El Tribunal Constitucional (TC) ha programado para este 25 de noviembre del 2025 la audiencia de vista de la causa en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra el Decreto de Urgencia N° 013-2024. La norma, emitida por el Poder Ejecutivo, autorizó medidas financieras extraordinarias a favor de Petro-Perú S.A., comprometiendo recursos estatales entre el 2013 y 2024 superiores a S/24 mil millones, a través de capitalizaciones y otros apoyos financieros.
En la audiencia, los magistrados escucharán informes orales tanto de la parte demandante, el Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), como de la Procuraduría Pública del Poder Ejecutivo.
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En ese sentido, el equipo legal de CAA, encabezado por el decano del Colegio, John Mesías y el ex Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, argumentará que el Decreto de Urgencia 013-2024 no supera el “test de excepcionalidad e imprevisibilidad” exigido por la Constitución y la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional.
Entre otros argumentos se sostiene que el uso reiterado de estos decretos para inyectar capital a una empresa en quiebra técnica constituye una elusión del control parlamentario y un fraude a la Constitución.
Cabe precisar que la demanda, admitida a trámite por el TC mediante auto del 5 de agosto del 2025, sostiene que el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución al utilizar un mecanismo excepcional, el Decreto de Urgencia, para enfrentar una crisis financiera que era estructural, previsible y conocida desde hace años.
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John Mesías, decano del Colegio de Abogados de Arequipa, advirtió sobre el alto costo social de estas medidas. Según los fundamentos de la demanda, los recursos desviados al rescate de la petrolera estatal contravienen el artículo 44 de la Constitución, ya que deberían priorizarse para cerrar brechas en servicios esenciales como seguridad ciudadana, salud y educación, así como atender a las regiones del país.
