Gigantescos bloques de hormigón de 16 toneladas, conocidos como tetrápodos, han sido colocados en la frontera entre Chile y el Perú. La medida forma parte del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast para reforzar el control migratorio y combatir el contrabando y el crimen organizado en la frontera norte. Sin embargo, más allá de su impacto visual y de su función como barrera física, la iniciativa abre un debate: ¿pueden estas medidas resolver los problemas fronterizos o solo desplazar los flujos migratorios y las actividades informales hacia otros puntos, como la región peruana de Tacna?
Los tetrápodos fueron instalados en el sector de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, cerca del límite fronterizo con el Perú.
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De acuerdo con el medio chileno The Clinic, la instalación de los tetrápodos forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control de la frontera norte, y busca impedir el paso de vehículos por rutas utilizadas por contrabandistas y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
Los tetrápodos han sido colocados para impedir el paso de vehículos.
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Estas estructuras de concreto miden 2,9 metros de altura, 3,4 de ancho, pesan 16 toneladas y deben ser movidas con maquinaria pesada.
Los brazos entrelazados de estas moles les otorgan gran estabilidad, dificultando que puedan ser movidos o atravesados por vehículos.
Por lo general, los tetrápodos son utilizados en la protección de las costas frente a la acción del mar. Se colocan de forma entrelazada en escolleras y muelles. Su forma rompe la fuerza de las olas. El agua fluye alrededor de ellos en lugar de chocar contra una pared sólida. Evitan que el oleaje constante destruya las playas y las estructuras portuarias.
Los tetrápodos instalados en la frontera norte fueron donados por la empresa portuaria Puerto de Arica, informó The Clinic. Según ese medio, la donación permitió reducir significativamente los costos de implementación de las barreras físicas en el desierto
El avance del Plan Escudo Fronterizo
Un soldado permanece de pie junto a una máquina que excava en el cruce fronterizo de Chacalluta, en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Esteban Felix).
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La medida forma parte del Plan Escudo Fronterizo, la principal estrategia de seguridad fronteriza impulsada por el presidente Kast desde su llegada al poder el 11 de marzo del 2026.
Su objetivo es reducir la migración irregular, combatir el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado en la frontera norte de Chile, especialmente en las zonas limítrofes con el Perú y Bolivia.
Una de las principales promesas de campaña de Kast fue la expulsión rápida de los más de 330.000 migrantes indocumentados que hay en Chile. Sin embargo, transcurridos los primeros 100 días de gobierno, las expulsiones efectivas alcanzan apenas a 635 personas, según cifras oficiales.
En el informe de los 100 días de gestión del Gobierno se menciona que hubo una reducción del 35,8% en ingresos por pasos fronterizos no habilitados. También un aumento de 64,1% en salidas voluntarias de migrantes irregulares.
Los tetrápodos no son la única barrera física implementada por el Gobierno chileno. Desde los primeros días de su mandato, Kast ordenó la construcción de una extensa zanja en la frontera norte.
De acuerdo con datos oficiales, la obra ya supera los 23 kilómetros ejecutados de los 52 kilómetros previstos, equivalente a un avance del 45 %.
¿Qué ha dicho el Perú? En marzo, cuando Kast ya estaba en el poder, el entonces canciller Hugo de Zela manifestó en RPP que la construcción de zanjas, muros y otras barreras en territorio chileno es una decisión soberana de Santiago. Informó también que el Gobierno Peruano expresó a Chile su preocupación por cómo estas medidas afectarían el impacto migratorio y le reiteró que el Perú no puede absorber a más migrantes.
“Mientras sea en territorio chileno, no nos corresponde decir nada”, manifestó aquella vez De Zela sobre la zanja.
Una señal política de control fronterizo
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
/ PATRICIO BANDA
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Para el analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la instalación de los tetrápodos plantea interrogantes sobre su eficacia real y sobre las consecuencias que podría generar en el lado peruano de la frontera.
