La Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro del Poder Judicial ratificó la detención con fines de extradición pasiva contra Nadeska Widausky. El tribunal desestimó el recurso de la defensa y confirmó la medida por un plazo de nueve meses.
La Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro del Poder Judicial ratificó la detención con fines de extradición pasiva contra Nadeska Widausky. El tribunal desestimó el recurso de la defensa y confirmó la medida por un plazo de nueve meses.
Las autoridades judiciales de Bélgica solicitaron la captura internacional de la procesada por presuntos delitos de gravedad en Europa. La orden judicial surgió tras la emisión de una Notificación Roja de Interpol que facilitó su ubicación en territorio peruano.
La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Trata de Personas sindicó a Widausky de presuntamente integrar el grupo operativo de una red criminal transnacional. La organización captó a mujeres jóvenes de la selva peruana mediante falsas ofertas de empleo en el exterior.
El Ministerio Público sostuvo que la red trasladó a las víctimas hacia Bruselas para someterlas a la explotación sexual forzada. Los integrantes del grupo despojaron a las agraviadas de sus ingresos y crearon perfiles falsos con el fin de extorsionar clientes.
La justicia de la ciudad de Brujas imputó a Nadeska Widausky los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. La legislación de ese país fija sanciones de hasta 20 años de prisión para las conductas denunciadas.
El colegiado superior determinó que la medida cautelar resulta idónea, proporcional y necesaria para asegurar la presencia de la investigada. Los magistrados valoraron la gravedad del caso y la falta de un domicilio legal comprobado al momento de su captura policial.
Las medidas judiciales contra Nadeska Widausky
Nadeska Widausky cumple actualmente nueve meses de detención preventiva con fines de extradición en un penal del Instituto Nacional Penitenciario. El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó el mandato el 27 de mayo y fijó su término para el 25 de febrero del 2027.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó además ocho meses de prisión preventiva contra la procesada para asegurar su juicio en Perú. El despacho fiscal investiga un desbalance patrimonial de S/762,119.26 y exige una condena de ocho años de pena privativa de la libertad.
