Durante el gobierno de Pedro Castillo, en 2022, Fuerza Popular impulsó desde el Congreso una iniciativa para eliminar los cargos de prefectos y subprefectos, al advertir que podían ser utilizados con fines proselitistas. Cuatro años después, con Keiko Fujimori en la presidencia de la República, al menos 22 afiliados del partido naranja han sido designados en dichos cargos.
Hasta el 17 de octubre, el Gobierno había designado al menos a 125 subprefectos provinciales y distritales y a una prefecta regional. De ellos, 22 figuran como afiliados a Fuerza Popular y otros 14 pertenecen a distintas organizaciones políticas.
Entre los afiliados al partido de gobierno hay cuatro que participaron como candidatos al Congreso bicameral en las últimas elecciones generales: Estela Martha León Requena, candidata al Senado por el distrito electoral único; Madeleina Rivera Fabián, quien postuló al Senado por Pasco; Roxana Izarra Altez, quien postuló a la Cámara de Diputados por Huancavelica; y Wilmer Aguilar Montenegro, candidato a diputado por Cajamarca. Este último fue congresista fujimorista en el periodo 2016-2019.
Wilmer Aguilar, quien fue congresista de la bancada fujimorista en el periodo 2016-2019, ahora se desempeña como subprefecto provincial de Cutervo, en Cajamarca.
Otros casos
Entre las nuevas autoridades también figura Danitza Haydee Dodero Jovich, designada subprefecta provincial de Arequipa. La funcionaria es hermana de Pierangeli Daniela Dodero Jovich, actual diputada de Fuerza Popular por Lima.
El nombramiento fue oficializado en septiembre mediante una resolución del Ministerio del Interior (Mininter), cuyo titular es César Astudillo, quien también ostenta el cargo de senador fujimorista. Consultados por este Diario, la Dirección General de Gobierno Interior de dicho ministerio sostuvo que el procedimiento regular se cumplió y negó que el parentesco con la diputada fujimorista haya influido.
A la lista se suma el caso de Tamara Noelina Pérez Aguilar, designada subprefecta distrital de Iquitos, en Loreto. La funcionaria es investigada por presunto peculado doloso por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto. Además, fue comprendida en un informe de auditoría de la Contraloría que determinó un perjuicio económico de S/ 2 millones en la Gerencia Regional de Educación de Loreto, entre 2023 y 2025.
La auditoría identificó pagos a personas que no tenían vínculo laboral o contractual con la entidad, efectuados mediante órdenes de pago electrónicas y cheques. Según el informe, Pérez Aguilar fue contratada mediante locación de servicios para prestar asistencia técnica en el Área de Tesorería durante marzo y abril de 2024. El documento la incluye entre las personas comprendidas en los hechos observados y señala una presunta responsabilidad penal.
Consultado sobre el caso, el Mininter reiteró que se han cumplido con “los parámetros normativos vigentes” para la contratación de Pérez, tales como documentos “donde declara no registrar antecedentes y no estar inhabilitada”. “La Oficina de Recursos Humanos solo puede verificar impedimentos legales de carácter objetivo y concluyente. En este caso, el informe de Contraloría y la investigación fiscal constituyen imputaciones de hechos que se encuentran en etapa de esclarecimiento o juzgamiento”, indicó.
En tanto, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó la continuidad de estos cargos. “Son un botín político para dar trabajo a los partidarios. Pero los partidos de gobierno y los presidentes se oponen a su desaparición. Es gasto inútil”, afirmó.
La iniciativa legislativa de 2022
En agosto de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, la actual senadora de Fuerza Popular Nilza Chacón presentó el proyecto de ley N.° 2882/2022-CR, que proponía eliminar los cargos de prefectos regionales y subprefectos provinciales y distritales. La iniciativa planteaba reasignar sus funciones a otras instancias del sector Interior, bajo el argumento de que estas autoridades no habían demostrado eficiencia en el mejoramiento de la gobernabilidad local.
La iniciativa fue respaldada por miembros de su bancada, entre ellos, el entonces congresista Eduardo Castillo, quien manifestó que estas autoridades no podían utilizar sus funciones ni el presupuesto asignado con fines proselitistas. El expresidente del Congreso y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi también apoyó la propuesta, que llegó a ser aprobada por la Comisión de Descentralización.
En aquella fecha, en declaraciones a la prensa, la ahora senadora Martha Moyano también cuestionó estos puestos. “El Congreso tiene una propuesta de Fuerza Popular para eliminar esa figura. Y me parece correcta porque se dedicaron a hacer una especie de milicia -lo digo en referencia a militantes del partido- del presidente [Pedro] Castillo”, manifestó.