En diálogo con El Comercio, indicó que el principal problema no radica únicamente en la colocación de estas barreras físicas, sino en la falta de una estrategia binacional que permita gestionar de manera coordinada un fenómeno que afecta a ambos países.
Tucci consideró que la instalación de los tetrápodos envía un mensaje político claro de endurecimiento del control fronterizo por parte de Chile.
“Se trata de una medida de contención física que busca reforzar el control territorial y transmitir una señal de autoridad sobre la frontera”, señaló.
Sin embargo, advirtió que una decisión de esta naturaleza no debería abordarse de manera unilateral, debido a que la frontera entre el Perú y Chile constituye un espacio compartido cuyos desafíos requieren coordinación permanente.
“Cada país puede intentar blindar su frontera desde la lógica de seguridad que considere adecuada, pero la frontera Perú-Chile es un sistema compartido. No es un espacio que pueda administrarse unilateralmente”, afirmó.
Explicó que la ausencia de coordinación puede generar efectos operativos, humanitarios y políticos en el territorio vecino, especialmente en Tacna, una zona que históricamente ha experimentado episodios de presión migratoria.
El riesgo del efecto rebote para Tacna
Desde la experiencia internacional, Tucci sostuvo que las barreras físicas rara vez eliminan los flujos migratorios irregulares.
“Este tipo de barreras rara vez resuelve por sí solo la presión migratoria. Con frecuencia, lo que ocurre es que el flujo se desplaza hacia otros puntos de menor resistencia”, manifestó.
En ese sentido, consideró altamente probable que la instalación de los tetrápodos genere un “efecto rebote” hacia territorio peruano.
“Es posible, e incluso probable, que se produzca un efecto rebote hacia Tacna. El cierre de un tramo fronterizo no elimina el flujo migratorio; simplemente lo reorienta hacia rutas más informales y más riesgosas”, advirtió.
Tucci agregó que el endurecimiento de los controles en determinados sectores puede incrementar la presión sobre otras zonas de tránsito y aumentar la vulnerabilidad de quienes intentan cruzar la frontera.
“Se incrementará la demanda sobre rutas alternativas, sobre los controles y sobre la capacidad de respuesta local. Habrá una fuerte presión en Tacna”, insistió.
Más espacio para las redes ilícitas
El analista advirtió que el desplazamiento de los flujos migratorios también puede abrir mayores oportunidades para organizaciones dedicadas al tráfico de personas.
“Puede haber mayores espacios de maniobra para los traficantes de personas y eso genera tensiones adicionales en la zona fronteriza”, señaló.
Por ello, consideró que las barreras físicas, por sí solas, difícilmente resolverán los problemas que buscan combatir.
“Honestamente, es muy difícil que medidas de este tipo funcionen si no están acompañadas por mecanismos de coordinación bilateral”, sostuvo.
¿Qué deberían hacer el Perú y Chile?
El presidente chileno José Antonio Kast ofrece una conferencia de prensa mientras una máquina excava en Chacalluta, Arica, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Esteban Felix).
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Frente a este escenario, Tucci consideró que el Perú y Chile deberían priorizar la cooperación institucional antes que las medidas unilaterales.
“La solución pasa por activar una mesa permanente de coordinación fronteriza entre ambas cancillerías”, propuso.
Explicó que existen tres prioridades inmediatas para evitar que la situación derive en mayores tensiones locales.
La primera consiste en establecer sistemas de intercambio de información en tiempo real sobre movimientos migratorios y actividades ilícitas.
“La información debe ser actualizada y compartida de manera permanente entre ambos países”, señaló.
La segunda prioridad es desarrollar protocolos comunes para la atención de migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos conjuntos para combatir el tráfico ilícito de personas y otras redes criminales que operan en la frontera.
“Si no existe coordinación, las decisiones de un lado terminarán generando costos para el otro. El debate no debería centrarse únicamente en cerrar el paso, sino en ordenar los flujos, reducir las redes ilícitas y evitar que la presión migratoria se desborde sobre las poblaciones locales”, concluyó.
