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Keiko Sofía Fujimori Higuchi inició este martes su mandato como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, tras recibir la banda presidencial durante una sesión solemne en el hemiciclo del Congreso de la República. En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria ratificó que la seguridad ciudadana será uno de los principales ejes de su gestión y anunció medidas orientadas a combatir la extorsión, el crimen organizado y las economías ilegales.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi inició este martes su mandato como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, tras recibir la banda presidencial durante una sesión solemne en el hemiciclo del Congreso de la República. En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria ratificó que la seguridad ciudadana será uno de los principales ejes de su gestión y anunció medidas orientadas a combatir la extorsión, el crimen organizado y las economías ilegales.
A diferencia de otros sectores abordados durante su primer Mensaje a la Nación, en los que la mandataria presentó algunos objetivos y compromisos específicos, el bloque referido a seguridad ciudadana no incluyó metas cuantificables ni indicadores de cumplimiento sobre la reducción de la criminalidad, la extorsión o el avance contra las economías ilegales. El discurso estuvo enfocado principalmente en las medidas operativas y de reorganización institucional que su gobierno buscará implementar.
Los anuncios
En materia de seguridad, Fujimori anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, afirmó la mandataria.
Asimismo, señaló que una de las prioridades de su gestión será fortalecer a la PNP mediante un proceso de modernización tecnológica, que incluirá nuevos sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, herramientas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, así como modernos sistemas de comunicación y centros de comando para facilitar una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad.
La mandataria sostuvo que la estrategia de su gobierno no solo estará dirigida contra la delincuencia común, sino también contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
“Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, enfatizó Fujimori.
La presidenta adelantó el uso de tecnología, inteligencia artificial y el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad. Foto: Andina.
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En esa línea, reiteró que fortalecerá y ampliará las Unidades de Flagrancia y pondrá en marcha una reforma del sistema penitenciario para que las cárceles sean centros de reclusión y “no centros de operaciones de crimen organizado”.
Asimismo, anunció que su gestión trabajará de manera coordinada con el Poder Judicial y el Ministerio Público para impulsar las primeras reformas en materia de seguridad.
“Para enfrentar la delincuencia, coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias”, concluyó.
Las propuestas del plan de gobierno
Gran parte de las medidas anunciadas por Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación ya habían sido planteadas en el plan de gobierno de Fuerza Popular presentado durante la campaña presidencial. El documento propone una reorganización de la Policía Nacional y una estrategia enfocada en combatir la extorsión, el crimen organizado y las economías ilegales.
Entre las principales medidas figura la creación de un Comando Unificado Permanente, integrado por la Presidencia, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, para coordinar operativos contra organizaciones criminales. Asimismo, contempla la implementación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i), equipados con inteligencia artificial para el análisis predictivo del delito y la elaboración de mapas de calor en tiempo real.
Keiko propone fortalecer y ampliar las Unidades de Flagrancia Express para acelerar los procesos judiciales contra delincuentes capturados en flagrancia, incluidos casos de sicariato y cobro de cupos. Foto: Andina.
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En la lucha contra la extorsión, el plan plantea la creación de unidades de inteligencia especializadas para enfrentar este delito, especialmente contra las micro y pequeñas empresas. Además, propone fortalecer y ampliar las Unidades de Flagrancia Express para acelerar los procesos judiciales contra delincuentes capturados en flagrancia, incluidos casos de sicariato y cobro de cupos.
Respecto a las economías ilegales, la propuesta prioriza la interdicción de rutas, insumos y cadenas de comercialización vinculadas con la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas.
El plan también propone una reforma de la Policía Nacional que incluye la especialización de los efectivos en Seguridad y Orden Interno e Investigación Criminal, la ejecución del Plan Mariano Santos Mateos para fortalecer capacidades. A ello se suma la modernización de la institución mediante la incorporación de patrulleros inteligentes, drones, cámaras corporales, sistemas de reconocimiento facial y la renovación de comisarías.
