El jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, está contra las cuerdas debido al ineficiente desempeño del organismo en la realización de las elecciones generales 2026.
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En menos de 48 horas, el funcionario ya cuenta con más de una denuncia en su contra, una de ellas presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y una investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia, que podría derivar en su suspensión. A ello se suma la investigación que abrió de oficio la Fiscalía de la Nación por el posible delito de colusión.
Como se recuerda, el último 12 de abril, día de las elecciones generales, más de 50 mil peruanos, de los distritos del sur de Lima, se quedaron sin votar debido a que el material electoral no llegó a sus locales. Inicialmente, se les propuso exonerarlos de las multas, pero ante la ola de críticas, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió extender el horario de votación hasta el lunes 13 de abril en las mesas donde ocurrió el inconveniente.
Tras lo sucedido, Corvetto ofreció disculpas públicas y dijo que se allanaría a las investigaciones. Sin embargo, las voces que piden su salida del cargo suenan cada vez más fuerte.
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Escenarios
En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina señalaron que, pese a que la norma establece que Corvetto no puede renunciar al cargo, lo correcto sería que lo haga “por decoro” para no manchar más este proceso electoral. Indicaron que corresponde que la JNJ lo destituya en el más breve plazo a través de un proceso disciplinario inmediato.
En tanto, el exjefe del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Fernando Rodríguez, expresó una interpretación diferente sobre el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE, que señala que el cargo de jefe del organismo es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado.
La norma precisa, además, que las causales de vacancia del cargo son renuncia (excepto en casos de referéndum y consultas populares), muerte, incapacidad física grave, temporal mayor de doce meses o permanente e incapacidad mental comprobada, impedimento sobreviniente, o la destitución por la JNJ.
Los tres especialistas coincidieron en que la responsabilidad del caos electoral no recae únicamente en Corvetto, sino que también alcanza al presidente del JNE, Roberto Burneo, por no haber fiscalizado el trabajo de la ONPE en la etapa de distribución del material.
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Urbina indicó que, “actualmente”, Corvetto no puede renunciar al cargo porque se ha establecido que las autoridades electorales, en el marco de un proceso electoral, no pueden hacerlo.
“Sin embargo, la JNJ, que es quien nombra al jefe de la ONPE, puede destituirlo por falta grave, en este caso por omisión de funciones. Además, existe un ámbito penal en el que deberá responder […] Administrativamente la falta es evidente. Si el señor Corvetto sabía desde las 11:59 pm del sábado que el material no estaba distribuido en los centros de votación, debió avisar al JNE”, acotó.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de fiscalizar el proceso electoral es de la JNE. “Tiene la obligación de hacerlo. El presidente del JNE [Roberto Burneo] debió asegurarse consultarle al señor Corvetto el sábado si estaba todo listo […] No es posible que se haya enterado de todas estas anomalías mediante los noticieros. Ellos debieron de consultar formalmente. Si lo hizo, debe mostrar la consulta que realizó”, expuso.
Lo que podría ocurrir es que asuma el secretario general de la ONPE de forma interina, mientras convocan un concurso para nombrar al nuevo jefe del ente electoral.
“Los cuestionamientos están, ya los candidatos han resaltado la incompetencia del señor Corvetto. Entonces, que él permanezca hasta la segunda vuelta no da garantía de un proceso electoral transparente y que se garantice que todos los peruanos puedan votar”, expresó.
El constitucionalista recordó que los derechos civiles y políticos de todo ciudadano contemplan el derecho a elegir y ser elegido. “Por lo tanto, no se le puede privar a ningún ciudadano de ejercer su derecho al voto, salvo que esté en la cárcel […] Este derecho también está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el pacto de San José”, remarcó.
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A su turno, Rospigliosi opinó que una “situación excepcional requiere una respuesta excepcional”.
“Por ejemplo, el marco legal no prevé elecciones en dos días o complementarias generales; sin embargo, hubo una respuesta excepcional […] La ley establece que los cargos de jefe de la ONPE y presidente del JNE no son renunciables, pero sí pueden ser suspendidos. Recordemos el caso de Luis Arce Córdova, que fue suspendido y no empañó las elecciones”, aseveró.
Rospigliosi también dijo que quien asume es el número dos de la ONPE, es decir, el secretario general hasta que se elija a un nuevo titular del ente. “Lo que está claro es que no debe seguir en el cargo”, subrayó
El constitucionalista también opinó que Burneo no está libre de responsabilidad. Además, advirtió que existe el peligro de que no colabore con las investigaciones fiscales. “Debería ser reemplazado por su accesitaria […] Su trabajo es antes, durante y después del proceso electoral […] Es insólito que haya mandado fiscalizadores al extranjero, pero no enviado a nadie a Lurín, desde donde salió el material electoral [..] Se ha querido lavar las manos denunciando a Corvetto”, sentenció.
“Ni Corvetto ni Burneo debieron dormir si es que un día antes de las elecciones no tenían el reporte que en el 100% de locales de votaciones ya estaba pernoctando el material electoral […] ¿Cómo pudieron dormir con tranquilidad? Debieron activar la luz roja, las alarmas y activar un plan de contingencia. Se durmieron en sus laureles. Hay una negligencia dolosa”, agregó.
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Rodríguez interpreta de otra manera el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE “Las consultas populares no son procesos electorales”, señaló. Entonces, según su lectura, Corvetto sí podría dimitir.
Otro escenario que propone el experto es que el jefe de la ONPE pida una licencia y asuma de forma interina el secretario general del organismo, como lo establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
“Hay que buscar la salida. Si no puede renunciar, que presente licencia”, apuntó.
Además, mencionó que la JNJ lo puede destituir. “El tema es sí conviene o no conviene destituir. Personalmente, pienso que sí. Desde afuera el proceso se ve ‘truchazo’ […] Esto ensucia el camino y se va a ver perjudicado con todo esto. Si no sacan a Corvetto, si se queda atornillado en su puesto por la razón que fuere, ¿Qué opinión va a tener el que quede tercero?”, expuso.
De otro lado, señaló que no se debe olvidar que era responsabilidad del JNE fiscalizar la entrega del material electoral. “Lo que ha hecho él hábilmente es lavarse las manos y salir a denunciar al jefe de la ONPE. ¿Pero internamente qué pasó? ¿Supo que el material no había llegado o espero a que Corvetto le informe? El área de fiscalización debió decirle”, concluyó.
