Se trata del Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática. Ningún partido propone una solución integral para la minería ilegal. En inseguridad ciudadana, pocas propuestas articulan un conjunto de medidas para prevenir y perseguir el delito.
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Enfrentar este problema requiere de una estrategia integral. El IPE considera siete ejes clave: formalización efectiva, trazabilidad del oro, interdicción y fiscalización permanentes, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y mayor presencia del Estado en los territorios afectados. No obstante, ningún partido presenta propuestas en siquiera seis de estos ejes. Peor aún, siete partidos no presentan propuestas que aborden ninguno de ellos.
Impulsadas en parte por las economías ilegales, en los últimos cinco años las denuncias por extorsión se han multiplicado por diez y la inseguridad se consolidó como el problema que más preocupa a los peruanos. En esa línea, 34 planes de gobierno incluyen propuestas para enfrentarla, con diversas iniciativas: desde la construcción de más cárceles y el endurecimiento de penas, hasta la incorporación de nuevas tecnologías, como herramientas de inteligencia artificial o drones para la vigilancia.
Sin embargo, uno de los principales desafíos para combatir la criminalidad es la falta de articulación entre las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Sus carencias presupuestales, de infraestructura y equipos, además de experimentar constantes crisis institucionales, han afectado una ya retadora coordinación. Las consecuencias son evidentes: el fuerte incremento de las denuncias por extorsión desde 2022 ha hecho que estas sean cuatro veces mayores que las personas encarceladas con sentencia por este delito.
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Frente a este problema, si bien 22 partidos proponen el desarrollo de sistemas de información compartida, son menos los que articulan un conjunto de medidas para fortalecer la coordinación interinstitucional. El desafío es grande: en 2023, por ejemplo, una de cada tres comisarías no tenía acceso a la base de datos de Reniec, y solo el 17% podía entrar al registro de detenidos y sentenciados a prisión.
La expansión de las economías ilegales y la inseguridad ciudadana plantea uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. Si bien la mayoría de los planes incorpora propuestas, ninguna es integral para enfrentar la minería ilegal y pocas articulan un conjunto de medidas para prevenir y perseguir el delito. En un contexto de rápida expansión del crimen organizado, entenderlo y atenderlo con medidas adecuadas e integrales es clave para evitar que sigan erosionando el desarrollo del país.