Entre las acciones previstas para los primeros 100 días de gobierno figuran el inicio de operaciones del sistema C5i en Lima y Callao, el fortalecimiento de las Unidades de Flagrancia Express en Lima, Piura y Trujillo y una intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en Tumbes para reforzar el control fronterizo. Además, el documento plantea emitir decretos de urgencia para financiar la compra de 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías.
Los aciertos y omisiones en el primer Mensaje a la Nación
Uno de los principales anuncios del primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori estuvo relacionado con el uso de las Fuerzas Armadas durante estados de emergencia en zonas donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan desplazado la presencia del Estado. Para Nicolás Zevallos, vocero del Instituto de Criminología, este planteamiento podría marcar una diferencia frente a la aplicación extendida de estados de emergencia registrada en los últimos años, siempre que se mantenga una intervención focalizada. “Yo sí he sido crítico sobre el uso de los estados de emergencia sin sentido alguno y de manera indiscriminada. Pero aquí lo que ella ha mencionado es priorizar zonas donde haya presencia de crimen organizado y economías ilegales”, señaló.
Zevallos indicó que el anuncio presidencial no plantea, en principio, un despliegue generalizado de las Fuerzas Armadas, sino una intervención orientada al control territorial de espacios donde organizaciones criminales han ganado presencia. “Si conectas los tres puntos —zonas priorizadas, estados de emergencia y participación de las Fuerzas Armadas— no es una mirada dispersa del estado de emergencia, sino una mirada focalizada. No es un uso masivo de las Fuerzas Armadas”, explicó. Sin embargo, advirtió que el principal desafío será definir cómo se aplicará esta estrategia y cómo se medirá si efectivamente se recupera el control de estos territorios.
Otro de los ejes anunciados por Fujimori fue la modernización de la Policía Nacional del Perú. Sobre este punto, Zevallos señaló que el reto estará en la capacidad de ejecución presupuestal y gestión de estos recursos. “Lo que no queda claro es cómo se va a ejecutar a nivel presupuestario. Ha sido un anuncio que forma parte de las propuestas del plan de gobierno de Fuerza Popular, pero no se termina de detallar cómo se va a implementar”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la incorporación de tecnología debe ir acompañada de reformas internas.
Un hombre murió y otras cuatro sufrieron lesiones en ataque de sicarios en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
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El especialista identificó como uno de los principales vacíos del discurso la ausencia de medidas preventivas. “Un tema que me parece un gran vacío es que no hubo una sola letra sobre prevención”, afirmó, al considerar que los anuncios sobre juventud, educación y empleo pudieron haberse conectado con una estrategia integral de prevención del delito.
En cuanto al combate contra las economías ilegales, Zevallos señaló que uno de los retos será entender la criminalidad organizada como un sistema que involucra financiamiento, control territorial y redes de apoyo, y no solo como delitos aislados. En esa línea, destacó que el enfoque planteado por Fujimori apunta a intervenir sobre estructuras vinculadas a la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Para el especialista, la efectividad de esta estrategia dependerá de si el Estado logra intervenir las cadenas económicas que sostienen estas actividades y no únicamente detener a sus operadores visibles.
Entre las medidas clave para combatir la minería ilegal, Vásquez habla de recuperar la capacidad del Estado para ejercer control territorial en zonas críticas, mediante acción coordinada entre la Policía y otras entidades. Foto: Andina.
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Respecto al sistema penitenciario y judicial, Zevallos señaló que las medidas anunciadas por Fujimori apuntan a un problema que requiere una respuesta articulada entre instituciones. Si bien destacó la importancia de fortalecer las unidades de flagrancia y mejorar la coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, consideró que el desafío va más allá de acelerar procesos.
Para Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana y crimen organizado, el primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori estuvo marcado por una estrategia enfocada en la “mano dura” contra la criminalidad, en línea con las propuestas planteadas durante la campaña. Según explicó, los principales anuncios estuvieron relacionados con el fortalecimiento de la Policía Nacional, la participación de las Fuerzas Armadas durante estados de emergencia, la reforma penitenciaria y una mayor coordinación con fiscales y jueces. “Es un discurso bastante acotado, bastante concreto, que conversa con su plan de gobierno y que estaba orientado, en principio, a dejar en claro qué es lo que busca: una suerte de mano dura”, señaló.
