El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, rechazó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú (JP) en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se le acusa de presuntas infracciones constitucionales y delitos vinculados al proceso electoral.
En un pronunciamiento publicado en las redes institucionales de la Cancillería, Carlos Pareja señaló que siempre actuó “con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano”.
“Ante la presentación de una ‘denuncia constitucional’ en mi contra, rechazo categóricamente cualquier imputación que pretenda atribuirme actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior”, expresó.
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Mencionó que durante el proceso electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió, en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes y que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden a su sector.
“Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la ‘denuncia constitucional’ presentada. Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas”, acotó.
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Pareja Ríos reiteró su reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros por considerar que son los “verdaderos protagonistas” de toda elección y merecen que “cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad popular expresada en las urnas”.
“Quiero reiterar que el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral”, subrayó.
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“Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional”, sentenció.
Según fuentes de El Comercio, la subcomisión dará cuenta este viernes 26 de junio de la denuncia presentada contra el canciller por presunto fraude electoral. Luego, en un plazo de 10 días, emitirá un informe de calificación que declarará si procede o no para el inicio de investigación.
Como se recuerda, Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra Carlos Pareja, a quien responsabiliza por presuntas irregularidades en el traslado de las actas electorales provenientes del extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
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El recurso fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de la agrupación de Roberto Sánchez.
El documento solicita que se inicie un juicio político y un antejuicio contra el canciller por presuntas infracciones a la Constitución y por los supuestos delitos de fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de funciones.
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La denuncia constitucional fue planteada por supuestamente “haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales de 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa”.
Según sostiene el partido, la Cancillería modificó el procedimiento empleado para el envío del material electoral desde el exterior, reemplazando la digitalización de las actas utilizada en la primera vuelta por su traslado físico mediante valijas diplomáticas, situación que -a su criterio- habría afectado la cadena de custodia del material electoral.
