Si una idea logró un alto consenso en nuestro país, donde ponerse de acuerdo en algo es tan complicado, es que no deberíamos repetir elecciones tan desordenadas como las de este abril pasado, con 37 listas en competencia al Parlamento. De ellas, seis lograron pasar la valla electoral y alcanzar representación en el Parlamento, dando lugar, afortunadamente, a una composición relativamente equilibrada y mínimamente representativa. La alta “mortalidad” partidaria es una muestra elocuente de que la gran mayoría de partidos que se inscriben no son verdaderamente representativos, y que son poco más que aventuras personalistas. Pero aún peor, esos seis sobrevivientes debían presentar un mínimo de candidaturas a las próximas elecciones regionales y municipales, y cinco de ellos no lograron superar esa exigencia. Podría ocurrir próximamente que todos los partidos participantes en las elecciones generales del 2026 pierdan la inscripción, con la única excepción de Renovación Popular.
Queda claro que las reglas para la inscripción de partidos no están cumpliendo su cometido, ya que se inscriben muchos partidos que no representan, y que no son capaces de convocar un número suficiente de afiliados capaces de cubrir una parte mínima de candidaturas. Para complicar más las cosas, bajo el amparo de estas mismas reglas nuevos partidos han logrado inscripción aun cuando no hayan participado en las elecciones generales de este año, con lo que estarían habilitados para las siguientes, en el 2030 y 2031, casi una veintena de partidos nuevos. La gran mayoría de estos tiene una aún menor significancia que los que han perdido la inscripción, con lo cual existe el riesgo no solo de repetir los problemas, sino de ahondarlos.
¿Cómo llegamos a esto? Hasta el 2019, para inscribir un partido se necesitaban las firmas de un 4% de adherentes, calculados sobre el total del padrón electoral, lo que implicaba presentar más de 750.000 firmas, además de acreditar un número mínimo de comités partidarios en diferentes provincias, con un mínimo de afiliados. Como se recordará, se trataba de una modalidad muy criticada, en tanto se trataba de un número de firmas muy elevado para grupos con intención verdadera de hacer política, pero a la vez accesible para aquellos dispuestos a incurrir en prácticas escandalosas de falsificación, con posibilidades de fiscalización muy limitadas. Por esto, la reforma del 2019 eliminó el requisito de las firmas de adherentes y lo sustituyó por un número de afiliados, al menos del 0,1% del padrón, poco más de 25.000 afiliados. Esta apertura del sistema podía dar lugar a una inflación de inscripciones, por lo que al mismo tiempo se aprobó la realización de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con un umbral mínimo de participación; para mantener el registro y seguir en contienda, los partidos debían obtener al menos el 1,5% de los votos válidos. Sin embargo, la aplicación de las PASO se postergó hasta llegar a eliminarse en el 2024, con lo que tuvimos las elecciones de abril pasado con una puerta abierta y sin mecanismos de control. La solución, no conveniente, fue volver a establecer el requisito del registro de adherentes, del 3% del padrón nacional.
Urge retomar una discusión sobre qué se podría hacer para ordenar un poco más nuestro caótico sistema de partidos. Los partidos con representación parlamentaria podrían ser la base de un reordenamiento. Seguiremos con el tema.
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