¿Podrá Francia evitar nuevos disturbios? Macron endurece las restricciones ante otra jornada de protestas

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Máxima tensión en Francia por las próximas protestas. Tras los disturbios del sábado 17 de octubre, que dejaron comercios vandalizados, edificios públicos incendiados y miles de detenidos, el presidente Emmanuel Macron anunció nuevas restricciones a las manifestaciones y convocó para este viernes 23 un Consejo de Defensa. El objetivo es evitar que las movilizaciones previstas para el sábado 24 vuelvan a desbordar a las autoridades.

De acuerdo con la agencia EFE, los prefectos podrán prohibir concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público. En cambio, las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse, aunque las autoridades tienen la opción de proponer recorridos alternativos para evitar que lleguen a los comercios y edificios públicos.

“La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”, declaró Macron, quien atribuyó parte de los incidentes anteriores a grupos ultra izquierdas. El mandatario también anunció que las fuerzas móviles de seguridad se desplegarán intensamente y que el Consejo de Defensa definirá medidas adicionales para restablecer el orden.

La respuesta firme del ejecutivo denota un gran contraste con los últimos disturbios que evidenciaron fallas para anticipar la violencia. De acuerdo con las autoridades, al menos 3.000 comercios fueron vandalizados durante los incidentes del 17 de octubre, que incluyeron saqueos y enfrentamientos en varias ciudades francesas.

Parte de la respuesta de Macron es desplegar a los vehículos blindados y unidades de élite de la policía y la gendarmería, además de la misión militar Sentinelle, encargada habitualmente de vigilar lugares concurridos y monumentos. El Ministerio del Interior anunció que el nivel de movilización de las fuerzas de seguridad será un 20% superior al de la semana anterior.

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El gobierno anunció las restricciones y ya comenzaron a aplicarse. Según AFP, la Prefectura de Policía de París extendió los toques de queda en determinadas zonas de la capital hasta la mañana del lunes, con horarios nocturnos de 23:00 a 06:00. También prohibió reuniones no declaradas en sectores sensibles, incluidos los alrededores del Palacio del Elíseo, el Parlamento y las principales estaciones ferroviarias.

Sin embargo, las medidas han abierto un debate sobre los límites de la respuesta estatal. Algunas ciudades, como Lyon, Rouen y Toulon, prohibieron las manifestaciones previstas para el sábado y, en consecuencia, la oposición cuestionó dicha decisión por considerar que restringe el derecho a protestar.

De hecho, la tensión quedó en evidencia el jueves, cuando decenas de personas se manifestaron en París pese a las prohibiciones anunciadas previamente. Según Associated Press, los organizadores señalaron que un tribunal administrativo había revocado una prohibición policial contra una de las concentraciones. El episodio mostró que las restricciones también pueden ser impugnadas judicialmente.

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Para el internacionalista Francisco Belaúnde, la reacción del Ejecutivo evidencia que las autoridades no habrían anticipado la magnitud de la movilización anterior. “Todo parece indicar que los servicios de inteligencia no detectaron a los grupos organizados”, señaló al evaluar los incidentes del sábado pasado.

El especialista considera que las medidas adoptadas pueden contribuir a contener nuevos disturbios, aunque su efectividad todavía está por comprobarse. A su juicio, el refuerzo policial podría frenar a parte de los manifestantes, pero también existe el riesgo de enfrentamientos violentos.

Además, Belaúnde advierte que una intervención más dura puede producir efectos contrapuestos: disuadir a algunas personas de acudir a las protestas, pero alimentar el descontento de otras. La dificultad para el Gobierno será impedir nuevos saqueos sin agravar la confrontación con quienes buscan manifestarse pacíficamente.

La crisis no comenzó únicamente con los episodios de violencia. Según AP, las primeras movilizaciones surgieron el mes pasado en un centro educativo de Créteil, al sureste de París, por la falta de personal. Poco después se extendieron a otras localidades, con reclamos por la financiación insuficiente de las escuelas, el deterioro de las instalaciones y las dificultades del sistema de admisión universitaria.

Las protestas ampliaron posteriormente sus demandas hacia el costo de vida y sumaron a estudiantes, sindicatos y participantes del movimiento de los chalecos amarillos, cuyas movilizaciones contra el encarecimiento de los combustibles sacudieron Francia en 2018 y 2019. Los representantes sindicales señalaron que su reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu no produjo propuestas concretas suficientes y mantienen la convocatoria a una jornada de huelga y manifestaciones para el 5 de noviembre.

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Enrique Banús, politólogo internacional, considera que detrás de las movilizaciones existe un malestar generacional que trasciende las demandas educativas. “Hay una generación que se ve sin futuro, que se ve en unas condiciones económicas difíciles, con difícil acceso al mercado laboral”, explicó.

Para el especialista, la convergencia de distintos sectores responde a una “desesperanza generalizada”, relacionada con las dificultades económicas y las expectativas de los jóvenes. También observa problemas de fondo en la sostenibilidad del Estado de bienestar europeo, en un contexto de envejecimiento demográfico y mayores necesidades de financiación.

Belaúnde coincide en que el descontento acumulado puede reactivarse incluso si las autoridades consiguen contener las manifestaciones inmediatas. A su juicio, Francia enfrenta dificultades financieras que limitan el margen del Gobierno para atender las demandas sociales en el corto plazo. Los problemas de financiación de las pensiones y la salud, sumados al endeudamiento, complican la posibilidad de ampliar el gasto público.

En ese sentido, la respuesta no puede depender exclusivamente de las restricciones. Banús considera que, tras garantizar la seguridad pública, el Ejecutivo deberá abrir espacios de diálogo para evaluar qué reformas son viables y cuáles demandas pueden atenderse. También plantea la necesidad de diferenciar entre quienes participan en protestas reivindicativas y quienes buscan provocar destrucción.

Paralelamente, Belaúnde advierte que las dificultades para encontrar soluciones inmediatas pueden prolongar el malestar. El resultado de la movilización del próximo sábado y la capacidad de los sindicatos para convocar a trabajadores del sector público y privado serán señales relevantes para evaluar la evolución del conflicto.