La Asamblea Legislativa de Bolivia censuró este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, por no asistir a una interpelación sobre las políticas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica del país, una decisión que podría obligar al presidente, Rodrigo Paz, a destituirlo.
La Asamblea Legislativa de Bolivia censuró este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, por no asistir a una interpelación sobre las políticas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica del país, una decisión que podría obligar al presidente, Rodrigo Paz, a destituirlo.
Espinoza pidió reprogramar la interpelación al argumentar que tenía previstos viajes al departamento de Santa Cruz, en el este del país, y a Brasil para atender asuntos oficiales. Sin embargo, los legisladores rechazaron su solicitud y 91 de los 129 parlamentarios presentes en la sesión votaron a favor de censurarlo.
La diputada opositora Elena Pachacute, de la alianza Libre, dijo a los medios que “la censura al ministro de Economía no es una revancha política”, sino que “es el resultado de una interpelación” en la que se exigió “respuestas y responsabilidades frente a una crisis económica que está golpeando a todos los bolivianos”.
“El mensaje político es contundente, este ministro ha perdido la confianza del Órgano Legislativo y debe asumir las consecuencias, Bolivia necesita ministros que están a la altura del momento histórico que vivimos, ministros que trabajen, que den respuestas que conozcan la realidad del pueblo boliviano”, sostuvo Pachacute.
La censura supondría la destitución del ministro, según establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Asimismo, la Ley 1350, que regula los efectos de la censura, establece que, una vez esta sea resuelta y comunicada formalmente al presidente, este deberá destituir al ministro censurado en un plazo máximo de 24 horas.
No obstante, en anteriores censuras parlamentarias, los entonces presidentes Luis Arce y Jeanine Áñez destituyeron a ministros para luego restituirlos en sus cargos, una práctica cuestionada por críticos que consideraron que vulneraba el carácter vinculante de este mecanismo constitucional.
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