Suspenden a María Cordero, pero no la inhabilitan: los detalles del retroceso en el blindaje y los cambios en las votaciones

Sin embargo, los votos no alcanzaron para inhabilitarla de la función pública por 10 años. Esta era la tercera propuesta del informe de la acusación constitucional presentado ante el pleno por la congresista Susel Paredes (Cambio Democrática), a partir de una denuncia hecha por Martha Moyano (Fuerza Popular), en abril del 2023.

LEE TAMBIÉN | ¿Cuáles son las implicancias de la ley que golpea la colaboración eficaz?

Aun así, casi fue un blindaje completo. En una primera votación, solo se lograron 48 de las 51 adhesiones requeridas para levantar su inmunidad (antejuicio) como congresista. Sin ello, la fiscalía no puede formalizarle investigación ni iniciarle un proceso judicial ante la Corte Suprema.

Así fue la sesión del pleno

Al no lograr esa cifra, tampoco se pudo votar la suspensión de su cargo, que requería la misma cantidad. Sí se debatió la propuesta para inhabilitarla, pero esta logró 50 votos a favor, lejos de los 67 requeridos.

No obstante, a pedido de distintas bancadas, después se reconsideró solo la primera votación, se pudo levantar la inmunidad y también se logró la suspensión. La inhabilitación, por su parte, no se volvió a tocar.

El cajero y la papaya

El caso de María Cordero, elegida congresista por Tumbes con Fuerza Popular, surgió en abril del 2023 a partir de un reportaje del dominical Punto Final. Un exasesor de la legisladora en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango–Tumbes -que ella presidía- denunció que le exigió el 50% de su salario, de alrededor de S/ 9.000.

La acusación incluyó chats y audios donde se escuchaba a la entonces legisladora fujimorista decirle a su trabajador: “A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez” o “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

De acuerdo con el denunciante, pagó entre S/ 4.500 y S/ 5.000 por mes, acordando de que a partir del sexto mes dejaría de hacerlo, a través de la cuenta de Braden Paredes Calla, trabajador parlamentario que luego admitiría haber sido cómplice de la legisladora. También dijo que cada vez que le depositaban su sueldo, debía enviar una captura de pantalla a su cuenta y enviársela a Paredes.

Una investigación posterior de El Comercio dio cuenta de que el mismo trabajador era usado por la congresista como chófer para actividades personal, como ir a salones de belleza o comprar objetos personales. En un chat que publicó este Diario, por ejemplo, la legisladora le solicita comprar una papaya.

El caso derivó en su salida de Fuerza Popular. Además, motivó el inicio de una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación, una indagación en la Comisión de Ética y en unaa denuncia constitucional presentada por Martha Moyano, quien era su compañera de bancada. Sin embargo, todos los procesos tuvieron un avance lento.

La fiscalía, bajo la dirección de Patricia Benavides, cerró su indagación y presentó su propia denuncia constitucional contra María Cordero en noviembre del 2023; mientras que el proceso en Comisión de Ética llevó a que, recién en diciembre pasado, se suspenda a María Cordero por 120 días. Esa sanción seguía vigente hasta ayer.

Por su parte, también en noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final de la denuncia hecha por Martha Moyano. Allí, Susel Paredes hizo tres recomendaciones: que a María Cordero se le levante la inmunidad y sea procesada por el delito de concusión, que se le suspende en el cargo mientras se resuelva su proceso judicial y que se le inhabilite por 10 años por haber infringido la Constitución.

En febrero, la Comisión Permanente aprobó ese informe final contra María Cordero, con lo que el caso quedó listo para pasar al pleno. En los días previos a la votación final, de acuerdo con fuentes de El Comercio, la acusada estuvo enviando documentos al resto de legisladores para que voten contra el informe y ella se libre de la acusación.

Luego de una reprogramación por problemas técnicos, el pleno finalmente fijó la votación del caso de María Cordero para este jueves 14 de marzo. Antes de que comience la sesión, se leyó un escrito de su defensa que pedía la nulidad de la acusación, pero este no tuvo efecto.

Es más, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, inició la sesión declarando que la congresista se había ausentado sin justificación a la sesión. Luego, Susel Paredes leyó las recomendaciones de su informe y Darwin Espinoza (Acción Popular) intentó sin éxito que la votación se vuelva a postergar.

VIDEO RECOMENDADO

Cuando estaba por cerrarse el debate, María Cordero apareció en el hemiciclo para hacer su defensa. Entre lágrimas y apoyada en un bastón, la legisladora dijo que ya había sido sancionada con la suspensión de 120 días y que ahora querían violarse sus derechos. “Soy hija, hermana y familia […] Pido a mis colegas un voto de conciencia”, afirmó.

