Según se notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Petro-Perú perdió un laudo arbitral en el que le Consorcio de Terminales del Perú (TdP) la demandó por acciones sobre dos contratos de operación: el de los terminales del Centro (Terminal Callao) y el de los terminales del norte (Terminales de Salaverry, Supe, Chimbote y Eten).
Según se notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Petro-Perú perdió un laudo arbitral en el que le Consorcio de Terminales del Perú (TdP) la demandó por acciones sobre dos contratos de operación: el de los terminales del Centro (Terminal Callao) y el de los terminales del norte (Terminales de Salaverry, Supe, Chimbote y Eten).
TdP, que terminó ganando el proceso ante el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, pidió se declare la invalidez de la resolución de ambos contratos efectuados por Petro-Perú en marzo del 2024. En consecuencia, se valida su vigencia.
Las otras pretensiones del consorcio contemplaron el régimen de recuperación de las inversiones adicionales previstas en los contratos, la acreditación de las inversiones ejecutadas en el Proyecto de Ampliación del Norte, entre otros.
Por su parte, la petrolera estatal adujo un presunto incumplimiento del consorcio en sus obligaciones de mantenimiento y también de sus compromisos de dar de baja determinados activos, entre otros.
En un inicio, la decisión del laudo final se había emitido el 12 de mayo de este año. Pero, tanto el consorcio como Petro-Perú plantearon una serie de pedidos, entre ellos de rectificación, interpretación, integración y exclusión. Recién el 7 de agosto, se efectuó el pronunciamiento que resolvió la integración del laudo final.
Como resultado, se determinó que Petro-Perú deberá pagar una suma de US$1.549.319 como concepto de reembolso de las cuotas de recupero de inversiones adicionales devengadas desde la puesta en servicio y no deducidas en una primera liquidación.
Además, la compañía deberá asumir los gastos administrativos del centro de arbitraje adelantado por el consorcio (alrededor de S/800.000), los honorarios del tribunal arbitral (por más de S/1.87 millones) y los gastos de defensa de TdP cuyo monto asciende a más de US$1.01 millón y otros casi S/650.000.
La parte resolutiva del laudo final también estimó la pretensión del consorcio de contar con el derecho a deducir todas las cuotas devengadas desde la puesta en servicio hasta el momento de emisión de la primera factura. Esto implica un monto de US$4.45 millones.
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