Lo que para ellos comenzó como una oportunidad para conseguir un trabajo bien remunerado en el extranjero terminó, para algunos, en campos de entrenamiento militar y en el frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La Cancillería informó que cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad fueron recientemente repatriados desde Rusia, luego de haber sido captados mediante engaños para prestar servicios en ese país. Dos de ellos consiguieron escapar del reclutamiento forzoso y recibieron asistencia de la sección consular de la Embajada del Perú en Rusia. Los otros dos fueron atendidos a fines de julio.
Los cuatro ya se encuentran en el Perú junto con sus familias. Para concretar su retorno participaron también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud.
La nueva repatriación, sin embargo, representa solo una parte de una crisis mucho mayor. Según información oficial difundida por la Cancillería, hasta ahora se ha conseguido evacuar a 31 compatriotas, 28 retornaron al Perú y otros 3 permanecen en Europa por decisión propia.
El mismo reporte señala que oficialmente se conoce que 459 peruanos se enlistaron en Rusia. De ellos, se registran 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por el ejército ucraniano.
La promesa: un trabajo en Rusia por miles de dólares
Las denuncias que comenzaron a acumularse durante los primeros meses de 2026 describen un mecanismo de captación que tenía como punto de partida las ofertas de empleo.
A los ciudadanos se les ofrecían puestos que, en apariencia, no tenían relación con el conflicto armado, como trabajos de seguridad, cocina, transporte, asistencia o labores de servicios. En algunos casos, los familiares denunciaron que los reclutadores ofrecían bonos de ingreso de miles de dólares y remuneraciones mensuales muy superiores a las que los jóvenes podían conseguir en el Perú.
El Comercio documentó testimonios de familiares que denunciaron ofertas con bonos de hasta 20 mil dólares y salarios mensuales de entre 4 mil y 5 mil dólares. Los puestos ofrecidos incluían labores de vigilancia, cocina y seguridad.
Familiares de peruanos en Rusia protestan en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores el 28 de abril (Foto: Hugo Pérez / GEC.)
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Una investigación de abril también permitió identificar que las víctimas no necesariamente eran contactadas para desempeñar funciones militares. Familiares denunciaron que la red internacional de reclutamiento buscaba principalmente a exmilitares, personal de seguridad y personas con experiencia en resguardo, a quienes se les presentaban estas propuestas como una oportunidad laboral en Rusia.
Las ofertas podían incluir trabajos de seguridad en embajadas, hoteles o entidades públicas, además de puestos como cocineros o vigilantes. Una de las familiares entrevistadas entonces contó que a su pareja le ofrecieron un puesto de seguridad en embajadas, junto con un bono de 20 mil dólares y un sueldo elevado.
Así funciona el mecanismo de captación
Según los testimonios recogidos por El Comercio, los reclutadores operaban principalmente a través de Instagram, TikTok y WhatsApp, aunque también utilizaban contactos personales y recomendaciones entre conocidos.
En las denuncias aparecieron alias como “Halcón” y “Kraken”, además de ciudadanos colombianos, mexicanos y peruanos que actuarían como intermediarios en el proceso de captación.
Los viajes, según los familiares, podían concretarse en apenas tres días. Los reclutadores se encargaban de cubrir pasajes, pasaporte y hospedaje, un mecanismo que generaba confianza entre los postulantes. Los vuelos podían incluir escalas en países como Francia, Turquía, Panamá o Países Bajos antes de llegar finalmente a Rusia.
Uno de los elementos que llamó la atención de las familias fue la indicación de que los jóvenes no dijeran en el aeropuerto que viajaban a Rusia, sino que señalaran que salían del país por turismo.
Fotos que circulan en TikTok sobre reclutadores que ofrecerían falsas ofertas de trabajos. (Foto: TikTok)
/ Diego Aquino Pedraza
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“Todo fue por WhatsApp. No fue presencial, no fue oficial. Cuando llegaron al aeropuerto les dijeron que no digan que se iban a Rusia, sino que iban de paseo”, relató en abril María Pachas, hermana de uno de los afectados.
El mecanismo, de acuerdo con las denuncias, permitía que los postulantes viajaran convencidos de que serían contratados para desarrollar labores civiles y solo descubrieran el verdadero destino de su contratación una vez que se encontraban fuera del Perú.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte abrió en mayo investigaciones preliminares por este mecanismo. Las pesquisas buscan determinar si ciudadanos peruanos fueron captados mediante ofertas laborales engañosas para trabajar como agentes de seguridad u ocupar otras funciones y terminaron obligados a participar en acciones de combate.
Llegada a Rusia: documentos retenidos y contratos incomprensibles
El problema aparecía una vez que los ciudadanos llegaban a Rusia. Según los testimonios recogidos por El Comercio, la situación cambiaba abruptamente en territorio ruso donde los peruanos eran obligados a firmar documentos redactados completamente en ruso, sin traducción ni explicación clara.
Los familiares denunciaron que, una vez en Rusia, los ciudadanos eran informados de que debían incorporarse al servicio militar ruso. En algunos casos, los jóvenes no tenían conocimientos del idioma.
