La Fiscalía ha abierto una investigación contra Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Chorrillos, luego de que El Comercio revelara que habría mantenido una presunta relación con una menor de edad. Con ello, se abre una serie de interrogantes sobre su situación legal y, especialmente, sobre su continuidad en la contienda electoral.
Todo empezó cuando este Diario recibió una denuncia ciudadana contra el candidato, en la que se le acusaba de haber mantenido una relación íntima con una adolescente en el 2023. Por entonces, el abogado y aspirante al sillón municipal del distrito tenía 48 años, mientras que la presunta víctima, identificada con las iniciales A.A.A.R., tenía apenas 15.
El Comercio reveló chats desde el perfil de Facebook de Vásquez y la menor que incluían expresiones de confianza y afecto e incluso un presunto aprovechamiento de su situación económica para acercarse a ella. Una de estas conversaciones incluso dejaría entrever que ambos habrían mantenido relaciones sexuales. Entre el 8 y el 9 de octubre del 2023, la menor le preguntó si “ayer te cuidaste”. En el intercambio también mencionan una prueba de sangre y el político asegura que acudirá donde un amigo suyo que es médico.
La presunta víctima y Vásquez coordinado un posible examen de embarazo. Evidencia recolectada por El Comercio.
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A raíz de la publicación de estos chats, el candidato fue denunciado penalmente el 27 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos. La denuncia fue presentada por una persona del entorno familiar de la adolescente.
Posteriormente, la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos abrió una investigación preliminar contra Ricardo Santiago Vásquez Laguna por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de la menor de edad.
Un oficio fiscal del 28 de agosto de 2026 dispone el inicio de las diligencias preliminares y solicita al jefe de la Unidad Policial Depincri Barranco-Chorrillos que designe, en el plazo de un día hábil desde la notificación, a un efectivo policial encargado de realizar las diligencias señaladas por el despacho fiscal.
El documento identifica la investigación con la carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0 y señala como investigado a Ricardo Santiago Vásquez Laguna, así como a quienes resulten responsables, por la presunta comisión del “delito contra la libertad-violación de la libertad sexual (por determinar el delito específico), en agravio de una menor por identificar”.
Oficio 1857.
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Entre las disposiciones fiscales también se solicita que el efectivo policial designado informe al despacho fiscal el nombre, número de celular y correo institucional del responsable de realizar las diligencias.
Posteriormente, mediante un segundo oficio, fechado el 2 de septiembre de 2026, la Fiscalía remitió la Disposición N.° 02-2026, correspondiente a otra carpeta fiscal, la N.° 706049201-2026-1877-0. Esta investigación también se sigue contra Vásquez y quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la libertad, referido a la violación de la libertad sexual.
Oficio 1877.
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En este segundo documento, el Ministerio Público dispuso que esta investigación sea acumulada a la carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0, que ya se encontraba en etapa de investigación preliminar en la unidad policial.
Oficio 1877.
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Para analizar el futuro legal del candidato, el abogado penalista y experto en derechos humanos Aaron Aleman explicó a El Comercio que el curso de la investigación dependerá, entre otros aspectos, de la edad que tenía la presunta víctima cuando ocurrieron los hechos.
El abogado dijo que, debido a que la víctima tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, el investigado podría recibir una sentencia condenatoria por el presunto delito de violación sexual de una menor de edad, cuya pena podría ser de hasta nueve años de prisión, si es que se comprueba su responsabilidad en el proceso.
Alemán indicó que la Fiscalía deberá corroborar la versión de la agraviada. “Tiene que haber una corroboración periférica de lo que se habría alegado como parte de la denuncia. Para ello, tiene que haber una ratificación de la propia menor de que el hecho ocurrió bajo la forma y modo en que se está denunciando ante el Ministerio Público”, explicó.
“Además, tendría que haber una evaluación psicológica que permita determinar si presenta algún tipo de afectación. Otro punto importante son elementos como las conversaciones de WhatsApp o cualquier otro mensaje o llamada que tenga contenido relacionado con un episodio sexual, lo que podría contribuir a acreditar que existió el acto. Y, por último, también es importante determinar si existen pruebas físicas, como lesiones en las partes íntimas, que puedan ser constatadas por un médico legista”, agregó.
El Comercio recibió una denuncia ciudadana contra el candidato a la alcaldía de Chorrillos por Somos Perú, Ricardo Vásquez Laguna.
/ Composición EC
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El abogado también advirtió que la defensa del acusado podría alegar que “se actuó por un error de comprensión culturalmente condicionado”. “Pero lo cierto es que eso no basta únicamente como mera alegación. Si se determina que, por un tema cultural, no conocía que esto era un delito, lo cual desde mi punto de vista es inviable, no se va a poder acreditar esto como un error. Por el contrario, lo que haría es indicar una sentencia condenatoria en su contra”, concluyó.
En relación con el futuro electoral de Vásquez, la abogada especialista en derecho electoral del Instituto Aklla Perú, Silvia Guevara, sostuvo a este Diario que la apertura de una investigación fiscal por un presunto delito contra la libertad sexual no constituye, por sí sola, una causal para excluir a un candidato de la contienda electoral.
“No califica como impedimento. Es más, hasta el día de hoy, 4 de septiembre, es la fecha límite que tiene el pleno para pronunciarse en segunda instancia sobre las apelaciones presentadas contra tachas o exclusiones. Y el 5 de septiembre es la fecha límite para que todas las candidaturas queden inscritas. De acá en adelante, hasta el 4 de octubre, la única forma por la cual un candidato puede ser excluido es si incurre en alguna de las causales del artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por ejemplo, si cuenta con una sentencia con pena privativa de libertad, una sentencia con inhabilitación de derechos políticos o una resolución judicial de interdicción”, explicó.
La especialista precisó que la apertura de una investigación fiscal tampoco constituye un impedimento para postular. “El impedimento para que puedan ser candidatos es si cuentan con una sentencia, incluso en primera instancia”, reiteró.