Todo parece indicar que la segunda vuelta electoral enfrentará de nuevo, como en el 2021, a dos candidatos radicalmente opuestos en su visión económica del desarrollo. La candidata que obtuvo la mayor votación está a favor de los principios económicos que están plasmados en la Constitución de 1993; es decir, liderazgo del sector privado en la actividad productiva, limitada participación del Estado en la actividad empresarial, integración comercial con el mundo e igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, equilibrio fiscal, política monetaria dirigida por un Banco Central autónomo y respeto irrestricto a la propiedad privada y a la estabilidad jurídica, entre otros elementos que caracterizan a una economía social de mercado. El otro candidato, en cambio, promueve lo contrario, empezando por la modificación del capítulo económico de la Constitución del 1993 para crear mayor cantidad de empresas públicas, modificar las reglas que rigen el comercio internacional para privilegiar la producción local para el consumo interno en algunos sectores productivos y restringir la importación de determinados productos, alejarse de la independencia del Banco Central para acceder a un uso más discrecional de las reservas internacionales, así como un manejo más expansivo de la política monetaria, y plantear la renegociación de contratos sobre todo con empresas de capital extranjero, entre otros.
A nivel de resultados macroeconómicos agregados es claro que la economía social de mercado ha sido muy superior a los que han registrado los países con regímenes inspirados en el socialismo. Ninguno de los países sudamericanos que siguieron políticas estatistas de izquierda desde la década del noventa en adelante (Argentina de los Kirchner, Bolivia de Evo, Cuba de Fidel y sus herederos o Venezuela de Chávez y Maduro) logró un mayor nivel de bienestar para su población que los resultados obtenidos por Perú, Colombia o Chile mientras fueron conducidos por gobiernos promercado. Perú, por ejemplo, entre 1990 y la actualidad, incrementó su producción real per cápita en más de 7 veces, sus exportaciones en más de 28 veces, su inflación anual se redujo de más de 7.000% a apenas 1,5% el año pasado, la pobreza se redujo a la mitad entre fines de los ochenta y la actualidad, la esperanza de vida se incrementó en 14 años en dicho periodo y la mortalidad infantil se redujo a casi la sexta parte de lo que era.
Estos efectos positivos descritos, sin embargo, no han permeado de manera homogénea en todo el territorio. Las fallas de diseño de las políticas sectoriales nacionales, que se agudizaron dramáticamente en los últimos diez años con la inestabilidad política, en el marco de una descentralización que se caracteriza por una pésima gestión de los recursos públicos por parte de los gobiernos subnacionales, no han permitido que las poblaciones de los departamentos más pobres del país se beneficien plenamente de los impactos positivos de la buena macroeconomía y el comercio internacional. En ese contexto, no es de extrañar que las regiones que registran los menores niveles de bienestar (Apurímac, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Puno) medidos por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador que resume los ingresos de la población, su educación y el periodo de vida en condiciones saludable, sean aquellas en donde el candidato disruptivo y anti sistema obtuvo sus mejores resultados. Dichos departamentos son los que se caracterizan por tener a la mayor cantidad de su población trabajando en el sector informal y cada vez más, también, en la ilegalidad, con acceso a servicios básicos provistos por el Estado (educación, salud y agua y saneamiento) de pésima calidad. Para no seguir en esta suerte de ruleta rusa cada cinco años, corresponde a los partidos de centro y derecha representados en el nuevo Congreso de la República definir una agenda de defensa y profundización del modelo de economía social de mercado en todos los territorios del país con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de su población.
