Trump escala su ofensiva contra la Corte Penal Internacional: ¿por qué busca debilitar a ese tribunal y hasta dónde puede llegar?

El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) subió un nuevo escalón con las sanciones impuestas por Washington contra su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado senegalés Abdoulaye Seye, de la Oficina del Fiscal. La medida contempla restricciones de entrada a Estados Unidos y limitaciones para realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.

Según la Agencia EFE, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones al calificar a la CPI de “corrupta y profundamente politizada”, además acusó al tribunal de haberse excedido en sus atribuciones. La reacción internacional fue inmediata: la Unión Europea y los países miembros de la Corte defendieron la independencia del tribunal y acusaron a Washington de erosionar el Estado de derecho y el orden internacional basado en reglas.

EFE señaló que la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, donde están representados 125 países, advirtió que la escalada de medidas contra jueces y funcionarios puede obstaculizar las investigaciones y dificultar los esfuerzos internacionales para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves.

`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});

Sin embargo, la ofensiva de Donald Trump no comenzó con Akane. El presidente estadounidense ya había firmado en febrero una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional.

Washington también había sancionado a jueces y fiscales por las investigaciones relacionadas con Afganistán y Palestina, esta última vinculada con la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos.

La presión tampoco se limita a los funcionarios del tribunal. De acuerdo con la Agencia AFP, Chad y Venezuela anunciaron su intención de abandonar la CPI, mientras Rubio manifestó su confianza en que otros países hagan lo mismo.

Pero, ¿por qué Estados Unidos considera tan problemática a la Corte y cómo la presión de Trump podría afectar incluso a países que sí respaldan al tribunal?

Para entender la disputa es necesario explicar la razón de ser de la Corte Penal Internacional. El analista internacional Francisco Belaúnde señala que el derecho penal internacional comenzó a desarrollarse con los tribunales de Núremberg y Tokio, creados después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar crímenes de una gravedad excepcional.

Posteriormente se establecieron tribunales especiales para conflictos como los de la antigua Yugoslavia y Ruanda. El objetivo fue avanzar hacia una institución permanente que pudiera investigar y juzgar los crímenes más graves cuando los sistemas judiciales nacionales no lo hicieran.

`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});

“Se estableció que determinados crímenes son tan atroces que deben ser juzgados y que no deberían quedar impunes”, explica Belaúnde. La CPI, creada en el 2002 y con sede en La Haya, juzga a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión cuando se cumplen las condiciones previstas en el Estatuto de Roma. Según la Agencia EFE, la Corte actúa cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren procesar estos delitos.

Su alcance jurídico es precisamente uno de los puntos centrales de la disputa. Que un país no sea miembro de la CPI no significa necesariamente que sus ciudadanos queden fuera de su jurisdicción. Belaúnde explica que uno de los criterios determinantes es dónde se cometieron los hechos.

Por eso, señala como ejemplos los casos de Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Rusia no es parte del Estatuto de Roma, pero Ucrania sí mantiene la relación jurídica necesaria con la Corte respecto de los hechos investigados en su territorio. Del mismo modo, aunque Netanyahu no sea ciudadano de un Estado parte, la CPI ha actuado respecto de hechos ocurridos en Gaza.

Ese alcance territorial es precisamente lo que preocupa a Washington, según el internacionalista Jorge Antonio Chávez Mazuelos. Estados Unidos tampoco es parte del Estatuto de Roma y mantiene desde hace años una postura crítica frente a la CPI.

“Estados Unidos limita su poder de acción, su capacidad de acción. Estados Unidos no quiere cortapisas u obstáculos”, sostiene Chávez Mazuelos. Su argumento es que, si las operaciones estadounidenses ocurren en el territorio de un país que sí es miembro de la Corte y esas acciones pueden encajar en alguno de los crímenes contemplados por el Estatuto, militares, funcionarios de inteligencia e incluso responsables políticos podrían quedar expuestos a investigaciones si las autoridades nacionales no actúan.

Por tanto, la preocupación estadounidense no es solamente una cuestión institucional. Según el especialista, está relacionada con la libertad de acción de Washington y con su capacidad de utilizar instrumentos militares y de inteligencia fuera de sus fronteras.