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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, negó que la fórmula legal planteada por el Ejecutivo para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) constituya “un Reinfo amplificado”. Insistió en que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá el 31 de diciembre próximo y que la propuesta contempla un “régimen de consolidación” temporal de 18 meses, para que los mineros informales que cumplan las condiciones puedan avanzar hacia la formalización.
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Reconoció que, después de 15 años de intentos de formalización, “los resultados no son los que se esperaban” y que el proceso, tal como está, está “mal estructurado”. También sostuvo que se debe distinguir a quienes están en proceso de formalización de aquellos que se “aprovechan del Reinfo para hacer una actividad totalmente ilícita”.
La propuesta del Ejecutivo contempla dos regímenes, así como la creación de un nuevo organismo denominado FORMAPE (Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería). Según Shinno, el Reinfo “y todo lo que cubre” terminará el 31 de diciembre de este año, y a partir de entonces tendría que entrar en vigor la propuesta.
El primer régimen, denominado “régimen ordinario”, en palabras de Shinno, “es el régimen que siempre ha existido, pero queremos reforzarlo”. Este se rige bajo la lógica de “primero obtengo todos mis permisos para luego hacer mi actividad minera”.
En cuanto al segundo, denominado “régimen de consolidación”, el ministro explicó que ingresarían únicamente aquellos que, hasta el 31 de diciembre, mantengan su condición de Reinfo “vigente”. Sin embargo, la fórmula enviada al Congreso también contempla a quienes tengan la inscripción suspendida. Este régimen regirá desde el 1 de enero de 2027 y tendría una vigencia de 18 meses, hasta el 30 de junio de 2028.
“Nosotros sí consideramos que es el plazo exacto, porque vamos a simplificar el proceso, vamos a hacerlo mucho más acotado. Y consideramos que sí podemos terminarlos en estos 18 meses para poder formalizar a quienes hay que ayudar en su formalización”, señaló el titular del Minem.
Según explicó, es necesaria la formulación de una Ley MAPE para centralizar todo en una sola norma, establecer condiciones claras, articular a las distintas instancias y fortalecer la capacidad de supervisión y fiscalización. Añadió que la propuesta comprende a los mineros informales, pero también a los demás actores de esta cadena, como las plantas de beneficio, los acopiadores, los transportistas y los comercializadores.
Dirigentes de mineros informales también acudieron al Congreso para participar de la sesión. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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Aunque Shinno señaló que la propuesta no deroga ninguna ley y que deberán respetarse el patrimonio cultural, los parques nacionales, los pueblos indígenas y la consulta previa, también anunció nuevos parámetros para los instrumentos ambientales y los explosivos. Asimismo, planteó que la responsabilidad recaiga únicamente en el minero informal y no en el concesionario, como incentivo para la firma de convenios de explotación.
También insistió en la propuesta de habilitar al Banco de la Nación para abrir cuentas corrientes a los mineros informales. Advirtió que “hoy en día la banca privada está cerrando las cuentas” a este sector, lo que, según dijo, genera un “gran problema” de trazabilidad. Esta es una de las propuestas que ha generado cuestionamientos de especialistas.
“Entendemos la preocupación de la banca privada por el hecho que quizás algunos agentes puedan estar trabajando en la ilegalidad; y eso le lleva a ciertas responsabilidades. Entendemos esa preocupación, pero sí nos genera un problema [en] la trazabilidad, porque la trazabilidad no solamente es del flujo del mineral, del flujo de los insumos que necesitan para la producción, sino también la trazabilidad económica”, expresó.
Las objeciones al proyecto y el rechazo de los mineros informales
Tras la presentación de Shinno, se abrió el debate. Desde el Partido del Buen Gobierno, la diputada Milagros Santana cuestionó al Minem y pidió que precisara qué impediría que la Ley MAPE se convierta en otra etapa de autorizaciones temporales sin resultados.
