El exfutbolista Jefferson Farfán publicó un reportaje en su canal de YouTube en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario realizado por Magaly Medina y denunció presuntas inconsistencias en los documentos que la conductora presentó para acreditarlo. El informe fue difundido luego de que Farfán anunciara que presentaría pruebas sobre el caso. El video gira en torno a la sanción que Medina debía cumplir tras un proceso judicial con el exseleccionado nacional. La polémica ha generado diversas reacciones y ha puesto sobre la mesa el debate acerca del rol fiscalizador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y cómo debe actuar ante este tipo de situaciones.
El exfutbolista Jefferson Farfán publicó un reportaje en su canal de YouTube en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario realizado por Magaly Medina y denunció presuntas inconsistencias en los documentos que la conductora presentó para acreditarlo. El informe fue difundido luego de que Farfán anunciara que presentaría pruebas sobre el caso. El video gira en torno a la sanción que Medina debía cumplir tras un proceso judicial con el exseleccionado nacional. La polémica ha generado diversas reacciones y ha puesto sobre la mesa el debate acerca del rol fiscalizador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y cómo debe actuar ante este tipo de situaciones.
A lo largo del reportaje, el equipo de Jefferson Farfán sostiene que realizó un seguimiento durante varios de los días en los que, según la documentación presentada previamente por Magaly Medina, debía desarrollarse el servicio.
El reportaje muestra imágenes obtenidas por el equipo de Farfán durante seis de las ocho fechas consignadas en los registros del servicio comunitario de Medina. Las grabaciones fueron captadas en los exteriores de una parroquia ubicada en Surco, donde la conductora de televisión debía cumplir la medida. Según el informe, el único día en que se observa la llegada de la camioneta de la periodista corresponde al miércoles 8 de abril.
Jefferson Farfán hizo seguimiento al cumplimiento del trabajo comunitario de Magaly Medina.
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De acuerdo con la cronología presentada en el video, el vehículo ingresó aproximadamente a las 9:04 a.m. y salió del lugar a las 9:10 a.m., por lo que el equipo de investigación concluye que la permanencia habría sido de alrededor de seis minutos.
Uno de los principales cuestionamientos del informe se centra en la documentación que Magaly Medina mostró semanas atrás para responder a las declaraciones del exfutbolista. En aquella oportunidad, la periodista presentó un documento que, según explicó, contaba con la validación del INPE y de la parroquia donde se desarrolló el servicio comunitario.
Jefferson Farfán cuestiona dicha información y plantea que existirían diferencias entre lo consignado en esos documentos y las imágenes registradas por su equipo.
Otro aspecto abordado es el horario que figura en la documentación. Según el material difundido por el exfutbolista, uno de los registros señala que una jornada habría comenzado a las 8:30 de la mañana y concluido a las 6:00 de la tarde. Sin embargo, el reportaje sostiene que la parroquia abriría sus puertas recién a las 9:00 a.m., por lo que considera que existiría una aparente inconsistencia que debería ser aclarada por las autoridades correspondientes.
Parroquia donde Magaly Medina cumple su servicio comunitario.
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La publicación del informe reaviva el enfrentamiento mediático que Jefferson Farfán y Magaly Medina mantienen desde hace varios años.
Por el momento, las conclusiones expuestas corresponden a la versión presentada por el equipo de Jefferson Farfán y no cuentan con un pronunciamiento de una autoridad competente que determine si existió o no un incumplimiento de la medida impuesta.
Sobre a quién le corresponde fiscalizar que una persona cumpla efectivamente con el trabajo comunitario, el abogado constitucionalista y especialista en justicia Percy Castillo señaló a El Comercio que la responsabilidad recae tanto en el INPE como en la institución donde se ejecuta la medida. “Toda institución que desea recibir personas que cumplen algún tipo de pena se inscribe. El INPE verifica que el trabajo que van a realizar sea útil y autoriza el envío de las personas”, explicó.
“Ese lugar asume el compromiso de vigilar y hacer que los trabajos sean efectivos. Lleva un registro del trabajo realizado por cada persona y esos datos son enviados al INPE. Pero, obviamente, el INPE tiene el deber de fiscalizar que la información que le brinda esa entidad sea veraz. Por eso puede realizar visitas inopinadas cualquier día para verificar si la persona está cumpliendo o no con su obligación”, agregó.
