Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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La Corte Superior Nacional del Poder Judicial (PJ) dispuso incrementar el número de audiencias en el juicio oral seguido en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas del “No a la Revocatoria” del 2013 y la Reelección Municipal del 2014.
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La magistrada explicó que con las nuevas fechas en el Caso Villarán “su agenda ya está reservada en integridad para poder avanzar con la declaración de testigos”.
Además, anunció que si por alguna razón no se puede avanzar con los testigos propuestos por el Ministerio Público -etapa actual del juicio oral- se considerará citar a los testigos de la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato o de las defensas de los acusados con los que se tenga contacto directo y se asegure su presencia virtual en el juicio.
“Es un tiempo bastante extenso para nuestra agenda, teniendo en cuenta que tenemos varios casos llevados a la par y varios casos con reos en cárcel y estamos haciendo un ajuste en relación al agendamiento para avanzar con la prueba testimonial, sobre todo.”
Acciones ante testigos que no se presentan a declarar
Otro de los problemas recurrentes que afronta el juicio es que diversos testigos citados para el juicio oral no se presentan a rendir su declaración en el juicio.
Solo en la última sesión de la audiencia del lunes 20 de octubre, ninguno de los seis testigos convocados para la fecha se conectó a la sesión virtual para rendir su testimonial.
En la audiencia, la fiscal Isabel del Águila Ruiz confirmó que ninguno de los citados pudo ser contactado directamente.
“De los testigos que tenemos citados para el día de hoy no tenemos número telefónico, si bien se han realizado las notificaciones correspondientes a los domicilios pero no hemos tenido ninguna comunicación”, señaló la representante del Ministerio Público.
CAMPAÑA DE REELECCIÓN DE SUSANA VILLARÁN DEL 2014
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El magistrado superior Wilmer Quispe Umasi, director de debates del juicio, advirtió que también se habían devuelto cargos de notificaciones cursadas a otros siete testigos citados en sesiones anteriores que no se habían presentado.
En algunos casos las direcciones de sus domicilios no eran las correctas, en otras ya no vivían en los domicilios señalados y en otros no dieron respuesta a las citaciones.
Ante ello, Quispe Umasi requirió a la representante fiscal priorizar a los testigos con los que se tiene contacto directo.
“La idea es poder avanzar y optimizar el tiempo de la programación de la audiencia. A ver, Ministerio Público, de acuerdo a lo que hemos ido organizando; claro, lo que vemos en esta segunda lista, efectivamente, están los domicilios pero no hay el número celular de gran cantidad de testigos. Entonces, eso significa un riesgo de que ocurra lo que está pasando, aún cuando se pueda notificar, no concurran”, anotó el magistrado.
Sobre dicho tema, la representante del Ministerio Público respondió que evalúan requerir la “conducción compulsiva” de algunos testigos que sí son importantes para el juicio oral.
La ex alcaldesa Susana Villarán junto a su abogada, Merly Edquen, en la instalación de su juicio por los aportes de Odebrecht y OAS. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
/ ANTONIO MELGAREJO
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El Ministerio Público ha solicitado 29 años de cárcel para la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, al acusarla por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y diversos actos de corrupción.
Según la imputación fiscal, la exfuncionaria habría recibido cerca de US$11 millones en aportes y contribuciones de las empresas trasnacionales Odebrecht y OAS, que mantenían contratos con la comuna limeña.
El dinero, señala la fiscalía, habría sido introducido a través de falsos aportes o aportes no exactos en la campaña del “No a la Revocatoria” que se realizó en el 2013 y la campaña de reelección de Villarán de la Puente en el 2014.
CAMPAÑA DEL «NO A LA REVOCATORIA» DE SUSANA VILLARÁN DEL 2014
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Cabe recordar que, en marzo del 2024, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el expediente EXP. N.° 01072-2023-PHC/TC (Caso Peajes), ya había exhortado a las instancias del Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial (PJ) que tienen en sus manos los procesos penales contra los exfuncionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) “resuelvan los mismos con la celeridad que permita la ley, bajo responsabilidad penal y administrativa”.
Dicha exhortación la realizaron tras advertir que sobre el “tema de la corrupción, pese a su gravedad e incidencia negativa en los intereses del Estado, no ha supuesto que las autoridades fiscales y judiciales actúen de manera célere”.