Antes de entablar una demanda y que el caso sea admitido y revisado por el Poder Judicial en la vía civil, hay un paso previo que se exige y es la conciliación. Y es en esta etapa en la que se encuentran actualmente tanto el hoy diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, como el exsecretario general del partido, José Chlimper.
Ambos han activado este mecanismo legal solicitando una indemnización por daños y perjuicios cuyo monto asciende —en conjunto— a S/ 3,2 millones. Todo ello, tras el archivo definitivo del Caso Cócteles, en el que fueron investigados.
Las acciones se han emprendido en contra del exfiscal José Domingo Pérez, quien estuvo a cargo de la investigación en la que también se involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hoy presidenta de la República, por supuesto lavado de activos.
Pero, además de Pérez —quien, tras dejar el Ministerio Público, se convirtió en abogado del golpista expresidente Pedro Castillo y además asesor de Juntos por el Perú—, está comprendido el fiscal superior Rafael Vela, excoordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, así como los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga Urday. Sin embargo, el Estado peruano como tal no quedará al margen.
De parte del diputado Figari Mendoza, se inició un proceso en el Centro de Conciliación Barragán & Camba, desde donde se emitió una primera invitación para conciliar para el último jueves 3 de setiembre, por la tarde.
Además de Pérez, Vela, Carhuancho y Zúñiga, también fueron convocados el Ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente, a través de sus respectivos procuradores. De todos ellos, sin embargo, solo acudió Carhuancho, según confirmó a El Comercio Aurelio Pastor, quien asumió la defensa legal de Figari en este caso.
Como pretensión, Figari —exasesor de Fujimori y quien permaneció en prisión preventiva desde noviembre de 2018 hasta junio de 2020, es decir, 19 meses— ha planteado que le paguen, de manera solidaria, un total de S/ 2 millones. Ello “por concepto de indemnización integral por todos los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales”.
Ana Herz de Vega y Pier Figari fueron sumados al caso que comprendió a Keiko Fujimori. (Foto: Poder Judicial)
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Según explicó Pastor a este Diario, se presentó la invitación a conciliación debido a que es un requisito legal antes de poder emprender una demanda. Al solo haber acudido Carhuancho a esta primera citación, precisó, no se puede efectuar ningún acto y se ha convocado a una segunda fecha, que será el 14 de septiembre. En caso de inasistencia y/o de no llegar a algún acuerdo, apuntó que estarán expeditos para plantear la demanda y que el caso pase al Poder Judicial.
“Estamos pidiendo dos millones de soles de reparación por lucro cesante, que es lo que él [Figari] dejó de ganar; por daño emergente, que es por todo lo que le costó defenderse; y por daño moral, que es todo el daño que le hicieron a su imagen, a su familia, y todo lo que significó para él la persecución que le hizo la fiscalía”, aseveró a El Comercio.
Pastor sostuvo que los fiscales y jueces implicados tienen responsabilidad por haber perseguido un delito inexistente, debido a que este fue recién incorporado en el Código Penal en noviembre del 2016. Y que, a sabiendas de que no existía delito, “aún así persiguieron y solicitaron prisiones”.
“Los fiscales no debieron haber perseguido por un delito inexistente, y los jueces tenían la obligación de hacer un control de legalidad sobre lo que los fiscales pedían; y no lo hicieron”, cuestionó.
Pastor confirmó, además, que la demanda también se plantearía contra el Estado, pues finalmente —dijo— es el “gran responsable”.
“La Constitución dice que el Estado tiene la obligación de reparar por los errores judiciales. El gran responsable final es el Estado, por haber elegido a esa calidad de fiscales y a esa de jueces que, lejos de ser fiscales y jueces, terminaron siendo simplemente unos persecutores y unos operadores políticos”, agregó.
En el caso del empresario y exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper Ackerman, ha requerido una reparación que asciende a S/ 1,2 millones, según informó el portal CanalB.pe, por lo cual ya se ha programado una audiencia de conciliación para este lunes 7 de setiembre.
Consultado por El Comercio, Chlimper confirmó puntualmente esta información, aunque evitó brindar comentarios para este reportaje al indicar que no corresponde en esta etapa del proceso. Tampoco su abogado. Aseguró que oportunamente se darán declaraciones sobre el tema.
José Chlimper fue otro de los acusados en el caso Cocteles.
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El abogado constitucionalista Enrique Ghersi explicó a este Diario que la conciliación es un paso obligatorio antes de presentar una demanda civil por indemnización, como las que se alistan. Se trata de una etapa en la que se pueden llevar a cabo hasta dos invitaciones a los futuros demandados. De haber acuerdo, se deja constancia del mismo y el tema queda ahí.
