En el 2020, el Congreso aprobó que el BCR pueda fijar topes a las tasas de interés esperando que ello beneficie a las mypes y a los segmentos más vulnerables de la población. Sin embargo, ello ignora que la informalidad es la principal causa del elevado interés, lo que restringe el acceso al financiamiento formal y deja a los prestamistas informales como única alternativa para estos grupos de deudores. En este contexto, la intención del Ejecutivo de derogar esa medida es acertada, y debe complementarse con políticas integrales que aborden la informalidad y promuevan una verdadera inclusión financiera.
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Según el BCR, a casi tres años de su implementación en el 2024, la norma excluyó a 218 mil deudores del sistema financiero y evitó que otros 325 mil fueran incorporados. Además, los más afectados fueron los de menores ingresos, montos menores de deuda y menor historial crediticio. Así, concluye que estos quedaron expuestos al crédito informal que se caracteriza por plazos cortos, tasas de interés altísimas y mecanismos de cobranza que pueden ser ilegales.
La forma de crédito informal más reconocida es el ‘gota a gota’. La búsqueda en Google por este tipo de créditos alcanzó su pico en el 2023, en un contexto de crisis económica y creciente nivel de inseguridad. Si bien desde esa fecha la búsqueda se redujo, desde inicios del 2026 se observa un ligero repunte y aún permanece más de tres veces por encima de su promedio prepandemia.
Los créditos informales se caracterizan por una elevada tasa de interés. Según el IPE, cerca de la mitad de los prestatarios informales paga una tasa de interés anual de 500% o más, más de cuatro veces los topes vigentes (114%). A ello se suma el riesgo de inseguridad del mercado informal. Según el IPE, el 16% de los que accedieron a préstamos informales señala que ha sentido en algún momento amenazado o intimidado por el prestamista, o incluso sufrir alguna represalia por retrasos en el pago. En particular, al 78% de estos se le exigió más dinero del acordado y el 51% fue amenazado verbalmente.
En este contexto, resulta clave aprovechar la masificación de las billeteras digitales –cuyo uso se ha multiplicado por cuatro en los últimos dos años– e impulsar las finanzas abiertas como vehículos efectivos para promover más inclusión y mejores condiciones financieras.
La derogación de los topes a las tasas de interés debe acompañarse de reformas estructurales que garanticen más inclusión financiera. Además, requiere promover mayor formalización con reformas tributarias y laborales, de simplificación administrativa y desarrollo productivo. El pedido de delegación de facultades, aún en revisión, incorporaba de manera comprensiva algunas de estas medidas. No son reformas fáciles, pero son muy necesarias. Hacerlas exige un Ejecutivo cohesionado y comprometido con defenderlas.
