Fuentes cercanas a las altas esferas de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) denuncian que la rectora, Arcelia Olga Rojas Salazar, buscaría postergar la fecha de entrega de notas de los alumnos para después de las elecciones de autoridades, programadas para el próximo 2 de julio. Según los denunciantes, entre los que figuran estudiantes, la medida tendría como finalidad condicionar su voto a favor de la Lista 4, encabezada por el candidato al rectorado Augusto Caro Anchay.
Esta nueva denuncia se suma a una serie de cuestionamientos que El Comercio ha revelado en las últimas semanas sobre la gestión de la UNAC. Entre ellos figuran el presunto pago a un docente fallecido, observaciones en procesos de contratación, una obra paralizada valorizada en más de S/16 millones, posibles intercambios de favores y denuncias contra funcionarios cercanos a la administración de la rectora Arcelia Rojas. Pese a la existencia de informes de la Contraloría, investigaciones fiscales y testimonios que cuestionan el manejo de recursos públicos y decisiones administrativas dentro de la universidad, ninguna de las autoridades involucradas ha sido removida o suspendida de su cargo.
En otro informe publicado por este Diario también se revelaron los graves cuestionamientos formulados por docentes y personas vinculadas a la UNAC contra Augusto Caro Anchay. Las acusaciones incluyen una denuncia por intento de agresión, su polémico paso por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega antes de que esta perdiera el licenciamiento, así como presuntas incompatibilidades en el ejercicio del cargo y el haber limitado ascensos legítimos de docentes. Además, se le señala como integrante del círculo de confianza de la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar, quien es investigada penalmente por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
La rectora de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), Arcelia Olga Rojas Salazar, es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, según la plataforma de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Al revisar el historial de los casos fiscales de Rojas, se constató que estas denuncias se encuentran en estado de notificación.
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Asimismo, Yesmi Katia Ortega Rojas, hija de la rectora, es docente contratada de la Universidad Nacional del Callao. Los denunciantes aseguran que ella sería una de las representantes externas de Augusto Caro durante su candidatura.
Un docente de la institución comentó a El Comercio que “los chicos, los alumnos, deberían ir al OCI (Órgano de Control Institucional), pero no quieren dar sus nombres por temor. Lo que está pasando es que, según los propios alumnos, los están condicionando para votar por la Lista 4 (del candidato Augusto Caro). Les dicen que, si no votan por esa lista, no los van a aprobar en sus notas. Incluso tendrían que demostrar que votaron por la Lista 4 para que recién les coloquen la nota. Los mismos estudiantes están diciendo eso. Se sienten presionados. El OCI no está haciendo nada. Yo creo que debe haber algún arreglo con la rectora, porque si no, ya habrían intervenido”.
“No creo que vayan a hacer nada. Los estudiantes tienen miedo de no votar como les indican porque lo que está en juego es su nota, su calificación. Por eso también es muy difícil que presenten una denuncia. Todo el poder está en manos de la rectora. Ella puede decidir ascensos, asignar cargos y, según lo que comentan, incluso aprobar a estudiantes si la apoyan. Como conozco a una persona del OCI, le comenté la situación y me respondió que necesitan documentos y pruebas para denunciar. Pero, desde mi punto de vista, el solo hecho de que estén intentando cambiar la fecha ya constituye un indicio que debería investigarse”, expresó.
El docente sostuvo que, a cambio de votar por la Lista 4, se estaría asegurando a los alumnos una calificación aprobatoria en sus evaluaciones.
Arcelia Olga Rojas Salazar, rectora de la UNAC. Foto: Reniec.
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Por su parte, una fuente estudiantil de la UNAC señaló a El Comercio que “la postergación de la entrega de notas no está bien porque el calendario académico está aprobado mediante resolución y ahí figuran las fechas que deben respetarse. Si cambian la fecha, se estaría incumpliendo esa resolución. Quieren ampliar el plazo hasta el 3 de julio para el ingreso de notas, cuando la fecha establecida era el 26 de junio. Las elecciones son el 2 de julio. Esto no ocurre solo en una facultad, sino en toda la universidad”.
Docentes y estudiantes también cuestionan el accionar del Órgano de Control Institucional (OCI), al considerar que no ha ejercido labores de supervisión pese a las denuncias formuladas. Según los testimonios recogidos por este Diario, esa aparente inacción respondería a presuntos favores otorgados por la rectora a la jefa del OCI, lo que explicaría, según afirman, la falta de investigaciones sobre estos hechos.
Por otro lado, en los últimos días han surgido nuevas denuncias relacionadas con las altas esferas de la UNAC. Una de ellas involucra a Juan Alfonso Arenas Damián, quien aparece vinculado a una investigación de la Fiscalía de Lima Centro por el presunto delito de colusión agravada. El caso comprende a funcionarios de Provías Nacional por un supuesto favorecimiento irregular de S/264 millones en una obra de mantenimiento vial en Cusco.
Juan Alfonso Arenas Damián aparece vinculado a una investigación de la Fiscalía de Lima Centro, que comprende a funcionarios de Provías Nacional por un presunto favorecimiento irregular.
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Actualmente, Arenas Damián se desempeña como asesor y hombre de confianza del jefe de Administración de la UNAC, Jorge Manuel Linares. Además, integró el comité de selección de licitaciones de Provías Nacional cuando Juan Silva era ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo. En esa investigación, el Ministerio Público les atribuye el presunto delito de organización criminal.
Fuente: Ministerio Público.
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Documentos obtenidos por El Comercio revelan que la UNAC emitió órdenes de servicio mediante las cuales Arenas Damián fue contratado como asesor de Jorge Manuel Linares. De esta manera, además de la rectora Arcelia Rojas y del jefe de Abastecimiento, Juan Carlos Collado Félix —quien también fue mencionado en un informe previo de este Diario—, otro funcionario vinculado a la administración universitaria afronta investigaciones penales.
