Keiko Fujimori debe saber muy bien, a menos que estemos equivocados, que las metas y objetivos de su gobierno, planteados a cinco años, como ninguno de sus predecesores del presente siglo lo ha hecho, no solo necesitan de una buena gestión, medible y verificable, sino de una buena comunicación, hacia dentro y hacia fuera del poder.
Las claves de su éxito gubernamental residen precisamente en estos dos elementos: si la gestión resulta buena, es decir, eficiente y transparente, el índice de insatisfacción y frustración por los pésimos servicios del Estado habrá bajado sustancialmente; si la comunicación es buena, con alto contenido de verdad oficial, creíble y confiable, la posibilidad de construir una verdad compartida será alta y, como consecuencia de ello, la posibilidad de construir acuerdos y consensos, mucho mejor.
La mejor arma de Fujimori frente a sus adversarios y enemigos políticos son esos cinco años que tiene por delante, siempre que los sostenga con rendimiento, tenacidad y firmeza, sin caer en la impaciencia de tener que exponer resultados prematuros solo porque hay que correr detrás de cada ansiedad parlamentaria.
Después de los aprietos en los que se ha visto el gobierno en los últimos días para definir y esclarecer el papel de los ministros de Defensa e Interior, Rafael Belaunde y César Astudillo, y del jefe de la policía, Óscar Arriola, frente al crimen organizado, no podía esperarse finalmente sino una rápida y eficaz puesta en orden y corrección urgente.
En efecto, se entiende que no había que forzar cambios en el nivel ministerial (Belaunde y Astudillo habrán asimilado inteligentemente algo del fuego graneado de la prensa), pero sí de forzar, en el mando operativo de la PNP, la salida del general Arriola, vía renuncia, porque la ley no permitía hacerlo de otra manera, que resultara autoritaria.
¿Qué podemos sacar en claro de esta semana de idas y vueltas tensas dentro del gobierno?
Para comenzar e ir al fondo de la cuestión, no hay más que dos voceros oficiales del gobierno: la presidenta Fujimori y, tras ella, el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Así está definida la vocería presidencial por la propia Constitución. Nadie puede, pues, hablar, ni antes ni después de los nombrados, a nombre del gobierno. Luego están las vocerías ministeriales y técnicas del gobierno que deben y tienen que administrarse atendiendo los intereses y obligaciones sectoriales de informar oportuna y puntualmente, y también los intereses y obligaciones de constituir, ellas mismas, fuentes creíbles y confiables de información para la prensa y las redes sociales.
La función pública, expuesta siempre al escrutinio ciudadano, no puede ser rehén del secretismo burocrático. Salvo aspectos de seguridad nacional, los asuntos de gobierno y Estado son públicos y deben y tienen que ser de conocimiento público.
La comunicación del gobierno y del Estado no es un sistema accesorio al funcionamiento del gobierno y del Estado. Forma parte intrínseca de ambos y se convierte en necesaria e indispensable en el éxito que pretenden lograr los de arriba y los de abajo en los escalones del poder.
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