La primera compañía es la Corporación San Andrés S.A.C., que tiene una participación del 80% en el consorcio. En la actualidad, presenta una sanción y una suspensión para contratar con el Estado por 36 meses; es decir, hasta el 2025. Esta penalidad le fue impuesta apenas un mes después de haberse suscrito el contrato con Santiago de Surco.
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La segunda empresa es Multinegocios Kristel E.I.R.L. Esta compañía tiene una participación del 20% y es una corporación sin experiencia en proyectos públicos, según el registro de proveedores: hasta antes del proyecto Plaza de Armas nunca había contratado con el Estado.
Según se detalla en el documento firmado entre el consorcio Kristel y la Municipalidad de Surco, la obra debió concluirse en abril. Sin embargo, cuatro meses después, y pese a algunas quejas de los vecinos, esta sigue inconclusa.
La Unidad de Periodismo de Datos revisó todos los contratos realizados por las municipalidades de Lima y del Callao durante la última gestión, que se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y halló que los acuerdos para llevar a cabo el 29% de las obras públicas recién se han realizado entre enero y agosto del 2022.
Gasto entre enero y agosto
Según los contratos analizados, estos proyectos han costado más de 353 millones de soles, un monto que supera en 56% el gasto ejecutado en obras en el último año de la gestión anterior (2018). Este ascendió a 225 millones de soles.
A pesar de no ser el distrito que ha realizado más proyectos durante el 2022, Santiago de Surco sí es el que más ha gastado en estas obras: 79.637.744,66 de soles.
El análisis revela que solo entre cinco municipalidades distritales adjudicaron el 52% del monto total de inversión por obras públicas: Santiago de Surco, Puente Piedra, Callao, San Isidro y Carabayllo.
Qué empresas se adjudicaron los contratos
Tres de las 11 empresas con más contratos por obras presentan en total de 20 a más proyectos adjudicados con una sola municipalidad, no solo durante esta gestión. Estas son Corporación Tierra Sol, con 23 contratos realizados con la Municipalidad Distrital de Los Olivos entre 2021 y 2022; Sabina Contratistas Generales, con contratos con las Municipalidad de Puente Piedra; y Consorcio Construyendo Juntos, con 21 contratos con la Municipalidad de Villa El Salvador.
Por su lado, el consorcio Mi Perú Parque del Sector I / El Roble registra en total 9 contratos realizados desde la actual gestión. Todos ellos se hicieron con la Municipalidad de Mi Perú.
Otras tres compañías han contratado por primera vez con el estado. El primero es el Consorcio Mirador, que tiene cuatro contratos, todos realizados con la Municipalidad de San Juan de Miraflores por casi un millón de soles. El segunda, es el Consorcio Zona C – Cieneguilla / Los Anillos, con dos contratos con la Municipalidad de Cieneguilla por 1,1 millones de soles. Por último, se encuentra Multinegocios Kristel E.I.R.L.
Factores
El abogado y analista político Javier Albán explica que además de la pandemia, existen otros factores que colaboran a que las gestiones hayan esperado hasta su último año para realizar casi el 30% de obras. Albán señala que, en primer lugar, no tenemos partidos políticos. “No hay política profesional en el Perú. No hay realmente un grupo de gente organizada que tenga un plan claro que nos sirva para filtrar”, menciona.
Hoy en día, son pocos los incentivos para que las personas se metan a hacer política, lo que dificulta que se construyan nuevos partidos, ya que usualmente para hacerlo se debe renunciar a la vida privada, y es muy probable que se reciban ataques, insultos, o se pueden inventar cosas o procesos judiciales de la persona en cuestión. “Es mucho lo que uno arriesga y lo que impide que haya profesionalización de la política”, señala Albán.
Otro factor es la prohibición de la reelección de alcaldes, lo que ha complicado la situación. Esto debido a que son personas nuevas las que llegan. “Si bien en la alcaldía uno debería pensar más en el equipo que en la persona (el alcalde), es importante que este cuente con un líder idóneo, considerando además que al no haber partidos hay personalismo”, dice Albán.
Un trabajo realizado por Claudio Ferraz (profesor en la Universidad de Columbia Británica )y Frederico Finan (profesor en la Universidad de California) estudia el impacto de los incentivos impuestos por las reglas electorales sobre la corrupción. En este paper se detallan los efectos de la reelección, siguiendo el caso de Brasil, a través de una comparación entre la primera elección con la segunda gestión. Los hallazgos señalan que se encontró menos corrupción cuando había posibilidad de reelección.
Un tercer punto es el personalismo, que lleva a que muchas veces parte de la campaña sea querer romper con el status. No se sigue el plan anterior y se empieza todo de nuevo, por lo que no hay un proceso de aprendizaje. “Recién en el año cuatro los alcaldes empiezan a entender cómo son los procesos. Sin embargo, es en dicho año en el que necesitan ejecutar presupuesto, considerando que deben entregar su informe final de gestión y usualmente no han hecho nada en los años anteriores”, explica Albán.
Una consecuencia de ello es elegir empresas cuestionadas o sin experiencia. Para Albán, en el Perú el hecho de que haya tan poco profesionalismo y que no se cuente con una política muy transparente hace que se sea más vulnerable a los grupos de interés. “Como estos son grupos más pequeños es más fácil para ellos organizarse y, por ejemplo, pedirles cosas a los alcaldes que pudieron quedar pendientes del apoyo de candidaturas, por ejemplo”, advierte el experto.
