El candidato a la presidencia Roberto Sánchez propuso este lunes elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.500 y presentó al exministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo, Pedro Francke, como parte de su equipo económico. La propuesta implicaría un incremento cercano al 33%, equivalente a seis veces la inflación acumulada desde el último ajuste del sueldo mínimo.
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Toyama sostuvo que un incremento de esa magnitud no tiene precedentes recientes. “Es un incremento que nunca se ha visto salvo en la época de la inflación galopante de Alan García en los ochenta. En los últimos 30 años no hay un incremento de ese nivel”, señaló.
También indicó que la inflación acumulada desde el último ajuste de la RMV bordea el 5,4%, mientras que el crecimiento económico tampoco justificaría un incremento de más de 30%. “No hay ningún sustento técnico ni tampoco legitimidad social, porque no hay discusión en el Consejo Nacional del Trabajo como para imponer de manera imperativa un mínimo vital”, afirmó.
Toyama cuestionó que se use la canasta básica familiar como referencia para justificar una RMV de S/1.500 y recordó que ese indicador considera los ingresos de un hogar completo y no de una sola persona. “La canasta básica familiar de S/1.800 es para una familia de cuatro miembros, donde trabajan dos personas”, señaló.
En la misma línea, Zacnich, de ComexPerú, señaló que una propuesta de este tipo requiere evaluaciones vinculadas a productividad, capacidad de pago de las empresas e informalidad laboral.
“Una propuesta de elevar el salario mínimo a S/1.500 requiere muchísimo más que voluntad política. Necesita un sustento técnico bastante serio”, sostuvo.
Ambos especialistas coincidieron en que el principal impacto recaería sobre las micro y pequeñas empresas, donde se concentra una parte importante de trabajadores que perciben ingresos cercanos al sueldo mínimo.
“Eso conduciría a despidos masivos de trabajadores, sobre todo en microempresas y pequeñas empresas, que son donde más se paga el mínimo vital”, indicó Toyama.
Zacnich sostuvo que un incremento de esa magnitud podría terminar ampliando la brecha entre trabajadores formales e informales, debido a que gran parte del mercado laboral no se encuentra alcanzado por la RMV.
El representante de ComexPerú sostuvo que la estructura laboral peruana enfrenta condiciones distintas a las de otros países de la región debido a los altos costos de contratación y a una informalidad que supera ampliamente el promedio latinoamericano.
“El Banco Interamericano de Desarrollo ha destacado al Perú como el más caro para contratar en términos de costos no salariales, con una tasa cercana al 70% frente al 50% en América Latina”, indicó.
Especialistas señalaron que los ajustes de la RMV deberían responder a criterios técnicos y discutirse dentro de espacios institucionales vinculados al mercado laboral.
/ MANUEL MELGAR
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La agroexportación apareció como uno de los sectores más sensibles ante una eventual subida de la RMV. Zacnich explicó que el sector cuenta con un “bono beta” equivalente al 30% del sueldo mínimo, por lo que el impacto iría más allá del incremento base.
“Estamos hablando de un incremento de más de S/480 para el sector agroexportador formal. De la noche a la mañana, absorber esos costos va a ser muy difícil”, afirmó.
Según explicó, aunque la agroindustria ha logrado sostener resultados positivos gracias a mejores precios internacionales, los márgenes ya vienen reduciéndose. “Han perdido margen. Los precios más adelante se podrían regular y ahí empezaría a haber una pérdida de competitividad aún mayor”, indicó.
El debate sobre la RMV volvió a poner el foco en el impacto de los aumentos salariales sobre empleo formal, productividad y costos laborales.(Foto: Pixabay)
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Más allá del monto específico, Toyama y Zacnich coincidieron en que el problema de fondo es la ausencia de una metodología estable y predecible para definir los ajustes de la remuneración mínima.
Toyama sostuvo que el Perú necesita reglas predecibles para discutir la RMV y evitar que los incrementos se definan desde el Ejecutivo sin consenso técnico previo. “Desafortunadamente, los gobiernos de turno no quieren sacar una ley de mínimos vitales porque eso supone perder una herramienta política”, señaló.
El laboralista sostuvo que variables como inflación, productividad, crecimiento económico y tamaño de empresa deberían formar parte de un esquema técnico permanente de evaluación. “Hoy día el mínimo vital se ha convertido en una herramienta política”, señaló.
Zacnich coincidió en que el Consejo Nacional del Trabajo debería ser el espacio encargado de discutir cualquier ajuste salarial y cuestionó que las decisiones terminen definiéndose desde el Ejecutivo. “De la noche a la mañana, un gobernante no puede venir a decirlo. Lamentablemente, los últimos ajustes han sido políticos y no consensuados técnicamente”, sostuvo.
Sostuvo además que el debate sobre la RMV no debería centrarse únicamente en cuánto subir el sueldo mínimo, sino en cómo elevar productividad y formalidad laboral en el país. Añadió que la productividad permanece estancada debido a problemas estructurales como burocracia, infraestructura y baja capacitación laboral.
“El verdadero debate debería ser cómo hacemos para que los peruanos salgan de la informalidad y puedan acceder a empleos productivos y sostenibles”, afirmó.
Para Toyama, un incremento técnicamente razonable hoy estaría más cerca de un ajuste de alrededor de 5%, lo que llevaría la RMV a un nivel cercano a S/1.200.
