La propuesta para inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza fue rechazada por el pleno del Congreso. La iniciativa fue debatida en el Parlamento durante la sesión realizada este 12 de marzo, pero no logró reunir los votos exigidos.
La propuesta para inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza fue rechazada por el pleno del Congreso. La iniciativa fue debatida en el Parlamento durante la sesión realizada este 12 de marzo, pero no logró reunir los votos exigidos.
Al momento de la votación, la propuesta obtuvo 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, no alcanzó los 68 votos que exige la Constitución para inhabilitar a un fiscal supremo. Por ello, la propuesta quedó sin efecto y el expediente será enviado al archivo.
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El debate surgió a partir del informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, presentadas por los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Ernesto Cueto Aservi.
En dicho documento se cuestionaba la actuación de Espinoza cuando ejercía como fiscal de la Nación y presentó una denuncia constitucional contra once parlamentarios que respaldaron el dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR.
Esta norma permitió que legisladores que fueron miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional puedan percibir su pensión al mismo tiempo que su remuneración como congresistas.
Durante la exposición del informe, el vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Jorge Montoya, sostuvo que la actuación de la exfiscal vulneró la inviolabilidad parlamentaria, pues el artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas no responden por sus votos u opiniones.
“Admitir que la inviolabilidad parlamentaria pueda ser desplazada cuando un proyecto de ley beneficie a un sector implicaría que ningún legislador pueda votar en materias que alcancen a grupos sociales determinados”, precisó.
Por su parte, la defensa de Espinoza, representada por el abogado Rodolfo Pérez, rechazó los argumentos del informe. “La fiscal de la Nación es la única autoridad independiente que puede presentar denuncias constitucionales contra congresistas. Hacerlo no solo es legal, sino parte esencial del principio de separación de poderes”, señaló.
Tras la votación, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, señaló que la Constitución exige un mínimo de 68 votos para aprobar la inhabilitación de un fiscal supremo. Sin embargo, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración, por lo que el pleno podría volver a evaluar el tema.
