Candidato de Barranco por Renovación Popular es investigado por peculado y propició la designación de su socia como gerente de la municipalidad

En la Municipalidad de Barranco, las dos principales autoridades administrativas no solo compartían gestión: compartían empresa y compartían señalamientos de la Contraloría. Manuel Espinoza Loarte, exgerente municipal de la comuna y candidato a la alcaldía por Renovación Popular, promovió la designación de María Elena Lizárraga Amesquita como jefa de la Oficina General de Administración (OGA), órgano que maneja los recursos presupuestales del distrito. Ambos son socios fundadores, con 50% de acciones cada uno, de la empresa privada Family Fun S.A.C.

Consultado sobre este cruce, Espinoza sostiene: “Hace años, con la finalidad de tener una actividad fuera de la entidad pública, sino privada, decidimos hacer esta sociedad y dedicarnos a lo que son los inflables (…). La tenemos hasta hoy en día constituida porque somos funcionarios con más de 24 años de experiencia y en el camino tú vas formando pues amistades y tratas de crear sociedades para que a futuro tus hijos o tus descendientes puedan vivir tranquilamente”.

Lo cierto es que la dupla viene de antes. Espinoza y Lizárraga ya habían coincidido en la Municipalidad Distrital de Surquillo, donde ocuparon los cargos de gerente municipal y gerente de Administración y Finanzas, respectivamente.

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María Lizárraga ejerció como jefa de la Oficina General de Administración de la Municipalidad Distrital de Barranco desde el 1 de enero de 2023 hasta el pasado 4 de setiembre, cuando la comuna aceptó su renuncia mediante la Resolución de Alcaldía N.° 275-2026-RA-MDB. Quien dispuso la salida de la socia de Espinoza fue el regidor Jaime Chihuán, actual alcalde encargado de Barranco, en momentos en que la titular del cargo, Jessica Vargas, viene haciendo campaña como candidata a teniente alcalde por Renovación Popular.

Caso por peculado

En el plano fiscal, Espinoza figura como imputado por el delito de peculado doloso. La investigación está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Carpeta Fiscal N° 145-2025) y se abrió el 27 de febrero de 2025.

El caso se abrió por tramitar viáticos para un viaje al exterior de la alcaldesa Jessica Armida Vargas Gómez, presuntamente respaldada con documentación apócrifa. El proceso sigue activo: el 5 de marzo de 2026, la denunciante, la regidora Nicole Muñoz presentó un recurso de elevación de actuados para objetar un pronunciamiento liminar y pedir que una fiscalía superior ordene continuar con las diligencias.

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Consultado por este diario, el candidato indica que aún no ha sido notificado. “A nosotros todavía no nos ha notificado al respecto. Sabemos que se [abrió] una investigación preliminar y he pedido que los abogados lean (…). Pero no tenemos algo que me hayan notificado en investigación, por tanto desconocería de qué tratara, ¿verdad?”.

Cuatro informes, un funcionario

Antes de llegar a Barranco, Espinoza fue gerente municipal en Barranco. Pero su paso por la gestión pública en ese distrito dejó cuatro informes de la Contraloría en los que le hallaron responsabilidad civil y administrativa.

En conjunto, los cuatro informes suman perjuicios económicos por S/ 832,644.17.

El primero, el Informe N° 002-2017-2-2169, encontró un perjuicio de S/ 557,769.83 por visar y autorizar el pago mensual de bonificaciones por productividad, escolaridad y capacitación a personal de confianza a través de convenios colectivos que, por ley, solo correspondían a trabajadores sindicalizados. El Órgano de Control Institucional (OCI) le atribuyó responsabilidad civil y administrativa, también a Lizárraga. En este caso, su socia, María Elena Lizárraga Amesquita también fue sindicada con responsabilidad civil y responsabilidad administrativa funcional en su calidad de gerente de finanzas.

Pero no fue el único caso. Ambos también aparecen comprendidos en el Informe N° 010-2019-2-2169, que evaluó la contratación del servicio de reparación de unidades vehiculares de la comuna de Surquillo.

La auditoría detectó irregularidades en el desembolso de S/ 17,800.00 por el presunto “mantenimiento correctivo” de una ambulancia que se encontraba inoperativa y sin motor. Para sustentar ese gasto se presentó un cuaderno con 91 registros y firmas que, según un peritaje grafotécnico, resultaron falsos. A Espinoza y a Lizárraga se les atribuyó responsabilidad administrativa.