Se registran seis conflictos sociales menos desde diciembre del 2023

El informe de Defensoría del Pueblo a marzo último registró 209 conflictos. Respecto al mismo mes del año anterior, la cifra refleja 12 conflictos menos. Así, se redujeron 22 de tipo socioambientales y tres de tipo laboral, aumentaron seis de asuntos de Gobierno Nacional y otros tres de asuntos de Gobierno Regional, entre otras variaciones menores.

Desde la publicación anterior (diciembre 2023) se registran 6 conflictos menos, se han resuelto un récord de 22 conflictos y han surgido 16 nuevos. De los nuevos conflictos tres son de tipo asuntos del Gobierno Central, y dos de demarcación territorial. En caso de los conflictos que se han resuelto catorce con de tipo Socioambiental.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, anotó que si la estadística comparativa se realiza respecto al año anterior, se refleja la situación complicada qe hubo en el primer trimestre del 2023, por lo que se ve un efecto de mejora en el resultado.

“La primera reflexión que podría tener es que, en estos últimos 12 meses, ha habido una mayor continuidad de funcionarios. Creo que es importante porque se requiere funcionarios dentro del Estado que logren dar seguimiento de estos conflictos que tenían situación de larga data”, anotó.

Al detalle

Respecto a la antigüedad de los 209 conflictos registrados a marzo, 109 (52%) llevan más de 36 meses sin resolverse, lo cual es un incremento respecto al mismo mes del año anterior cuando se contabilizaban 106 (47%). La resolución de 61 de esos conflictos depende del Gobierno Nacional, y 34 de los Gobiernos Regionales.

Para Tuesta, estos conflictos con más de tres años de antigüedad, reflejan un problema al que el Estado debe buscar solución. “Seguramente tiene que ver con una mayor institucionalidad en cuanto a permanencia de los cargos, el staff, etc.”, agregó.

Con el cambio de gabinete, se han dado modificaciones en el funcionariado de mandos medios, agregó, por lo que habría que ver cómo podría terminar afectando la posibilidad de seguir reduciendo conflictos.

Los conflictos de marzo están compuestos por 43 conflictos con estado latente (permanecen ocultos, silenciosos o inactivos) y 166 activos. De los conflictos activos, 98 se mantienen en fase de diálogo (13 menos que en marzo 2023), 47 en la de desescalamiento (cinco más que en marzo 2023), 11 en escalamiento (9 más que en marzo 2023), y diez en fase temprana (cuatro más que en marzo 2023).

En marzo, también se observa que al menos un conflicto social se mantiene en todos los departamentos. Seis departamentos representan el 49% de todos los conflictos: Loreto, Cusco, Puno, Apurímac, Lima y Áncash. Es importante resaltar que el 59% de la atención de los conflictos sociales son responsabilidad del Gobierno Nacional, y el 29%, de los Gobiernos regionales.

Por regiones

El departamento con más conflictos continúa siendo Loreto. Sus 30 conflictos configuran el 14% del total nacional, y de ellos 7 tienen 63 meses sin resolverse desde enero del 2019. Además, del total mencionado, 23 están relacionados a la actividad económica del sector hidrocarburos (100% de las actividades económicas). La provincia Loreto es la que más conflictos acumula (16). Le sigue Datem del Marañón (9).

El segundo departamento con más conflictos sociales es Cusco, con 20. Esto representa el 10% del total nacional. De ellos, 4 conflictos tienen 63 meses sin resolverse desde enero del 2019. Chumbivilcas es la provincia con más conflictos (seis), seguida de Espinar (cinco). El 83% de los conflictos están relacionados con la actividad minera.

Últimos 12 meses

En los últimos 12 meses se incorporaron 40 nuevos conflictos, que representan un 5% más que en el período abril 2022 – marzo 2023. Estos nuevos conflictos siguen mostrando un cambio en sus tipologías. Y es que, actualmente los conflictos socioambientales, asuntos de Gobierno Nacional y por asuntos del Gobierno Local representan el 57%, 10% y 5%, respectivamente.

Pero, si miramos solamente los nuevos conflictos, los socioambientales representan el 30% del total, los de gobierno nacional un 27% y los de gobierno local un 10%. Estas cifras siguen marcando una tendencia creciente en los asuntos de Gobierno Nacional y Local, y una reducción del socioambiental. Así también, los nuevos conflictos relacionados a minería e hidrocarburos pasan, respectivamente, de 68% a 86%, y de 25% a 7%.

Según Tuesta, un reto estructural es que muchos de los conflictos se centran en sectores extractivos y muchas de las regiones están en el Corredor Minero Sur. “Es un trabajo que requiere esfuerzo continuo y qué mejor si uno cuenta con un equipo que puede seguir el historial de los avances de soluciones que no se dan de la noche a la mañana”, explicó.