Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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El Pleno de la Cámara de Diputados aplazó el debate del informe final sobre la denuncia constitucional en contra del sentenciado Pedro Castillo, por presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional (PNP) durante su gobierno.
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Denuncia Constitucional contra Presidente Pedro Castillo, por presunta injerencia en ascensos militares, tiene elementos de convicción.
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En la sesión del jueves, a través de un escrito, Hugo Yataco, abogado de Castillo, puso de manifiesto que la Comisión de Acusaciones Constitucionales recién le había entregado la mayoría los documentos del caso el lunes 26 de octubre, por lo que solicitó un plazo adicional con la finalidad de revisar el expediente y se convoque también la presencia de Castillo Terrones.
“Dada la abundante información que se me ha hecho entrega y cuyo volumen supera los 25.000 folios, además del poco tiempo otorgado para su revisión, solicitó a su despacho diferir la fecha a la que se convocó la sesión del pleno y se reprograme la misma de acuerdo a la agenda parlamentaria, garantizando con ello el otorgamiento de un plazo razonable”, requirió Yataco Pérez.
Ayala Gonzáles también solicitó la reprogramación de la sesión y requirió que esta sea fijada para antes del 15 de noviembre.
Ante ello, se convocó a la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados que aceptó la reprogramación solicitada, pero no precisó la nueva fecha.
La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, informó a la prensa que la nueva fecha para debatir esta denuncia constitucional se definiría después de la semana de representación prevista para la próxima semana, es decir después del 6 de noviembre.
Mientras que, Luis Quispe Candia, diputado de Buen Gobierno, aseguró que los tiempos, antes del 15 de noviembre, sí alcanzarían para debatir la DC.
Pedro Castillo: Allanan casa de exministro Walter Ayala por ascensos en FF.AA.
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Como se recuerda, el vacado exmandatario fue denunciado ante el Parlamento por presuntamente haber realizado cobros para que oficiales de las FF.AA sean ascendidos a diversos rangos.
El informe final recomienda formar causa penal en contra del golpista, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
Castillo Terrones se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo una condena por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022 y además afronta otro proceso por presuntos delitos de corrupción en organización criminal.
En el caso de Ayala Gonzáles, el informe final del caso “Ascensos” recomienda acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.
El abogado de Pedro Castillo, Hugo Yataco -quien estuvo acompañado por la congresista Catherin Palomino (Juntos por el Perú), usó la sala de prensa del Congreso Bicameral para dar una conferencia de prensa y negar las imputaciones contra su patrocinado.
“Podemos afirmar que nosotros no encontramos en condiciones de poder sostener una versión favorable para el profesor José Castillo Terrones, que evidentemente tendrían que vincularlo a los hechos objeto de acusación y consideramos que son muy ligeros, que no se sostienen hasta el momento en medios probatorios de carácter directos o indiciarios que puedan sostener una acusación”, sostuvo.
-Los escenarios del proceso-
En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Carlos Caro explicó que lo que se votará en la Cámara de Diputados no es la culpabilidad de Pedro Castillo, sino que se decidirá si se levanta su antejuicio para que sea procesado en la instancia judicial por el caso “Ascensos”.
El abogado señaló que para que el informe final, que recomienda acusar a Castillo Terrones y Ayala Gonzáles, sea aprobado, se necesitan, por lo menos, 66 votos a favor.
Y de aprobarse en dicha instancia, de acuerdo a la modificación parlamentaria, aún deberá ser enviado a la Cámara de Senadores para que también pase ese filtro donde necesitará 31 votos para definir si hay lugar a formación de causa penal.
“Solo entonces la Fiscalía de la Nación podrá evaluar la formalización de una investigación ante la Corte Suprema por patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Con la reforma constitucional vigente, la autorización del Senado habilita a la Fiscalía, pero no la obliga, la decisión final de procesar es suya”, anotó.
