tenemos mucha confianza en que, si consolidamos los procedimientos en una entidad, si simplificamos los trámites y aceleramos, 18 meses van a ser suficientes para tener una pequeña minería, por lo menos encaminada a un régimen que le permita trabajar correctamente. Y también quiero señalar que en el proyecto se crea una ventanilla única y una casilla electrónica.
— Usted ha referido que 18 meses van a ser suficientes para la formalización minera. ¿No habrá ampliaciones?
De nuestra parte, estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no estamos abriendo la puerta a una nueva ampliación. El proyecto de ley no lo establece.