El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó ayer que declaró inadmisible el pedido de indulto presidencial a favor del vacado ex mandatario Pedro Castillo. La única petición conocida fue presentada ante la Presidencia de la República el 19 de febrero por el abogado Walter Ayala, candidato al Senado por Juntos por el Perú.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó ayer que declaró inadmisible el pedido de indulto presidencial a favor del vacado ex mandatario Pedro Castillo. La única petición conocida fue presentada ante la Presidencia de la República el 19 de febrero por el abogado Walter Ayala, candidato al Senado por Juntos por el Perú.
Esta decisión fue adoptada por la Comisión de Gracias Presidenciales durante una sesión ordinaria realizada el 30 de abril del 2026, es decir, después de dos meses. Dicho grupo es el encargado de recomendar al presidente de la República la concesión de indultos y otros beneficios penitenciarios.
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Al respecto, el ministerio encabezado por Luis Jiménez Borja precisó que actualmente “no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales (común o por razones humanitarias) respecto del señor José Pedro Castillo Terrones”.
Entre tanto, la cartera enfatizó que toda solicitud de gracia presidencial debe cumplir con la documentación requerida para ser admitida a trámite. Añadió, además, que “el acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes”.
Antes de la emisión del comunicado del Ministerio de Justicia, Ayala dijo a este Diario que “hasta la fecha no tengo ninguna respuesta” y dejó claro que “quien tiene la última palabra es el presidente de la República”.
Cabe recordar que Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo por el delito conspiración para la rebelión y abuso de autoridad tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
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—Citación—
La decisión sobre el indulto se conoció un día después de que el Ministerio de Justicia actualizara la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Dicha instancia es presidida por Magno Abraham García Chávarri e integrada por Iván Jesús Calixto Peñafiel, Antonio Salgado Arroyo y Leslie Roxana Gonzales Cabanillas, quien es de la provincia de Chota, Cajamarca.
El cambio de integrantes —o la sola actualización de la comisión— despertó interés en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que acordó citar al ministro de Justicia para que explique los criterios empleados en la designación de los nuevos miembros del equipo evaluador.
La propuesta de convocar a Jiménez Borja fue planteada por el congresista Ilich López (Acción Popular) y fue aprobada por 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. El objetivo es conocer la idoneidad profesional de los integrantes.
En paralelo, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, señaló que en un eventual gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez se podría concretar un indulto presidencial, aunque “respetando la institucionalidad”.
No obstante, dejó en claro que para que proceda un indulto debe existir “una sentencia firme”. “Por ahora, no procede porque no hay una sentencia firme, pero todo apunta a que en un momento se va a dar”, agregó.