“Les dijeron que todos los que estaban ahí iban obligatoriamente al servicio militar de Rusia. Mi esposo no sabe nada de ruso, pero lo obligaron a firmar”, explicó Yovana Muñoz, esposa de uno de los peruanos reclutados.
A ello se sumaba la retención de documentos personales. Los familiares denunciaron que a algunos afectados les retiraron el pasaporte, el DNI y el celular.
Una mujer muestra la fotografía de su esposo, un ciudadano peruano que está en la guerra en Ucrania, este martes durante una reunión en Lima (Perú). Familiares de alrededor de 130 peruanos pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que les ayude a repatriar a sus allegados, que según relatan, firmaron en las últimas semanas contratos para trabajar en puestos de seguridad en Rusia y ahora se encuentran presuntamente en el frente de la guerra en Ucrania. | EFE/ Paula Bayarte
/ Paula Bayarte
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En determinados casos, además, los jóvenes habrían sido informados de que mantenían una deuda de entre 16 mil y 20 mil dólares por los costos de traslado y que tendrían que pagarla mediante su servicio en el ejército ruso.
“Le hicieron firmar un contrato por 16 mil dólares. Como no tenía cómo pagar, lo llevaron al ejército ruso para canjear esa deuda”, denunció en abril Luz Carrión, familiar de uno de los afectados.
Algunos familiares incluso aseguraron que los presuntos reclutadores peruanos continuaban exigiendo dinero desde Lima mientras sus parientes ya se encontraban atrapados en la zona de guerra.
Las familias denunciantes también decidieron proteger sus rostros por temor a represalias. Según relataron, después de presentar las denuncias comenzaron a recibir amenazas en sus teléfonos para que evitaran exponer públicamente los casos. Las advertencias, dijeron, incluían la posibilidad de que sus familiares sufrieran consecuencias si continuaban hablando.
De la oferta laboral al combate
Primero aparece la oferta con destino a Rusia y el pago prometido resulta difícil de comparar con los ingresos habituales en el Perú. Luego viene el viaje y la firma de documentos para que, finalmente, el supuesto trabajador termina incorporado a las fuerzas rusas y es trasladado a zonas relacionadas con el conflicto.
La investigación publicada por El Comercio en abril recogió testimonios según los cuales algunos ciudadanos llegaron a Rusia convencidos de que realizarían trabajos civiles y terminaron en entrenamientos militares básicos. En algunos casos, el traslado hacia el frente se habría producido en apenas una semana.
“Mi hijo creyó que iba como cocinero, pero terminó en primera fila”, relató Miriam Flores, quien entonces no sabía nada de su familiar desde hacía semanas.
Otra familiar, Sara Chero, contó que su esposo consiguió enviarle su ubicación desde la frontera con Ucrania junto con un mensaje desesperado.
Familiares de peruanos reclutados con falsas promesas de trabajo y trasladados a Rusia para ser enviados a la guerra protestaron con los rostros cubiertos por temor a represalias contra sus seres queridos en los exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores el 28 de abril (Foto: Hugo Pérez / GEC.)
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“Hemos sido enviados en primera fila. Ayúdame, por favor. No sé qué hacer”.
Un ciudadano que logró comunicarse con sus familiares describió un proceso similar. Primero fue llevado a un campamento dentro de Rusia y, siete días después, trasladado a otro campamento en Ucrania antes de recibir la indicación de que sería enviado a la primera línea.
Según los testimonios, muchos permanecían incomunicados porque sus teléfonos eran retirados y solo tenían acceso breve y vigilado a sus celulares. Otros familiares denunciaron que los afectados recibían castigos o amenazas si eran descubiertos con equipos no autorizados.
El abogado especializado en derecho internacional Gian Vega advirtió, en la investigación de abril, que el caso podría configurar una presunta red de trata de personas con fines de explotación en conflicto armado. Según explicó, la retención de documentos, las amenazas y la coerción podrían anular cualquier consentimiento inicial.
El internacionalista Farid Kahhat, por su parte, sostuvo que este tipo de reclutamiento aprovecha la vulnerabilidad económica de exmilitares y personas vinculadas con labores de seguridad, a quienes se les ofrecen altos ingresos en Rusia. También advirtió que una vez que estas personas son incorporadas a estructuras militares extranjeras, la capacidad de respuesta del Estado peruano se reduce, por lo que consideró necesaria una intervención diplomática.
Heridos, desaparecidos y muertos
El retorno de cuatro jóvenes no cierra el problema para las familias cuyos hijos todavía permanecen en Rusia o de quienes no tienen información sobre su paradero.
La cifra oficial más reciente difundida por Cancillería establece que 114 peruanos figuran como desaparecidos y que otros 3 fueron capturados por el ejército ucraniano. Además, se contabilizan 11 compatriotas fallecidos.
Estas cifras deben diferenciarse de los registros manejados por los abogados que representan a las familias. Percy Salinas, abogado de los afectados, llegó a reportar en junio más de 300 casos vinculados a peruanos trasladados a Rusia y señaló que la cifra podía superar los 350. También sostuvo que 15 compatriotas habían fallecido, aunque precisó que correspondía a la Cancillería oficializar la información. Esta cifra aumentó, pues en abril declaró que los fallecidos eran 13.