Caro Coria sostuvo que, si por el contrario, la Cámara de Diputados rechaza el informe, “no hay absolución”. Sin embargo, mientras dure la prerrogativa de lo que se conoce como antejuicio, que en el caso de Castillo Terrones es hasta el 7 de diciembre de 2027, el Ministerio Público no podrá procesarlo por estos hechos.
Luego de dicha fecha, anotó, la defensa podría alegar, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el Congreso ya decidió sobre el fondo y que no cabe reabrir el caso sin prueba nueva. Sin embargo, bajo su análisis, ello es un argumento discutible.
“Si la Cámara de Diputados no lo acusa, la Cámara de Senadores no puede hacer nada con lo cual no se continúa el proceso de antejuicio constitucional y la fiscalía no puede hacer nada durante el período que dura el privilegio (de antejuicio) que son cinco años. Cuando acaban los cinco años, hay dos interpretaciones. La más favorable al reo, que es una suerte de cosa decidida y que el tema ya no se puede tocar. Desde mi punto de vista este aspecto es cerrado porque no se ha dado el antejuicio como privilegio constitucional, por lo que desde mi punto de vista, que es otra interpretación, la fiscalía quedaría habilitada luego de los cinco años para retomar el caso.”
El abogado penalista Víctor López coincidió en que, de no proceder la denuncia constitucional y se archiva en el Congreso Bicameral, el caso podría retomarse luego de transcurridos los cinco años de prerrogativa.
Por ello, señaló que si la denuncia no prospera en la Cámara de Diputados, inmediatamente, se remite al archivo conforme al procedimiento parlamentario y por tanto no habría una resolución congresal que habilite una causa penal. Sin embargo, precisó que ello no significaría que el caso ya no pueda retomarse.
“¿Esto significa que Castillo y Ayala son declarados inocentes? No. Se abre la posibilidad que se abra investigación por otra vía. El Tribunal Constitucional ha dicho que vencidos los cinco años, la prerrogativa de los altos funcionarios se extingue, entonces el exfuncionario puede ser denunciado penalmente sin declaración previa del Congreso al vencer el plazo de los cinco años”
Recordó que en el caso del exministro de Defensa, cesó en su cargo antes que Castillo, por lo que el plazo para que fenezca su antejuicio sería el más cercano.
De otro lado, de aprobarse la causa penal en el Parlamento, el abogado explicó que se habilita la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación y el proceso penal se dará ante la Corte Suprema.
López advirtió que también habría que evaluar la prescripción de algunos delitos, en caso pasen los cinco años de prerrogativa.
“Yo diría que el único que tendría algún riesgo de prescribir sería el delito de delito de abuso de autoridad. Los demás delitos como cohecho pasivo, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, al ser delitos contra la administración pública, de acuerdo al Código Penal, el plazo de prescripción se duplica”, indicó.
El abogado penalista, Aaron Aleman, remarcó que ya habiendo una calificación de la denuncia constitucional, ahora tiene que debatirse el tema de fondo, esto es que si realmente amerita que el caso se pueda trasladar ante la Fiscalía de la Nación.
“Lo que está ocurriendo es que la Fiscalía le ha pedido al Congreso la autorización para que pueda llevar a cabo su investigación contra Pedro Castillo, el expresidente. Si no lo autoriza en estos términos, no se puede investigar y la causa se archiva”.
Por tanto, dijo, lo importante en este proceso parlamentario es “si es que ellos (el Congreso) autorizan para este presunto hecho delictivo y que la fiscalía pueda investigar y se pueda sancionar”.
Finalmente, bajo su perspectiva, si la Cámara de Diputados archiva el caso ya no habría posibilidad, posterior, de retomar el caso una vez concluido el plazo de antejuicio.
“Ya no (cabe retomar el caso) porque, precisamente, el Congreso habría dicho que no hay interés ni podría investigarse y ellos, al haber dispuesto que se archive la causa, con lo cual ya no podría proseguirse”, comentó.