La Contraloría General de la República recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas, tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ProInversión en relación con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
La Contraloría General de la República recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas, tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ProInversión en relación con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
El informe de auditoría concluye que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión para el acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) pese a que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. (hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú) no contaban con el poder que acreditaba su capacidad legal para suscribir dicho documento, requisito exigido por la normativa vigente. Posteriormente, se suscribieron cinco adendas al contrato.
Según la Contraloría, ello permitió que la empresa accediera y permaneciera en el régimen de recuperación anticipada del IGV, en cuyo marco recibió devoluciones por S/ 527,8 millones.
Según la Contraloría, la empresa accedió al régimen de recuperación anticipada del IGV tras la suscripción del contrato de inversión y sus posteriores adendas. Foto: Andina.
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La auditoría, a la tuvo acceso El Comercio, también concluye que la APN aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a que existían discrepancias entre dicho expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel. Asimismo, señala que el expediente no incorporaba la medida de protección ambiental denominada sistema de geotubos y que no se adoptaron acciones oportunas frente a la ejecución del túnel por un trazo distinto al aprobado.
Asimismo, la Contraloría observó que el MTC no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las acciones de supervisión ambiental relacionadas con la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento correctivo de los geotubos. Según el informe, ello restringió el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora frente a presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría recomendó que su Procuraduría Pública inicie las acciones civiles correspondientes respecto de los hechos vinculados al contrato de inversión y al beneficio tributario otorgado. Asimismo, recomendó poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción los hallazgos relacionados con las habilitaciones portuarias. También dispuso que la APN y el MTC adopten las acciones necesarias para determinar las responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados.
Consultada por El Comercio, Cosco Shipping Ports Chancay Perú indicó que no emitirá comentarios por el momento, debido a que no ha sido formalmente notificada sobre el informe. Agregó que se pronunciará oportunamente.
