viernes, mayo 1

Un juzgado federal de Estados Unidos acusó esta semana al político mexicano Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios de mantener vínculos con el narcotráfico, por lo cual ha solicitado su extradición.

Un juzgado federal de Estados Unidos acusó esta semana al político mexicano Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios de mantener vínculos con el narcotráfico, por lo cual ha solicitado su extradición.

La fiscalía de Nueva York implicó a Rocha y a los funcionarios mexicanos en una causa judicial por el presunto delito de tráfico de drogas y armas a EE.UU., presentando el caso ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La lista de investigados incluye a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital estatal Culiacán, y al senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez.

Las autoridades estadounidenses vinculan a estas figuras públicas con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, agrupación criminal que fue designada como organización terrorista en el 2025 por el gobierno de Donald Trump.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia de la potencia norteamericana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de Rocha Moya y señaló que la “intromisión” de elementos exteriores no será tolerada en su gobierno.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia estadounidense es político”, señaló la mandataria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que no hay pruebas suficientes para justificar la extradición. (Mario Guzmán / EFE)

/ Mario Guzmán

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No obstante, Sheinbaum también comentó que la decisión final sobre cómo proceder ante las imputaciones será responsabilidad de la Fiscalía General mexicana.

El mismo Rubén Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” la acusación, calificándola de “ataque” contra su movimiento político y asegurando que “carece de veracidad y fundamento alguno”.

“(Este ataque) se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, escribió en X.

Los alcaldes del estado de Sinaloa también salieron en defensa del gobernador y publicaron un comunicado conjunto en el que “reiteraban su confianza en las instituciones mexicanas” y exigieron respeto al marco legal azteca.

“Sostenemos con claridad que ninguna imputación puede estar por encima de la ley, del debido proceso, ni de las instituciones del Estado mexicano, especialmente cuando la propia Fiscalía General de la República ha señalado que la solicitud estadounidense no se acompaña de elementos probatorios suficientes”, señaló el texto en el que el también implicado Gámez Mendívil fue uno de los firmantes.

Rocha Moya es parte de Morena, partido de gobierno en México, y ha estado al frente de Sinaloa desde el 2021. Nació en 1949 y tiene estudios de Derecho en la UNAM, de Educación en la Universidad Autónoma de Querétaro y un doctorado en Ciencias Sociales otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Buena parte de la trayectoria de Rubén Rocha se enmarca en el ámbito académico, y llegó a ser rector de la UAS entre 1989 y 1993, llevando a cabo varias reformas educativas.

Sus primeros pasos en la política los dio como diputado local en Sinaloa desde 1983 hasta 1986, tras lo cual intentó llegar al gobierno estatal entre 1986 y 1998, primero con el Movimiento Popular Sinaloense y luego con el Partido de la Revolución Democrática.

Ya en el 2018, Rocha llegó al Senado mexicano con Morena, por entonces presidido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien el actual gobernador es amigo cercano.

Andrés Manuel López Obrador (izq), y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sonríen durante la inauguración de un hospital público en Culiacán, el 10 de agosto de 2024. (Foto de RASHIDE FRÍAS / AFP).

Andrés Manuel López Obrador (izq), y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sonríen durante la inauguración de un hospital público en Culiacán, el 10 de agosto de 2024. (Foto de RASHIDE FRÍAS / AFP).

/ RASHIDE FRIAS

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Tres años después se convertiría en gobernador de Sinaloa, habiéndose presentado a las elecciones con una alianza entre Morena y el Partido Sinaloense.

Sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa han sido la parte más polémica de su historial y esos señalamientos se hicieron más pronunciados desde el 2024, cuando se le atribuyó una particular cercanía con el grupo conocido como Los Chapitos —los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— dentro de la organización criminal.

Esta polémica se hizo particularmente grande luego de la detención de Ismael Zambada, cofundador del cártel sinaloense conocido como ‘El Mayo’. Este fue capturado en julio del 2024 y declaró que el día en que fue apresado se dirigía a una reunión en la que Rocha Moya estaría presente junto a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS que sería posteriormente asesinado.

Los reportes de la prensa mexicana señalaron que ‘El Mayo’ habría sido traicionado y que fue secuestrado por Los Chapitos cuando se dirigía a la reunión con el gobernador, que iba a tener lugar en una finca llamada Huertos del Pedregal.

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