La UNAC emitió órdenes de servicio mediante las cuales Arenas Damián fue contratado.
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Otra denuncia apunta al funcionamiento de los comedores de la UNAC. Fuentes de El Comercio señalan la existencia de un presunto esquema de coordinación entre el director de Bienestar Universitario, José Antonio Farfán Aguilar; el candidato al rectorado Augusto Caro Anchay; y la empresa concesionaria del servicio de alimentación. Según la acusación, Farfán Aguilar estaría presuntamente financiando la campaña de la Lista 4 con recursos que tendrían origen en el comedor universitario.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el supuesto esquema implicaría el uso de alumnos “fantasma” y la reducción de raciones destinadas a estudiantes, en aparente complicidad con la empresa concesionaria. Asimismo, sostienen que el contrato por más de S/10 millones entre la Universidad Nacional del Callao y la concesionaria —al que El Comercio tuvo acceso— habría sido utilizado como una presunta “caja política” para financiar la campaña electoral. También afirman que dicho contrato habría favorecido a la empresa concesionaria sin un proceso de licitación.
Las fuentes consultadas por El Comercio señalan, además, que los términos de referencia fueron elaborados por el director de Bienestar Universitario, José Antonio Farfán Aguilar, quien sería una persona de confianza cercana al candidato Augusto Caro. Añaden que el proceso contó con un solo postor, que finalmente fue seleccionado para brindar el servicio.
Evaluación económica de la propuesta presentada por la empresa concesionaria de alimentos, que obtuvo un contrato por S/10 millones durante dos años como único postor.
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El Comercio acudió a las oficinas administrativas de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) para recoger la versión de la rectora, Arcelia Olga Rojas Salazar, y del jefe de Administración, Jorge Manuel Linares, frente a los cuestionamientos expuestos en este informe. Entre las 7:00 a.m. y las 10:20 a.m., un equipo de este Diario permaneció en el lugar a la espera de la llegada de ambos funcionarios. Sin embargo, los espacios de estacionamiento reservados para sus vehículos permanecieron vacíos durante ese tiempo.
Ante ello, se consultó al personal de seguridad y de Mesa de Partes sobre la posibilidad de que la rectora y el jefe de Administración acudieran a las oficinas del Rectorado. Los trabajadores indicaron que ese día ambas autoridades tenían previsto participar en otra actividad, por lo que sería difícil que llegaran.
Posteriormente, este Diario solicitó una vía de contacto para remitir las consultas. El personal proporcionó el correo electrónico de la Oficina de Comunicaciones, al cual se envió la solicitud de descargos con el detalle de las denuncias expuestas en este informe. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
El Comercio acudió a las oficinas administrativas de la UNAC desde las 7:00 a.m. hasta las 10:20 a.m. del viernes 26 de junio para recoger la versión de la rectora y del administrador. Personal de seguridad indicó que no llegarían. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
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Debido a que no se presentaron a su centro de trabajo durante la mañana, El Comercio llamó y envió mensajes con el detalle de las acusaciones contra la rectora, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, el administrador Jorge Manuel Linares comentó que “con la transparencia de siempre estoy seguro se te brindará respuesta”, haciendo alusión al correo formal que se había enviado.
Con quien sí se tuvo comunicación y brindó sus descargos fue el candidato a rector Augusto Caro. En relación con la acusación sobre un presunto favorecimiento de la rectora al cambiar el plazo de entrega de notas para después de las elecciones rectorales, sostuvo que “Eso es mentira. La rectora no tiene nada que ver con la programación de entrega de notas. Eso se aprueba en el Consejo Universitario, y a través de una resolución lo ejecuta la oficina de tecnología, información y comunicación. La rectora no lo ejecuta, lo ejecuta el vicerectorado académico, quien proyecta si fuera posible que se entreguen notas en otro momento”.
“El vicerrectorado académico llama a los directores de la escuela de toda la universidad y determina si se puede modificar la entrega de notas. Si no pasa eso, es imposible que se otorgue otro plazo. Una resolución del Consejo universitarios se anula con otra resolución previo autorización del vicerrector, siempre y cuando hayan elementos fácticos que permitan hacer este cambio”, agregó.
El candidato a rector Augusto Caro brindó sus descargos a El Comercio.
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Sobre la relación que tendría con la hija de la rectora dentro de la Lista 4, sostuvo que “también es mentira. Postulan solamente tres personas. El rector, el vicerectorado académico, y el vicerector administrativo, nadie más. La hija de la señora rectora es una profesora de base y no postula a nada”.
Finalmente, sobre el presunto esquema de coordinación con el director de Bienestar Universitario, José Antonio Farfán Aguilar, para financiar su campaña, mencionó que “El señor José Farfán no tiene ni para el te. La campaña que la estamos solventando nosotros mismos y aquellos docentes de las facultades de las cuales provenimos que entregan un colaboración para una pancarta. Es imposible que el señor Farfán tenga la capacidad económica para que me pueda financiar. Nosotros no estamos hipotecados con nadie”.
“Yo soy el candidato favorito, tengo el respaldo de los alumnos. Saben mi calidad académica y moral. Yo me dedico íntegramente a cumplir con mi trabajo sin meterme con nadie ni cometer actos ilícitos. En las aulas universitarias nosotros hemos mencionado que los costos de seguridad lo vamos a bajar a la quinta parte. Eso ha provocado que los proveedores de la universidad se molesten porque conmigo no van a poder tener acceso pues a contratos millonarios como podría haber en la universidad”, concluyó.
Los estacionamientos reservados para los vehículos de la rectora y del administrador de la UNAC permanecieron vacíos durante la mañana. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
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