A solo 48 horas de que concluya el plazo definitivo de la legislatura, fijado para este miércoles 24 de junio, los congresistas Darwin Espinoza, María Agüero y Raúl Doroteo se encuentran en una carrera contra el reloj para librarse de sus suspensiones.
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A este bloque se suma el legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo, quien arrastra una recomendación de 60 días de suspensión por difamación con canales del Congreso que tampoco ha sido priorizada en el debate diario.
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El escenario real es este: si el Parlamento cierra sus sesiones esta semana sin someter los expedientes al voto, los cuatro procesados ingresarán limpios al receso de julio y agosto. En la práctica, este retraso en la programación les asegura un beneficio directo: mantener sus oficinas activas, cobrar sus sueldos completos de S/ 15,600 y llevarse la gratificación íntegra por Fiestas Patrias sin sufrir ninguna penalidad económica.
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Para Martín Cabrera, consultor en Asuntos Parlamentarios y director de IPOC Consultores, el procedimiento de Ética no tiene ninguna prioridad reglamentaria en el Hemiciclo. “Lamentablemente, no existe prioridad reglamentaria para los informes de Ética. Que un informe se vote es una decisión de oportunidad política de la Mesa Directiva y de la Junta de Portavoces, no un mandato del Reglamento”, explicó a este Diario, confirmando que, si el Pleno no vota las suspensiones antes del miércoles, los investigados conservarán sus sueldos y su gratificación de Fiestas Patrias de forma íntegra.
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Cabrera advirtió además que la ventana real para sancionarlos se cierra definitivamente esta semana: “La sanción se mide en días de legislatura. Cerrada la legislatura el 24 de junio, ya no hay días que descontar ni suspensión que ejecutar”, precisó, tras advertir que de cara al próximo Congreso Bicameral, los dictámenes pendientes no se trasladarán a las nuevas cámaras, sino que perderán su objeto y pasarán directo al archivo al concluir el mandato.
En esa misma línea, un segundo especialista en temas parlamentarios, Carlos Maguiña, detalló que el reglamento interno de la Comisión de Ética se ha desnaturalizado por su complejidad: “Parece un proceso penal. Vienen testigos, peritos […] Cada uno pide ampliación de plazo y esto se vuelve todo un proceso judicial”. Explicó que los plazos normativos resultan engorrosos, lo que facilita el uso de argucias –como licencias por viaje o certificados médicos– para dilatar las citaciones por meses debido a acuerdos políticos entre las bancadas. Y es que archivar los informes tras meses de trabajo con recursos públicos genera gastos innecesarios y deja en la ciudadanía una “percepción de impunidad total”.
Finalmente, Cabrera calificó de “tragicómico” el entrampamiento administrativo y sentenció: “El fondo es un problema de diseño institucional: cuando el órgano técnico recomienda, pero el órgano político decide la oportunidad, el calendario termina sancionando por inacción”.
El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, sostuvo que su organismo se encuentra “de manos atadas”, pues los plazos procesales para ejecutar sanciones en la presente legislatura ya están vencidos. También indicó que no se pueden aceptar nuevos casos porque resultarían “inaplicables”.
Pero lo cuestionable es que no solo se caerán los casos sin informe final, sino también aquellos que se encuentran en etapas intermedias.
Entre estos últimos está, por ejemplo, el caso de la congresista no agrupada Kira Alcarraz, que se encuentra en etapa de indagación preliminar por la presunta agresión física y arrebato de celular a un fiscalizador del SAT en San Juan de Miraflores.
Kira Alcarraz negó agresión a fiscalizador del SAT
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