Especialista señala que el INPE puede investigar de oficio presuntas irregularidades en el cumplimiento del trabajo comunitario. Foto: INPE.
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El especialista precisó que, si surgen dudas sobre el cumplimiento, el INPE está facultado para iniciar una investigación de oficio. En ese escenario, explicó, corresponde a la Oficina de Asuntos Internos de la entidad determinar si el servicio realmente fue prestado.
“Se tiene que elaborar un plan de investigación para establecer si el servicio comunitario se cumplió en las horas consignadas. Deben solicitar medios que lo acrediten, como fotografías, videos, audios, testimonios u otros elementos que permitan llegar a una conclusión”, indicó.
Castillo sostuvo que, si se comprueba que hubo información falsa o irregularidades en los registros, podrían configurarse hechos vinculados con actos de corrupción. Ello podría derivar en la destitución de los servidores que validaron la documentación o de aquellos que incumplieron su deber de fiscalización.
“También se podría sancionar a la entidad donde debió realizarse el servicio comunitario si participó en el engaño, retirándola de la lista de instituciones receptoras. Y, si interviene la Fiscalía, también podrían iniciarse procesos penales”, afirmó.
Jefferson Farfán muestra ficha de control de asistencia de Magaly Medina a su servicio comunitario.
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“Si se comprueba que los servicios no se prestaron, el INPE podría anular el documento, informar al juez y este ya no lo tomaría en cuenta. Además, si se determina la responsabilidad de la persona obligada a cumplir el trabajo comunitario, la sanción podría convertirse en efectiva”, sostuvo.
“En relación con el caso de Magaly Medina, lo que corresponde es que la Oficina de Asuntos Internos se active para realizar todas las indagaciones de primera mano y establecer si lo que se ha difundido públicamente guarda relación con lo ocurrido”, concluyó.
Magaly Medina publicó en sus historias de Instagram videos de su permanencia en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, donde, según indicó, cumple el servicio comunitario que le fue impuesto. La conductora compartió el material luego de que Jefferson Farfán difundiera el reportaje en el que cuestiona el cumplimiento de dicha medida.
En las grabaciones se observa a la periodista dentro del recinto religioso realizando labores administrativas. Según explicó, la función que le fue asignada consiste en ordenar y archivar documentos.
“Esta oficina en la que yo estoy archivando estas rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, señaló mientras mostraba el ambiente donde desarrolla sus funciones.
Asimismo, explicó que realiza estas labores dentro de una oficina para resguardar su privacidad y evitar la presencia de personas que acuden a la parroquia para verla. “En esta oficina para tener privacidad porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general”, manifestó.
“Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos, con el público que viene. Desde que se sabe que yo estoy acá, la gente viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”, agregó.
La conductora sostuvo que toda investigación debe pasar por un proceso de verificación antes de difundir conclusiones públicamente. En ese sentido, cuestionó que personas sin formación periodística elaboren informes sin aplicar, según afirmó, los procedimientos necesarios para corroborar la información.
Magaly Medina se defendió de las acusaciones de Jefferson Farfán.
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Asimismo, Magaly Medina reiteró que no permitirá que se cuestione su cumplimiento con información que considera errónea. La periodista indicó que ya instruyó a sus abogados para que evalúen iniciar acciones legales contra quienes, según su versión, difundieron acusaciones sin sustento.
“Si van a poner en tela de juicio mi servicio comunitario, he instruido a mis abogados que tomen las medidas necesarias y correspondientes, porque hay que hacerlas contra todos aquellos también que repiten como monos entrenados”, afirmó.
Por otro lado, en el programa streaming Sin + Q Decir, Magaly Medina sostuvo que, al ser una figura mediática, ninguna institución se arriesgaría a cometer irregularidades para favorecerla. “En el caso mío, nadie se puede exponer a ser, digamos, corrupto, entre comillas. Porque soy una persona demasiado mediática y visible”, afirmó.
Respecto a la acusación realizada por Jefferson Farfán, quien señaló que la conductora solo habría acudido seis minutos a realizar servicio comunitario, Medina indicó que “esas imágenes no corresponden a la realidad”.