Sin embargo, Casas advirtió que el principal desafío será convertir esos anuncios en resultados, debido a que varias de estas medidas ya han formado parte del discurso de gobiernos anteriores. “Es un discurso que conversa con un interés ciudadano, la gente quiere mano dura, pero no sé si ese discurso genera cierto nivel de confianza o seguridad de que realmente ahora las cosas van a cambiar”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas, los estados de emergencia y la modernización policial requieren una ejecución clara para evitar que se conviertan nuevamente en promesas sin resultados sostenidos.
Consejo de Ministros aprueba ampliación del estado de emergencia en la capital y el norte del Perú. (Foto: Andina)
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Sobre la lucha contra las economías ilegales, el especialista señaló que uno de los principales vacíos del mensaje fue la falta de detalle sobre cómo se enfrentarán actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y otras redes criminales. En esa línea, cuestionó que no se haya abordado el papel del Reinfo ni las reformas necesarias para combatir estas actividades, además de advertir que la estrategia requiere una mirada internacional porque “un fenómeno global no se puede combatir solo; es imposible”.
Casas, al igual que Zevallos, identificó como uno de los principales vacíos del discurso presidencial la ausencia de medidas de prevención del delito. Recordó que el plan de gobierno de Fuerza Popular sí contemplaba un componente preventivo dirigido a niños, niñas y adolescentes para evitar su captación por organizaciones criminales, pero que este enfoque no fue desarrollado durante el mensaje. “No se ha hablado de prevención, y eso llama la atención porque en el plan de gobierno sí está”, sostuvo. Para el especialista, enfrentar la criminalidad no solo implica una respuesta policial, sino también reducir condiciones sociales y económicas que facilitan la captación de jóvenes por redes criminales.
Finalmente el experto en seguridad ciudadana también cuestionó que el discurso no haya incorporado una respuesta específica frente a los delitos de violencia sexual, pese a que continúan siendo una problemática persistente en el país. Señaló que este tipo de violencia ha dejado de ser abordada como un asunto de seguridad ciudadana dentro de los mensajes presidenciales, pese a afectar principalmente a poblaciones vulnerables como mujeres, adolescentes y menores de edad. A su juicio, la ausencia de este enfoque representa un vacío dentro de una estrategia integral contra la criminalidad.
Ricardo Valdés, representante de CHS Alternativo, cuestionó que la trata de personas no haya sido incluida dentro de los principales anuncios de seguridad del primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori. El experto advirtió que su invisibilización sigue siendo un problema debido a su carácter transversal y su relación con distintos sectores económicos. “La criminalidad está aquí, es transversal y se entrecruza con muchos sectores: agricultura, industria, minería ilegal, narcotráfico, pesca ilegal, tala ilegal, tráfico de terrenos y contrabando”, señaló.
Valdés explicó que la trata de personas no debe entenderse únicamente como un delito aislado, sino como una actividad vinculada a distintas formas de explotación, entre ellas el trabajo forzoso y la explotación laboral. En esa línea, alertó que esta problemática también tiene impactos económicos y comerciales, como ocurre con las observaciones internacionales sobre las condiciones laborales en algunas actividades agrícolas peruanas. “El trabajo forzoso es una de las finalidades de la trata de personas”, indicó, al señalar que estas prácticas pueden estar asociadas a condiciones de vulnerabilidad, salarios reducidos y descuentos que afectan los ingresos reales de los trabajadores.
El representante de CHS Alternativo sostuvo que la ausencia de anuncios específicos sobre trata de personas refleja una mirada incompleta de la lucha contra las economías ilegales, debido a que estas redes se sostienen precisamente en la explotación de personas. “La trata de personas es tremendamente compleja porque también es transversal. Es un delito en el que se recurre al factor humano y es ese factor humano el que articula, a través de condiciones de explotación, los mayores beneficios para quienes se aprovechan de ella”, afirmó. Para Valdés, enfrentar este delito requiere incorporarlo dentro de una estrategia integral contra el crimen organizado y las economías ilegales.
