Cada proceso electoral en el Perú viene acompañado de una expansión del menú de promesas económicas: más becas y transferencias, ampliación de programas sociales, recursos para la seguridad, reducciones tributarias, grandes infraestructuras e incluso el uso de las reservas internacionales para distintos fines. Una avalancha de ofertas en la que el elector puede terminar, literalmente, perdido en campaña.
Desde la economía política, este fenómeno refleja un problema de asimetrías de información y señales de baja credibilidad. Los votantes deben evaluar la calidad de los programas en un contexto donde los costos no están explícitos, las restricciones no se discuten y la información no es comparable. El resultado es un equilibrio de bajo contenido informativo, donde varias distorsiones dominan sobre las señales.
La primera distorsión es la ilusión fiscal. Se anuncian beneficios visibles sin transparentar sus costos intertemporales. Desde la restricción presupuestaria del gobierno, estas propuestas son inconsistentes: no es posible aumentar gasto permanente o reducir impuestos sin compensaciones en otras partidas o sin una trayectoria sostenible de deuda.
El segundo, es el optimismo en las fuentes de financiamiento. Con frecuencia se invoca mayor crecimiento, lucha contra la evasión, reducción de planillas, eficiencia del gasto o eliminación de la corrupción. La evidencia muestra que estos recursos son inciertos y graduales. Utilizarlos para respaldar compromisos permanentes introduce un sesgo hacia déficits estructurales.
Un tercer frente es el riesgo de dominancia fiscal y monetaria. Algunas propuestas plantean utilizar las reservas internacionales para financiar inversión o constituir fondos soberanos. Sin embargo, las reservas no son recursos fiscales disponibles: son el principal seguro macroeconómico frente a choques externos y un pilar de la estabilidad monetaria. Debilitarlas aumenta la vulnerabilidad cambiaria, eleva las primas de riesgo y puede erosionar la credibilidad del banco central.
La cuarta distorsión es la inconsistencia macroeconómica interna. No es raro encontrar programas que combinan expansión del gasto estructural, mayor intervención estatal, incentivos a la inversión privada y compromisos de disciplina fiscal. Esto no satisface las condiciones básicas de coherencia entre crecimiento, balance fiscal y sostenibilidad de la deuda.
¿Por qué estas inconsistencias pasan inadvertidas? La respuesta está en la racionalidad limitada del elector. Ante alta complejidad y elevados costos de información, las personas recurren a heurísticas: simpatía o rechazo al candidato, afinidad ideológica o percepciones de liderazgo. Estos atajos desplazan la atención desde la viabilidad técnica hacia factores emocionales o identitarios. A ello se suma un problema de señalización de capacidad estatal. Un plan económico no es solo un documento: su credibilidad depende de la calidad del equipo técnico, la cohesión partidaria y la viabilidad política para implementarlo.
Así, el resultado termina siendo un entorno dominado por ruido informacional, ilusión fiscal y señales débiles de credibilidad. Elevar el estándar del debate exigiría responder tres preguntas básicas: ¿cuál es el costo fiscal intertemporal de lo que se promete?, ¿de dónde saldrá el financiamiento?, y ¿existe capacidad real para ejecutarlo sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica? Cuando estas preguntas no se formulan o se evaden, sus consecuencias se trasladan al ciudadano, quien finalmente termina pagando la factura de estas inconsistencias.
