Las autoridades subnacionales cumplen un rol determinante en la provisión de los servicios de salud y educación. Con miras a las próximas elecciones regionales y municipales, es importante conocer los principales retos que enfrentan. Solo así se podrá elegir autoridades con la firme convicción y capacidades de trabajar para que la ciudadanía acceda oportunamente a servicios de calidad.
El deterioro del Perú en los resultados de la prueba PISA continuaría de no mediar cambios. Según el Minedu, en el 2025 ninguna región superó el 60% de alumnos con nivel satisfactorio en lectura y matemática en cuarto de primaria. El acompañamiento de las UGEL es clave para mejorar ese desempeño, sobre todo en el ámbito rural, donde los logros educativos se reducen a la mitad, de acuerdo con el Minedu. Sin embargo, cuatro de cada diez directores están insatisfechos con el tiempo, la frecuencia y el seguimiento de ese acompañamiento.
Otro aspecto clave es la infraestructura educativa. Los gobiernos regionales y locales son los principales responsables de su calidad, pues concentran el 77% del presupuesto de inversión. Sin embargo, según la OCDE, a menudo cuentan con una capacidad técnica deficiente para ejecutar inversiones y liderar la planificación territorial. Así, en lo que va del 2026, ocho gobiernos regionales tienen un avance menor del 50% en educación y los gobiernos locales solo han ejecutado el 44%. La región más atrasada es Pasco, donde las municipalidades solo han gastado el 15%.
En ese contexto, el IPE estima que, al ritmo actual, el Estado tardaría al menos 19 años en cerrar la brecha de infraestructura educativa (S/172 mil millones). En San Martín y Huancavelica, el plazo se extendería incluso a más de 40 años. Así, la falta de capacidades locales para cerrar la brecha pública afecta a más de tres millones de escolares de las 13 regiones donde este plazo es de al menos 20 años.
Otra función clave de las autoridades subnacionales es la gestión de la salud pública dentro de su jurisdicción. Ellas deben gestionar la infraestructura y el equipamiento adecuado; sin embargo, la mayoría de las regiones muestra precariedad. Al 2024, 12 tienen más del 90% de establecimientos de primer nivel y de hospitales con capacidad instalada inadecuada. Incluso las regiones en mejor situación tienen más del 70% de sus locales en esa condición.
Este problema se agrava por la falta de una respuesta oportuna de las regiones para asegurar la disponibilidad de personal médico y medicamentos. Las regiones del norte y el oriente, por ejemplo, tienen una baja disponibilidad de médicos (ocho por cada 10 mil habitantes). El caso del oriente es más grave, pues también registra el mayor desabastecimiento de medicamentos del país (27%). Todo ello dificulta la atención adecuada de más de 10 millones de personas en ambas macrorregiones.
Estas condiciones tienen consecuencias visibles, como el limitado avance contra la anemia infantil. En la última década, su prevalencia prácticamente no se movió y continúa en alrededor de 35% en el 2025. En seis regiones, además, la incidencia aumentó, y el caso más grave fue Puno. Esto perjudica el desarrollo de los niños que la padecen y compromete su futuro. Para revertir esta situación es necesario afianzar las intervenciones locales que buscan mejorar las prácticas de alimentación y el consumo oportuno de suplementos de hierro. Para ello, existe el programa de incentivos a la gestión municipal. Sin embargo, apenas 77% de las municipalidades cumplió la meta de niños sin anemia en ese programa en el 2025.
Con miras a las próximas elecciones, resulta fundamental poner en el centro del debate la gestión regional de la salud y la educación, funciones que cada año reciben más recursos. En la última década, aunque la inversión subnacional en ambas creció cerca de 50% en términos reales, la satisfacción ciudadana con esos servicios cayó. Al 2025, según Ipsos, apenas entre el 24% y 30% de la población se encuentra satisfecha.
Las deficiencias en infraestructura, personal y calidad de los servicios muestran que no basta con asignar más recursos. Para que los servicios mejoren y los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente, se requieren capacidades y liderazgo en las gestiones regionales y municipales, y un trabajo coordinado con el sector privado.