El pedido de Putin es de carácter prioritario y tiene prácticamente garantizado su aprobación, manifestó el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin.
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De acuerdo con la agencia EFE, el proyecto de ley de Putin también propone denunciar los dos protocolos adscritos al convenio europeo aprobado en 1987.
Rusia ratificó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura en 1996. Sin embargo, a finales de agosto el primer ministro de ese país, Mijaíl Mishustin, propuso a Putin abandonar dicho documento.
Argumentó que no tiene sentido seguir siendo signatario de una convención en cuyo comité contra la tortura ante el Consejo de Europa no está representado Rusia.
La agencia EFE recordó que Rusia fue expulsado del Consejo de Europa en marzo de 2022, semanas después del inicio de la invasión a Ucrania ordenada por Putin.
Además, de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia ya ha prohibido a los inspectores internacionales el acceso a sus cárceles, donde se encuentran prisioneros civiles y prisioneros de guerra ucranianos, probablemente para encubrir el maltrato y la tortura sistemáticos a los que serían sometidos estos últimos.
El ISW manifestó que también ha observado numerosos indicios de que el mando militar ruso está respaldando crímenes de guerra en el campo de batalla, incluido la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos.
“La denuncia de la convención por parte de Rusia y su probable retirada posterior formalizarán aún más estas prácticas ya sistémicas e impedirán los esfuerzos internacionales por exponerlas”, enfatizó el ISW.
Las razones de Putin
El analista internacional Roberto Heimovits le dijo a El Comercio que le sorprende la decisión de Putin, “porque si hay un avance importante en el derecho humano en el último siglo y medio, es porque se persigue la tortura, que es una de las peores violaciones a los derechos humanos que se ha dado a lo largo de la historia”.
Heimovits piensa que el retiro de Rusia de la convención podría tener que ver con buscar blindar al Kremlin frente a futuras investigaciones internacionales por crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos, especialmente en Ucrania.
“También podría haber otras dos explicaciones. Una es que Putin y las personas que lo rodean se han quedado como varadas en otra época, y realmente no les parece que la tortura sea mala”, sostuvo Heimovits.
“Una tercera explicación es que creen que pueden adoptar cualquier medida que vaya en contra el consenso de lo que representa el avance en derechos humanos en el mundo, el avance de la democracia, y que Rusia es inmune a las consecuencias, o por lo menos el Gobierno Ruso”, agregó.
Heimovits indicó que un factor clave que contribuye a que Rusia se vea envalentonada y tome este tipo de decisiones tiene que ver con Donald Trump y su falta de apoyo decidido a Ucrania.
“Toman estas decisiones porque ven que el apoyo de Trump a Ucrania no es total, por el retiro del apoyo militar de Trump a Ucrania. Esto ha envalentonado bastante al Gobierno Ruso”, refirió.
“Los rusos creen que pueden ganar la guerra. Incluso han dicho que sólo van a negociar si Volodymyr Zelensky va a Moscú a aceptar sus propuestas; es decir, a rendirse en la práctica. Creen que están a unos meses de una gran victoria, sobre todo personal de Putin, y que esto les hace pensar que pueden adoptar medidas que vayan en contra del consenso internacional sin ninguna consecuencia”, recalcó el analista.
La importancia del Convenio contra la Tortura
El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, aprobado en 1987 y en vigor desde 1989, es considerado uno de los instrumentos más innovadores del Consejo de Europa en materia de derechos humanos.
Su principal aporte fue la creación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), un órgano independiente que tiene la facultad de visitar sin previo aviso cárceles, comisarías y centros de detención, entrevistarse de manera confidencial con los reclusos y formular recomendaciones a los Estados inspeccionados.
Este convenio busca prevenir abusos mediante la cooperación. Tras cada visita, el comité entrega un informe al país examinado, que puede decidir hacerlo público. El acceso irrestricto a los lugares de detención ha permitido al CPT documentar de primera mano las condiciones en las que viven miles de personas privadas de libertad en Europa, y presionar a los gobiernos para introducir mejoras.
Actualmente, 46 Estados forman parte del tratado, prácticamente todos los miembros del Consejo de Europa.
La importancia del convenio radica en que fue el primer mecanismo internacional de inspecciones directas y sorpresivas, y se convirtió en un modelo para otros sistemas, como el Protocolo Facultativo de la ONU contra la Tortura (OPCAT).
