Apenas han pasado dos meses desde el inicio de operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ya se está hablando de reabrir el antiguo. La propuesta ha empezado a sonar en las autoridades del sector, especialmente luego de las tensiones que se vivieron en las primeras semanas de transición operativa. Pero antes de tomar cualquier decisión, es indispensable tener claras las prioridades, los retos logísticos que implicaría el cambio y sobre todo quién terminará pagando la cuenta: los usuarios.
Con una infraestructura moderna diseñada para atender hasta 30 millones de pasajeros anuales —y con planes de escalar a 40 millones hacia el 2026—, la clave del éxito no radica en multiplicar terminales, sino en atender prioritariamente aquellos aspectos que tienen impacto negativo en el flujo y la experiencia de los viajeros, como los accesos, la capacidad del ‘check-in’ y el control migratorio.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Desde la experiencia técnica de la industria, podemos afirmar que operar los dos terminales en paralelo no es viable en el corto plazo ni responde a una necesidad real. Las proyecciones actuales de tráfico no justifican una infraestructura duplicada.
Además, volver a abrir el terminal antiguo implicaría duplicar los flujos operativos, los recursos humanos y toda la logística detrás (limpieza, seguridad, abastecimiento, etc.). Eso encarecería los costos para las aerolíneas y, por consecuencia, los precios para los pasajeros. ¿De verdad vale la pena llevar a cabo este cambio y encarecer el servicio cuando queremos potenciar el turismo?
En el caso que esta discusión llegase a avanzar, ignorando la potencial afectación de esta medida, es indispensable contemplar un elemento crítico: la conexión entre ambos terminales. No basta con habilitar un par de buses, será necesario un sistema real rápido, continuo y seguro -como un túnel o un monorriel- que demandaría una inversión significativa y un plazo de implementación que no es inmediato. Y esa inversión, inevitablemente, también se trasladaría a las tarifas aeroportuarias.
A esto hay que sumarle la necesidad de analizar las implicancias contractuales. La concesión vigente prevé un modelo de operación unificada y centralizada. Modificar esta lógica sin un consenso técnico y legal podría comprometer inversiones futuras o generar fricciones innecesarias.
En lugar de mirar hacia atrás, deberíamos concentrarnos en agilizar y concluir -en tiempo y forma- iniciativas que apuntan a favorecer lo ya construido. Hace tan solo unos días, Corpac anunció el inicio de trabajos para permitir la operación simultánea de las dos pistas con miras a diciembre de este año, permitiendo el incremento de capacidad del aeropuerto.
Hoy más que nunca, debemos tener claridad de las prioridades: consolidar el funcionamiento del nuevo Jorge Chávez, asegurar accesos adecuados y planificar el crecimiento futuro con visión estratégica. Reabrir el pasado, sin una base sólida ni una demanda que lo justifique, puede terminar siendo un retroceso muy caro para todos.
