La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la sentencia impuesta al expresidente Ollanta Humala por el caso de presunto lavado de activos y afirmó que, en un Estado de derecho, las resoluciones emitidas por las instituciones deben ser respetadas. En tanto, la defensa del exmandatario solicitó su liberación inmediata tras el fallo del máximo intérprete de la Constitución.
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Durante su visita a las zonas afectadas por el sismo en la región Junín, la mandataria señaló que, aunque pueda discrepar de la decisión, corresponde acatarla.
“Vivimos en un Estado de derecho y cuando se vive en un Estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste”, manifestó.
Fujimori recordó que hace aproximadamente ocho años enfrentó una resolución judicial que calificó como “dolorosísima”, al señalar que fue privada de su libertad y que posteriormente logró revertir esa decisión mediante su defensa legal.
“En esta resolución yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, añadió.
Consultada sobre el desempeño del Ministerio Público tras los recientes fallos del Tribunal Constitucional que dejaron sin efecto procesos contra exautoridades, la presidenta indicó que será necesario analizar los fundamentos de las resoluciones. No obstante, sostuvo que “parecería” que la Fiscalía no realizó un adecuado trabajo.
“Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería en todo caso que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión”, declaró.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el abogado del expresidente Ollanta Humala, Edinson Huamán, informó que presentó un escrito ante la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones solicitando que se disponga la inmediata liberación de su patrocinado, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.
En declaraciones a Canal N, el letrado explicó que la defensa adjuntó la sentencia del TC y solicitó que se oficie al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ejecutar la excarcelación.
Huamán sostuvo que el Tribunal Constitucional concluyó que la recepción de aportes para las campañas electorales de 2006 y 2011, hecho atribuido a Humala, no constituía delito en ese momento, por lo que consideró que la nulidad del proceso responde a una cuestión de fondo.
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Asimismo, señaló que la sentencia del TC establece la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso y cuestionó la actuación de fiscales y magistrados que intervinieron en la investigación, al indicar que el tribunal les atribuye no haber corregido oportunamente la calificación jurídica del caso.
El abogado anunció además que la defensa solicitará el archivo de otros procesos vinculados al expresidente, entre ellos los casos del Gasoducto Sur y del Centro de Convenciones, al considerar que ambos se originaron a partir de la investigación que fue anulada por el Tribunal Constitucional.
