Ocho meses y medio sin Maduro, pero con chavismo todavía vivo. Así, si se nos pide solo una línea, podemos resumir el cuadro político vigente en Venezuela desde el 3 de enero. Un chavismo mutilado y tutelado desde Estados Unidos, pero aún al frente de los poderes del Estado, representado en los hermanos Rodríguez: Delcy en Miraflores como cabeza del Ejecutivo y Jorge como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Ocho meses y medio sin Maduro, pero con chavismo todavía vivo. Así, si se nos pide solo una línea, podemos resumir el cuadro político vigente en Venezuela desde el 3 de enero. Un chavismo mutilado y tutelado desde Estados Unidos, pero aún al frente de los poderes del Estado, representado en los hermanos Rodríguez: Delcy en Miraflores como cabeza del Ejecutivo y Jorge como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Es en estas circunstancias que este jueves 17 se retomaron en Caracas las negociaciones entre el gobierno y la oposición, con el mencionado Jorge Rodríguez y la exdiputada Dinorah Figuera como las respectivas cabezas de ambas delegaciones.
Hace poco más de un mes, el 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor -en el que brillan las ausencias de María Corina Machado y Edmundo González- cerraron el primer ciclo de diálogos, que duró una semana.
En aquel encuentro inicial las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos miembros son acusados de servir al gobierno, y la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra.
Esto último con el objetivo de asistir a las víctimas del violento terremoto que sufrió el país a fines de junio. Recordemos que el Estado venezolano posee bienes y fondos congelados en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en la mencionada entidad inglesa.
Respecto a aquel acuerdo alcanzado en agosto, la AN modificó un artículo del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a nuevos magistrados, un paso adelante pero insuficiente para los variados requerimientos de una sociedad y un país que todavía ve lejos la recuperación de la democracia.
En víspera de este segundo ciclo de discusiones entre el chavismo y la oposición, investigadores de la ONU pusieron de manifiesto lo mucho que falta todavía en Venezuela.
Un informe preocupante
Mejoras limitadas y en espera de cambios reales y significativos. A tal conclusión arribó la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela sobre la situación actual de los derechos humanos en la nación llanera. Su presidenta, Sofía Macher, describió así el panorama: “Todo sigue siendo como una espada de Damocles: si te portas bien, no pasa nada, pero si te sales de la línea y haces algo que no le gusta a los que están en el poder, entonces todo está allí intacto para volver a reprimir”. Para Macher, una muestra inequívoca de que los cambios vienen siendo cosméticos o superficiales es que solo un pequeño porcentaje de los casi 8 millones de venezolanos que dejaron el país ha regresado.
Algunos pasos positivos
La misión encontró tres mejoras en lo que va de este 2026: una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas, la excarcelación de cientos de detenidos por motivos políticos y un “margen algo mayor” para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil gracias a la suavización ligera de las reglas y pautas sobre manifestaciones. Una aclaración sobre el segundo punto: si bien se dio la ley de amnistía que permitió la liberación de varios cientos de personas, nunca se tuvo la lista completa. Y la comisión de la ONU recolectó información de familiares y ONG a partir de lo cual considera que entre 380 y 500 personas siguen en prisión por razones ideológicas.
Patrones negativos vigentes
El documento insiste en tres situaciones intolerables. La primera es que continúan en vigor las leyes usadas para criminalizar la disidencia. La segunda es que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, políticas y prácticas, de modo tal que 19 funcionarios acusados de graves violaciones de DD.HH. siguen en puestos clave, Persisten las torturas y malos tratos (intubación forzada, confinamiento prolongado en cisternas subterráneas o celdas minúsculas y exposición al frío o privación de alimentos) y continúa el patrón de arrestos arbitrarios de corta duración para intimidar a activistas opositores. Y la tercera es que no se adoptaron medidas para desarmar a los colectivos, esos grupos paramilitares que están en el núcleo del aparato represivo.
Una expectativa menguada
Ante este segundo ciclo de diálogos, diversas organizaciones y facciones políticas piden que se fije de una vez una fecha para realizar elecciones democráticas y exigen la liberación de los presos políticos a los que aún no ha alcanzado la ley de amnistía. Del lado del chavismo, la exigencia pasa por el levantamiento de sanciones impuestas por EE.UU. (ya se levantaron algunas) y la comunidad internacional. Suena aún lejano lo del calendario electoral, pero un gran avance sería la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hoy sigue controlado por rectores afines al régimen. El exgobernador opositor del estado Táchira César Pérez Vivas urgió que el diálogo sea continuo y se declare en sesión permanente, y que no dure solo cinco días.