En el caso de Juntos por el Perú, algunos congresistas pidieron llamar las cosas por su “por su nombre”, en la línea de que se trataba de una prórroga del Reinfo. Otros cuestionaron que la propuesta solo fortalezca los mecanismos de control. La propia diputada Paredes sostuvo que, como presidenta de la comisión, tenía la responsabilidad de estudiar las propuestas que envíe el Ejecutivo. “Pero también fiscalizar lo que se ha hecho y lo que no se ha logrado hacer; esta comisión no es mesa de partes del Minem”, acotó.
Desde Fuerza Popular, los diputados intervinieron para respaldar la propuesta, mientras que, por Renovación Popular, el diputado Frank Krklec advirtió que los plazos serían insuficientes y que no se podría legislar sobre un tema técnico y complejo en tan poco tiempo en las dos cámaras, como señaló a El Comercio en un informe anterior.
“No es un Reinfo prolongado. ¿Por qué no lo consideramos así? Porque si bien es la continuación bajo un régimen de consolidación por 18 meses de los que actualmente tienen el Reinfo vigente, vamos a establecer un régimen mucho más simplificado”, replicó Shinno. Agregó que se darán las condiciones para la formalización y la asistencia técnica.
Sin embargo, también sostuvo que entre quienes piden la ampliación del Reinfo están, por un lado, los mineros informales que quieren la continuidad de sus operaciones, pero, por otro lado —agregó— “también hay mineros ilegales que buscan la ampliación del Reinfo”.
“Y hay que decirlo en esas palabras. Porque hoy día el Reinfo tiene un paraguas legal que les prohíbe ser denunciados; y eso no debe ser así. Cualquiera que hace una actividad de cualquier sector económico, si hacemos las cosas mal, depredamos el medio ambiente, contaminamos, estamos sujetos y debemos ser sancionados e investigados”, señaló Shinno.
“Entonces ese paraguas legal tenemos que terminarlo porque es lo que está utilizando la minería ilegal para poder hacer sus actividades netamente ilícitas y no solamente como minería ilegal, sino está asociada a otras actividades ilícitas como la trata de personas, trabajo infantil. Y hay que tener muy claro que las actividades ilegales en el país le están ganando a las actividades económicas formales, y es algo que le va a hacer mucho daño al país”, acotó.
Tras la presentación de Shinno, también acudieron representantes de gremios de mineros informales, como la Confemin, AMA Pataz, Macro Sur y Macro Norte. Estos coincidieron en rechazar la propuesta formulada por el Ejecutivo al Congreso y advirtieron que no resolvía los problemas de fondo.
Máximo Adolfo Franco Bequer, presidente de la Confemin, sostuvo que la propuesta “es más de lo mismo” y que, en el plazo planteado, “no nos vamos a formalizar”. “Grábenlo, no nos vamos a formalizar. ¿Por qué? Porque la formalización depende de un contrato de explotación, y ese contrato no lo han firmado en 14 años. Nada nos garantiza que van a firmar en un año y medio. Por lo tanto, no va a ocurrir esa formalización, y el año 2028 vamos a estar en lo mismo”, aseveró.
Por su parte, Jacqueline Villanueva Vargas, gerente del Sector Minero de la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), señaló que consideraban que la propuesta “es un buen punto de partida”. Sin embargo, sostuvo que algunos aspectos eran insuficientes, como la trazabilidad e, incluso, la exención de responsabilidad penal, un asunto que ya zanjó el Tribunal Constitucional.
“Este régimen de consolidación (…) luce, al menos en el texto presentado, como una extensión más de lo que conocemos actualmente como el Reinfo”, aseveró Villanueva.
En medio de plazos ajustados, la sesión concluyó sin una fecha clara sobre cuándo se tendría una propuesta de dictamen. Solo se confirmó que este miércoles 28 —a las 8:00 a.m. — se desarrollará una audiencia pública en el mismo Congreso para, según su título, “una real Ley Mape”.