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La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos. Incluso entre los países donde esta encabeza las preocupaciones ciudadanas, el Perú registra la mayor proporción: 70% de la población lo señala como su principal inquietud.
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En esa línea, los tres partidos incluyen propuestas orientadas a la formación policial, aunque con distintos énfasis. Por un lado, FP plantea profesionalizar a la PNP en líneas de seguridad e investigación, mediante la formación universitaria y convenios internacionales. Por su parte, JPP propone una reforma estructural de la institución y el fortalecimiento de la Escuela de Policía. Finalmente, RP plantea crear el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía e incorporar directamente a los licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP.
Fallas de articulación
La limitada articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial es uno de los principales cuellos de botella en la lucha contra la criminalidad. Además, las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia se traducen en una significativa brecha de impunidad: durante el primer trimestre de 2026, se registraron 5.966 denuncias por extorsión, pero en ese periodo solo se sentenció a 101 personas por ese delito según el Poder Judicial. Así, en promedio, por cada 60 denuncias solo se está obteniendo una condena.
Ante esta situación, FP propone fortalecer las unidades de flagrancia, que agrupan en un solo espacio físico a la policía y las entidades de justicia para procesar delitos en plazos cortos. Al cierre de 2025, las 38 unidades existentes recibieron 32 mil denuncias, de las cuales habrían logrado resolver el 93% (cerca de 30 mil), según el Poder Judicial. JPP y RP también proponen estrategias para acelerar los procesos de sentencia de manera articulada.
En particular, JPP plantea crear equipos especiales contra la extorsión y el sicariato, y juzgados especializados en flagrancia. Por su parte, RP propone crear Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana compuesto por la policía, el serenazgo y entidades de justicia.
Los problemas de coordinación se agravan ante la ausencia de una red de información articulada. Según la Defensoría del Pueblo, solo el 22% de las comisarías cuentan con acceso a los antecedentes penales y el 15% puede visualizar el registro de detenidos y sentenciados. Asimismo, un quinto de los establecimientos policiales no tiene conexión con datos del Reniec.
Además, únicamente una de cada cuatro comisarías gestiona sus registros de detenidos de manera digital, el resto aún lo hace manualmente. Al respecto, FP y JPP plantean crear sistemas de información compartida entre instituciones del sistema de seguridad y justicia, aprovechando nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. RP no incluye ninguna medida sobre el tema en su plan de gobierno.
Una de cada cuatro comisarías gestiona sus registros de detenidos de manera digital.
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Hacinamiento en cárceles
Según en el INPE, a febrero de 2026, la población penitenciaria a nivel nacional supera las 100 mil personas. No obstante, las cárceles en el Perú solo tienen una capacidad de albergue de cerca de 40 mil. Así, hay una tasa de sobrepoblación de 150%. Este desbalance se ha profundizado en el tiempo: hace dos décadas era de 47%.
Frente a ello, FP propone la construcción de cuatro grandes penales, cada uno con una capacidad para mil internos, y fortalecer las medidas de seguridad (como bloqueos de señales). Aunque positiva, dado el nivel de hacinamiento actual, esta medida será insuficiente frente a los más de 60 mil reos en exceso. Por su parte, JPP y RP no proponen ninguna medida sobre el hacinamiento, aunque ambos sí están a favor de endurecer algunas penas.
Enfrentar la inseguridad ciudadana es el desafío más crítico para el próximo gobierno. Diversas estimaciones arrojan costos importantes para la economía y el bienestar de las personas. Por ejemplo, según el BCRP, la inseguridad ciudadana le cuesta al Perú 2,2% del PBI, aunque aclaró que esa cifra probablemente subestima el impacto total, porque no incluye los costos indirectos como los efectos sobre la productividad.
Se requiere lograr una gestión ordenada y articulada entre todas las entidades responsables de la lucha contra la criminalidad. Fortalecer la debilitada institucionalidad del sector es clave para evitar que este problema continue erosionando el bienestar de la población y el potencial de crecimiento del país.
Finalmente, cualquier propuesta en seguridad será débil si no se logra resolver la alta rotación de autoridades en el sector. Por ejemplo, en el último quinquenio hubo 18 ministros del Interior, cifra que duplica el promedio de los cuatro periodos presidenciales previos. Esta alta rotación impide la continuidad de políticas para enfrentar la inseguridad, erosiona la confianza ciudadana y limita cualquier esfuerzo de coordinación interinstitucional.