En el breve debate posterior, los congresistas Edwin Martínez (no agrupado, ex Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario) adelantaron su postura en contra de sancionar a su colega. Ambos alegaron, como ella, que ya se le había castigado con la suspensión de 120 días (que vencía inicios de abril) y que eso era suficiente.

“¿Cuántos ‘mochasueldos’ ha habido en el Congreso, a quién se ha sancionado? ¿Cuántos irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas, a quién se ha sancionado? ¿Y por qué tanto ensañamiento con un parlamentaria que ya ha sido sancionada cuatro meses en el Congreso?”, afirmó Edwin Martínez.

Por su parte, Roberto Chiabra señaló que “la baja aprobación que tenemos como Congreso se debe a las personas que han recortado los sueldos de sus trabajadores” y que no podían “ser cómplices de los actos que cometen otros”. En tanto, Lady Camones (APP), presidenta de la SAC, y Martha Moyano defendieron el correcto trámite de la denuncia.

Los cambios entre votaciones

Luego de esto, se dio la primera votación: solo 48 congresistas apoyaron levantar la inmunidad de María Cordero, frente a 21 abstenciones y 6 en contra. El blindaje inicial se logró con los votos no favorables en Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y cinco no agrupados; así como las no respuestas de miembros de APP, Podemos y Cambio Democrático.

Después, se dio la segunda votación: solo 50 congresistas votaron para inhabilitarla. La votación fue bastante similar, con la particularidad de que si bien Fuerza Popular, APP y Cambio Democrático aumentaron su cifras de votos a favor, tres integrantes de Renovación Popular optaron por asbtenerse.

Mientras el pleno pasó a ver otros temas y el blindaje parecía total, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Cambio Democrático y APP presentaron recursos para que el tema se vuelva a votar. Con ello, el pleno aprobó la reconsideración con 69 votos a favor y el caso volvió a evaluarse.

En la nueva votación, se lograron 56 votos a favor y se consiguió levantar la inmunidad de María Cordero para procesarla por el delito de concusión.

A diferencia de la primera votación, esta vez los 7 congresistas de APP habilitados para votar marcaron a favor. Entre ellas estuvieron Magaly Ruiz y Rosío Torres, quienes también tienen denuncias por ‘mochasueldos’. Esta última fue denunciada por la fiscalía recientemente por ello, con el objetivo de que también se le levente la inmunidad.

En tanto, también votó en verde un grupo de legisladores que antes se abstuvieron o no habían votado: Mery Infantes (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Cambio Democrático), Guido Bellido (Perú Bicentenario), José Arriola, Ílich López, Jaime Quito y Alfredo Pariona (no agrupados).

Así cambió la votación:

Con la inmunidad levantada, esta vez sí pudo votarse la propuesta para suspender a María Cordero mientras dure su proceso judicial. La propuesta obtuvo dos menos votos, 54 a favor, pero también logró aprobarse.

La diferencia estuvo en que Guido Bellido y José Arriola cambiaron nuevamente a abstención.

Los otros ‘mochasueldos’

El caso de María Cordero se convirtió así en el del primer congresista acusado de ‘mochasueldo’ para quien se aprueba una denuncia, se levanta la inmunidad y se suspende del cargo. Rosío Torres, Heidy Juárez (Podemos) y Katy Ugarte (no agrupada) tienen denuncias similares presentadas por la Fiscalía de la Nación, las cuales aún están en la SAC.

Además, los casos de Edgar Tello (Bloque Magisterial), Magaly Ruiz, María Acuña (APP), Jorge Flores (Acción Popular) y Alejandro Soto (APP), presidente del Congreso, siguen en trámite en la Fiscalía de la Nación. Se espera que en los próximos días y semanas, el Ministerio Público también decida si presenta denuncias constitucionales contra ellos.

Coincidentemente, Jorge Flores, Katy Ugarte, Heidy Juárez y Édgar Tello no apoyaron en el pleno la denuncia contra María Cordero. Los dos primeros marcaron en abstención y en contra, respectivamente; y los dos últimos se ausentaron de la votación.

Magaly Ruiz y Rosío Torres votaron a favor recién en la reconsideración, mientras que Alejandro Soto y María Acuña se libraron de votar por ser miembros de la Comisión Permanente. Soto incluso se ausentó del pleno mientras se veía la reconsideración, dejándole la dirección al primer vicepresidente, el fujimorista Arturo Alegría.