La diferencia entre ambos registros evidencia la dificultad de identificar oficialmente a cada ciudadano, establecer su situación y determinar quién fue voluntariamente a Rusia y quién fue captado mediante engaños.
En abril, cuando El Comercio publicó su investigación, las familias denunciaban entonces más de 120 peruanos afectados, al menos ocho fallecidos confirmados y varios heridos o desaparecidos. Desde entonces, la cifra oficial de ciudadanos enlistados y desaparecidos ha aumentado.
La tragedia ya tenía entonces consecuencias mortales. Algunos familiares denunciaron que compatriotas permanecían en morgues rusas, mientras otros habían resultado heridos en ataques con drones o por disparos.
Imagen de la mano herida del esposo de Yovana Muñoz luego de recibir un disparo en combate. (Foto: Diego Aquino)
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Yovana Muñoz contó que su esposo había recibido un disparo en una mano mientras combatía y que, según su relato, militares rusos lo abandonaron tras resultar herido.
“Lo dispararon y lo dejaron tirado para que muera. Caminó herido hasta llegar a un pequeño centro de salud en Ucrania. Él solo me dice que quiere regresar al Perú porque esto ha sido una tortura”, señaló.
Sara Reyes también denunció que su hermano permanecía desaparecido desde el 13 de abril.
“Lo único que queremos es saber dónde están y que los traigan de vuelta. Hay niños esperando a sus padres”, afirmó.
Los casos que todavía esperan una respuesta
La incertidumbre persiste entre los familiares ante la falta de información sobre los ciudadanos que permanecen en zonas de combate.
Uno de los casos reportados por las familias corresponde a un joven chef que viajó con la premisa de trabajar en la alimentación de las tropas, pero que posteriormente fue trasladado hacia zonas operativas. Su familia perdió contacto con él el 9 de abril de 2026, luego de que enviara una fotografía de su placa de identificación militar.
Otro caso corresponde a la familia de Edwin Quispe Villavicencio, que recibió información contradictoria sobre su supuesto fallecimiento en un campamento de combate. Sus familiares continúan esperando una confirmación oficial sobre su situación.
También se conocieron casos de peruanos que terminaron como prisioneros de guerra. En junio, la defensa legal de las familias informó que cuatro compatriotas que habían sido llevados a Rusia bajo presuntas falsas promesas laborales se habían entregado a las fuerzas ucranianas y permanecían detenidos.
En mayo, además, el abogado de las familias informó que al menos 15 peruanos habían fallecido en el conflicto, mientras que familiares continuaban recopilando fotografías de placas de identificación y otros elementos para intentar acreditar la identidad de ciudadanos reportados como muertos.
Las familias ya habían pedido ayuda al Estado
Los familiares de los afectados acudieron ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas y el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar ayuda diplomática y la repatriación de sus parientes.
La investigación de abril recogió los reclamos de familias que consideraban insuficiente la respuesta estatal frente a la dimensión que estaba tomando el problema.
Las promesas de empleo en construcción y seguridad habrían sido el anzuelo para atraer a los afectados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
La guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando impactos que alcanzan incluso a ciudadanos extranjeros. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Los peruanos son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Llegan con la promesa de recibir sueldos entre 4 mil a 20 mil dólares. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Especialistas alertan sobre redes que ofrecen trabajos en el exterior sin garantías ni respaldo legal. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
El abogado de una de las familias indicó que han pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la atención de heridos y la situación de los fallecidos. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Ellos presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Actualmente, hay 8 peruanos fallecidos a la espera de que sus cuerpos sean repatriados. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Parientes aseguran que muchos perdieron contacto con sus seres queridos tras su traslado al extranjero. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
La situación llegó incluso a ser investigada como un posible caso de trata de personas agravada, debido a que las autoridades recibieron denuncias de familiares que sostenían que sus parientes habían sido trasladados al extranjero bajo engaños y posteriormente obligados a participar en acciones de combate.
El Ministerio de Justicia también informó en abril que su Defensa Pública había comenzado a brindar acompañamiento legal a familiares de ciudadanos peruanos fallecidos y heridos en zonas de conflicto. Hasta entonces, nueve familiares habían solicitado el patrocinio de defensores públicos de víctimas.
Una advertencia que sigue vigente
Para la Cancillería, el caso advierte que los ciudadanos no deben aceptar ofertas laborales en el extranjero sin verificar previamente quién las ofrece, cuáles son las condiciones del contrato y qué funciones realmente desempeñarán.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los peruanos no dejarse engañar por falsas ofertas laborales debido al riesgo de caer en redes delictivas vinculadas con la trata de personas. También exhortó a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
La cartera recordó, además, que el ingreso al servicio militar de un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución.
Mientras cuatro jóvenes ya pudieron volver a casa, cientos de familias aún permanecen atentos a obtener información sobre sus familiares. Para algunos, la espera consiste en confirmar si su hijo está vivo; para otras, saber dónde se encuentra; y para las que ya recibieron una noticia fatal, conseguir que sus familiares sean identificados y puedan regresar al Perú.
