Confié en ella porque me la recomendó mi compadre. Le compré unos boletos para el viaje de mis sueños y nunca lo pude realizar. No creo poder recuperar mi dinero, ya todo está perdido. Yo le pagué 1.800 dólares. Yo invertí más de 12.000 dólares. En mi caso fueron 9.000 dólares. Todas estas frases son extractos de los múltiples testimonios que El Comercio recogió durante una investigación que inició a finales del 2024. En todos ellos se repite un mismo nombre: Liliana Fátima Ynaba Reyna. Y una misma acusación: “ella me estafó”.
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En la investigación realizada por el equipo de Pasa en la Calle pudimos determinar que Ynaba está vinculada al rubro turístico, por lo menos, desde junio de 1988, cuando fue registrada como gerente de la empresa Ynaba Travel Service S.A. Esta agencia de viajes operó formalmente hasta agosto del 2002, según la base de datos de la Sunat.
Al momento de declararse su baja de oficio, la empresa acumulaba 34.309 soles en deudas coactivas, según el sistema tributario. Posteriormente, en julio del 2015, se fundó la empresa Turismo Perú Inca S.A.C. en la que, si bien Ynaba no figura como representante legal, registra su dirección personal como último domicilio fiscal, mientras que la página web de la extinta empresa muestra como medio de contacto su número telefónico.
Si bien no aparece como representante legal de la empresa, la dirección y teléfono de contacto de Turismo Perú Inca S.A.C. son los mismos que los de Liliana Ynaba.
/ CAPTURA DE PANTALLA FACEBOOK
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Turismo Perú Inca obtuvo tres contratos con la Municipalidad de la Molina entre el 2017 y el 2018, acumula deudas coactivas por 88.527 soles y, además, desde el 2024 mantiene una sanción impuesta por Indecopi de 2,15 UIT por “Falta de idoneidad – Incumplimiento del servicio”, según el portal Mira a quién le compras del propio instituto de defensa del consumidor. Ese mismo año, la empresa se dio de baja.
En simultáneo, desde el 2016 Ynaba opera como agente de viajes independiente, según registros de la Sunat. En este tiempo ha sido sancionada en 10 oportunidades por Indecopi debido a tres tipos de infracciones: falta de idoneidad, información e incumplimiento de acuerdo conciliatorio, según Mira a quién le compras.
Pero los cuestionamientos en torno a Ynaba van más allá.
En un pedido de acceso a la información pública realizado en mayo del 2015 por El Comercio al Ministerio Público, descubrimos que Ynaba tiene un total de 30 procesos en su contra en distintas fiscalías de Lima Metropolitana. En el 80% de estos casos es acusada de estafa y apropiación ilícita.
Este Diario accedió a testimonios y evidencia que demuestra que la cifra acumulada entre los perjudicados superaría ampliamente los 100 mil dólares. En enero de este año, El Comercio envió la misma solicitud al Ministerio Público con la intención de actualizar los datos del caso. Sin embargo, el pedido fue negado por la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Sonia Albina Chávez Gil, asegurando que dicha información podría violar la privacidad de la investigada.
A la fecha, Ynaba puede presumir de haber gozado de mayor protección por parte de la justicia que la mayoría de sus denunciantes, pese a la abundante evidencia que se acumula en su contra.
Durante esta investigación, El Comercio atestiguó que al menos tres nuevas denuncias contra Ynaba fueron archivadas por la Fiscalía argumentando que no existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra e invitando a las posibles víctimas a continuar con el proceso por la vía civil. Un camino largo, costoso y que no tiene forma de garantizar que los acuerdos de pago sean cumplidos.
Lo más preocupante es que el caso de Ynaba no es la excepción sino más bien la regla dentro del ineficiente circuito de justicia peruano.
Para el abogado especializado en casos de estafas y recuperación de deudas del estudio jurídico Ubillus y Asociados, Leonardo Ubillus, si los denunciantes no cuentan con asesoría de expertos suelen enfrentarse a dos grandes obstáculos. “En primer lugar, es un mandato constitucional que no hay cárcel por deudas. Y muchas veces las denuncias fallan desde su origen porque se apunta a la deuda y no al accionar criminal. Eso deja como único camino en la mayoría de escenarios que tengan que acudir a un mecanismo civil, y ahí viene el segundo problema, donde la sentencia puede demorar mucho. Estamos hablando de procesos que pueden tardar años y si a eso se le suman otros factores de riesgo, como que el deudor desaparece su patrimonio, transfiere sus bienes o retira dinero de sus cuentas bancarias, por más que se tenga una sentencia satisfactoria, no es factible el cobro o recuperación de esa acreencia”, explica Ubillus.
Leonardo Ubillus, abogado especializado en casos de estafas y recuperación de deudas del estudio jurídico Ubillus y Asociados, explica por qué los estafadores suelen quedar impunes en el Perú.
/ LENIN TADEO / EL COMERCIO
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Según datos publicados por el INEI en enero de este año, el 2025 cerró con 38.173 denuncias por estafa interpuestas ante la Policía Nacional del Perú. En su reporte de fin de año, el Ministerio Público precisó que el 70% de los casos que investiga por estafa se encuentran en fase de investigación preliminar desde hace más de 18 meses.
Estadísticas del Poder Judicial, por su parte, revelan que apenas entre el 5% y 7% de denuncias por estafa terminan en una sentencia condenatoria efectiva en el Perú, lo que a su vez lleva a que más del 80% de víctimas de delitos contra el patrimonio decidan no denunciar, principalmente por considerarlo una pérdida de tiempo (43,9%), según el INEI.
Esto descubre un panorama desolador, pues mientras la estadística oficial señala que 104 peruanos son estafados cada día, la cifra real sería cinco veces mayor.
Según testimonios recogidos por Pasa en la Calle, Liliana Ynaba no operaría sola. Comprobantes de pago a los que accedió El Comercio revelan que dinero exigido por los denunciantes fue depositado en la cuenta bancaria de su hija, Daniela Katsumi Bravo Ynaba. Mientras que la mayoría, incluidos Arias y Trujillo, señalan a su esposo, el oficial en retiro Percy Alfonso Bravo Arcaya, como su principal cómplice.
“En un momento me comuniqué con el esposo, Percy, y me dijo que no sabía por qué su mujer decía que estaba enferma, que él se iba a hacer cargo, que le dé un mes para ordenarse con su contador y me devolverían el dinero. Eso fue en el 2023 y hasta ahora nada”, señala Arias al equipo de Pasa en la Calle.
El Ministerio Público ha rechazado en dos ocasiones las denuncias por estafa interpuestas por John Arias contra Liliana Ynaba al considerar que no reúnen evidencia suficiente.
/ LENIN TADEO / EL COMERCIO
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El Comercio acudió al domicilio de Bravo e Ynaba en busca de sus versiones como parte de la investigación en su contra. Para este Diario fue imposible contactar a la acusada; sin embargo, pudimos conversar con el policía en retiro y explicarle que buscábamos recoger sus descargos. El equipo de Pasa en la Calle también le mostró parte de la evidencia presentada en su contra.
Bravo se limitó a responder que se trataban de “asuntos personales” y que no existen sentencias en su contra, que sus abogados se encargan del tema y señalar que la firma de su esposa en una carta notarial dirigida a uno de los denunciantes en la que reconoce su deuda podría haber sido “elaborado con Inteligencia Artificial”. Bravo también ignoró el pedido de contacto de su abogado.