Sin embargo, en caso de que no llegaran a concurrir, la ley “establece una presunción de veracidad relativa” que favorece al demandante y sus afirmaciones. Y, en caso de acudir todas las partes a la diligencia y no lograrse un acuerdo, el conciliador levanta un acta de no acuerdo. Con esa acta, el interesado queda expedito para plantear una demanda.
En la mirada de Ghersi, por las características del caso en cuestión, es poco probable que se logre un acuerdo en estas audiencias de conciliación, pues “las posiciones son irreconciliables”, y es altamente probable que el tema sea llevado al Poder Judicial, en la vía civil.
Además, apuntó que una eventual responsabilidad no recaería únicamente en los fiscales y jueces señalados, sino también en el Estado, pues es la propia Constitución la que establece que “el Estado responde legalmente por los daños que causa a terceros”. A su juicio, la demanda tiene posibilidades de prosperar.
“En su momento se dijo que no podía procesarse a nadie por aportes de campaña porque no era delito. Y, aun así, el Ministerio Público y el Poder Judicial siguió adelante y detuvo a muchas personas. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido inequívocamente que la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial contravino la Constitución y la ley”, expresó Ghersi. Por ello, apuntó que le corresponderá a cada posible agraviado, si así lo considera, seguir ese camino.
Por su parte, el abogado penalista Carlos Caro dijo a este Diario que no basta con que el Tribunal Constitucional haya anulado el caso, pues “anular no es actuar ilícitamente”. Por ello, señaló que habría que probar que “no existía ninguna lectura defendible que permitiera calificar la recepción de aportes como lavado, que el daño es antijurídico, que hay nexo causal y que el monto está acreditado”.
¿Una decisión anulada o declarada inconstitucional compromete a un magistrado? A opinión de Caro, “si cada revocatoria volviera deudor al juez de primera instancia, nadie decidiría con independencia”. “Y aquí hay un dato importante, la tesis de la atipicidad fue rechazada por juzgados, salas y las dos instancias constitucionales, y recién la acogió el TC en 2025, por mayoría y con voto singular. Lo que dividió al TC 7 años después no era un error evidente en 2018”, expresó Caro.
Sobre los montos reclamados —S/ 2 millones por parte de Figari y S/ 1,2 millones en el caso de Chlimper—, el abogado consideró que las pretensiones tienen un sustento “poco sólido”. En el caso de Figari, señaló que el principal elemento a su favor sería el tiempo que permaneció en prisión preventiva, por más de 570 días, aunque advirtió que ese perjuicio terminó en junio del 2020 y que el paso del tiempo podría afectar la posibilidad de reclamarlo. A ello sumó que su posterior elección como diputado debilitaría el argumento referido al lucro cesante; es decir, a los ingresos que habría dejado de percibir. En cuanto a Chlimper, el abogado consideró que su posición sería aún más débil.
Sobre quiénes podrían sumarse a este tipo de reclamos, Caro señaló que la situación no es la misma para todos los investigados, pues el daño que eventualmente podría ser objeto de una indemnización debe ser acreditado en cada caso. “Quienes estuvieron presos tienen algo que reclamar. Quienes solo tuvieron impedimento de salida, muy poco. Los simplemente investigados, casi nada”, sostuvo.
El abogado explicó que una investigación que termina archivada no genera, por sí sola, el derecho a una reparación. “Si todo archivo generara indemnización, los actos del Ministerio Público serían impagables”.
Por su parte, el abogado penalista Daniel Jurado Palma consideró que el tema es “discutible” y que, dado que la vía que se pretende es la de indemnización por daños y perjuicios en el ámbito civil, quedará finalmente a decisión del juez determinar si todo el proceso fue errado o si existía un fundamento razonable para estimar que efectivamente hubo persecución usando las normas vigentes a la fecha en que se llevó a cabo el proceso.
“Para que dicha pretensión prospere, tendría que demostrarse que se ha incurrido claramente en un error judicial, más allá de cualquier interpretación normativa posible, tendría que demostrarse un hecho irregular cercano al prevaricato; estándar difícil de alcanzar, en principio”, comentó Jurado a El Comercio al respecto.
Es decir, en su mirada, “no toda decisión anulada genera una responsabilidad civil en el funcionario” y tendría que poder demostrarse que lo dispuesto en su oportunidad “fue absolutamente irracional”.
“Las demandas tienen una justificación, que a la luz de lo resuelto por el TC, tendría solidez. Sin embargo, considero que el juez que resuelva el caso, tendrá la difícil tarea de decidir si la actuación de los magistrados fue realizada mediante dolo, o imprudencia inexcusable para poder declarar fundada la demanda. Circunstancia que deberá ser analizada desde una perspectiva de razonabilidad de la interpretación empleada por los magistrados que intervinieron en el proceso”, apuntó.
