El electo alcalde de Somos Perú en el distrito de Ventanilla, Luis “Lucho” Landauro, estuvo recluido en el penal Sarita Colonia, entre el 25 de junio de 2008 y el 21 de mayo de 2009. Fue procesado por tráfico ilícito de drogas y, en 2011, condenado por este delito a ocho años de cárcel en primera instancia.
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El peritaje determinó que contenía en total 798 gramos de clorhidrato de droga pura. Como remitente figuraba Luis Landauro Ramírez. Quince días después, el 25 de junio de 2008, Landauro ingresó al penal Sarita Colonia por mandato de prisión preventiva, pero salió el 21 de mayo de 2009 –bajo comparecencia– para afrontar el juicio oral en libertad.
Dos años después fue condenado a ocho años de cárcel por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel del Callao. El Expediente N° 3254-2008 del 14 de abril de 2011 lo condenaba a ocho años de prisión efectiva, junto a su coprocesado Francisco Javier Fernández Ayasta.
Envíos al extranjero
En el juicio el tribunal cuestionó la versión de Landauro en la que dijo que viajó por iniciativa propia hasta la mueblería –al otro extremo de Lima– para tomar medidas y cotizar el flete, sin haber pesado el paquete. Landauro respondió en audiencia: “No, solamente la medí… el señor me dijo que pesaba aproximadamente cien kilos”. Los magistrados consideraron dicha explicación poco creíble.
Según explicó Landauro en el proceso, él trabajaba en la agencia de carga Panamericano Express I.R.L. En el juicio admitió que esa empresa no tenía autorización de aduanas para hacer envíos de terceros al extranjero.
Indicó que por esa razón puso su propio nombre en la guía aérea, en la boleta de venta N° 017-000106 y en la guía de remisión de la tienda “Muebles Lot’s”, en Villa El Salvador.

Luis Landauro estuvo preso desde el 25 de junio de 2008 hasta su primera excarcelación bajo comparecencia el 21 de mayo de 2009. Posteriormente, la Corte Suprema dispuso en febrero de 2012 su absolución.
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El 21 de febrero de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió el recurso de nulidad R.N. N° 1787-2011 y lo absolvió bajo el criterio de duda razonable. Ordenó anular sus antecedentes policiales y judiciales.
Consultado por su caso, Landauro reconoció el hecho y respondió a esta Unidad: “en nuestro país existe el derecho al debido proceso (…). El Poder Judicial me excluyó de todo proceso. Para mí fue días difíciles el hecho de que te señalen por algo que nunca hiciste, no se lo deseo a nadie”.

