Esta semana se presentó Hágase Instituto, el centro de ideas que, entre otros objetivos, busca acompañar al sector público a fin de generar cambios positivos en el Estado. El Comercio conversó con Luis Miguel Castilla, presidente de la institución, quien junto a Paola Bustamante y Milton Von Hesse, buscan poner manos a la obra.
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Hágase Instituto nace en un año de cambio de gobierno y de Parlamento, esta vez bicameral, y de elección de autoridades subnacionales. ¿Qué tan importante o crucial es su participación?
El ‘timing’ es importante, porque hay una curva de aprendizaje que puede ser costosa dependiendo de dónde uno esté parado. En el caso de los gobiernos regionales y locales, si uno se fija en el primer año de gestión, cae fuerte la ejecución en inversión pública. Es un problema, porque se pasa todo un año desde que entra la nueva autoridad, define prioridades, arma el equipo y aprende cómo gobernar. En el caso del Parlamento, también tenemos mucha renovación: 80% es nuevo y también hay una curva de aprendizaje.
El momento es propicio: el país quiere dejar atrás un período de inestabilidad crónica a nivel de Ejecutivo, de tanto cambio y rotación de autoridades, e ir hacia uno de mayor estabilidad.
¿Cómo surge la idea de crear Hágase Instituto, centro de pensamiento, junto con Paola Bustamante y Milton Von Hesse?
Hay un consenso de que sabemos qué hacer, pero no el cómo. Hay muchos diagnósticos, pero tenemos el problema central de gestión y aplicación de la ley. No solo estamos haciendo un centro de pensamiento, sino uno de acción: es un ‘Think & Do Thank’. La parte del ‘Do’ está relacionada con implementar, hacer e, incluso, por eso en el nombre está la palabra “Hacer”.
Eso se desarrolla sobre la base de una evidencia y de propuestas probadas, ayudar en su despliegue y su implementación. Hay distintas vistas. Una es gestión pública y acá es un acompañamiento a nuevas autoridades en el terreno. No se puede alcanzar a todas, pero al menos lo haremos en seis regiones priorizadas.
Esta modalidad ya la hemos trabajado [antes] en regiones como Arequipa, Cusco, Junín y Cajamarca y queremos replicarla.
¿Hay otro tipo de intervenciones?
También la hay a nivel de formación de cuadros con becas. El diferencial sobre otras opciones es la experiencia de docentes en gestión pública. Algo que también es novedoso es la parte relacionada a la evidencia: propiciar cambios e implementarlos. Más allá de los problemas de gestión pública, tenemos una brecha muy importante entre lo que dice una norma y su aplicación.
La brecha entre el mundo legal y la realidad explica una gran discrecionalidad de parte de las autoridades. Se puede ver en procesos o en permisos que afectan a un determinado sector. Estamos creando un observatorio que mira costos administrativos y regulatorios, no solo con el fin de identificarlos, sino para ir a las autoridades competentes.
En esta mirada del diagnóstico y de las acciones, ¿cómo le ha ido a la participación de la academia o el sector privado? ¿Hacen falta muchas más iniciativas para ayudar al sector público?
Hubo muchos esfuerzos, pero no se han mantenido. Por ejemplo, los que despliega el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en acompañamiento se vieron acortados porque tuvieron que aplicar políticas de austeridad y disminuyó el financiamiento de estos equipos. Además, no hay una cantidad suficiente de acompañamiento técnico en la gestión de inversiones públicas, por ejemplo.
Esto se exacerba por la volatilidad y alta rotación de autoridades. La idea es llenar vacíos y trabajar en alianzas, porque no lo hacemos solos, sino con una alianza extensa con [sectores] públicos y privados a nivel regional, con colegios profesionales, cámaras de comercio. Esto ayuda a no inventar cosas nuevas, sino apuntalar esfuerzos que ya existen.
Hay muchos esfuerzos pequeños y valiosos, pero aislados. Y eso se refleja en los resultados electorales. Es importante adelantarse y con una apuesta de largo aliento, perseverar en el terreno.
¿Los resultados se pueden mantener en el tiempo? ¿Este acompañamiento a los sectores públicos se puede traducir en una mejor para los ciudadanos?
Las lecciones aprendidas que sacamos de nuestra experiencia profesional anterior es que, al margen de la orientación política o ideológica del gobernador regional de turno, al final este va a ser juzgado por si logra destrabar obras o culminar proyectos. Eso no debería tener color político ni ideología.
La lección es que tienes que estar en el terreno constantemente y lo que vemos son esfuerzos de la empresa privada con proyectos que le interesan en su zona de influencia, por ejemplo. Sin embargo, no hay una intención de cubrir distintas regiones, dotando este servicio como bien público -porque esta labor se da sin fines de lucro-. Sí supone un nivel de compromiso alto y también tener una contraparte. Así como hay rotación en los ministerios, también lo hay a nivel de gobiernos regionales y eso entorpece el trabajo.
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¿El seguimiento también se traduce en un monitoreo de indicadores?
Lo que hemos hecho son plataformas tecnológicas que permitan tener ‘dashboards’ de seguimiento adecuados a la realidad y a los intereses de cada actor. Por ejemplo, un monitoreo sobre cómo le va a las unidades ejecutoras, a una determinada región o a una cartera de proyectos por completar.
Al final, lo que importa es que esto se traduzca en servicios a la ciudadanía y por eso vemos que hay un espacio enorme. Esto no quiere decir que dejemos la parte de discutir propuestas nacionales, incluso tenemos la posibilidad de apoyar a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados para tener un aporte independiente.
¿Cuentan con aliados para la labor del ‘Think & Do tank’?
Nuestros aliados incluyen a los tres bancos multilaterales que trabajan en el país: el BID, CAF y el Banco Mundial, y el trabajo en alianza con otras entidades. No es una labor aislada, sino articulada con todos los actores que tienen este objetivo común.
Las intervenciones que pensamos están dirigidas a implementar instrumentos que permitan mejorar la eficiencia de la gestión pública y la calidad regulatoria del país.
¿Hay puntos concretos que analizan en el Observatorio de Costos Regulatorios y Administrativos?
Quisimos hacer un estudio sobre cuál era el costo para las pequeñas empresas de toda la sobre-regulación que existe en el país. En un momento cuantificamos el costo de inseguridad con los negocios puerta calle con encuestas y trabajo de campo; lo mismo [queremos hacer] a nivel de empresas. Vimos que en la Comisión de Reducción de Barreras Administrativas de Indecopi no tienen todos los casos que existen de barreras administrativas, porque denunciar es costoso y hay reticencia de las empresas de denunciar a una entidad pública o un municipio por temor a represalias.
Entonces, hay un vacío de información y tratamos de suplir ese esfuerzo. En ese caso, estamos en conversaciones con el Banco Mundial hace tiempo para tener una línea de base con el ‘Business Ready Subnacional’ que se plantea hacer en el país, y que ello permita identificar casos específicos de trabas o barreras burocráticas e impidan la realización de proyectos o que represente un costo al crecimiento empresarial.
¿Esta labor no debería realizarla el Estado?
Esto le debería competir a una entidad pública que lo haga, pero la ausencia de ello, obliga a que desde el sector privado, la sociedad civil y los centros de investigación nos adecuemos a atender estas temáticas.
Lo importante es trabajar de la mano con el sector privado y el público, y que haya una clara apuesta de las universidades y colegios profesionales para que le den un nivel de imparcialidad y credibilidad a estos procesos. No partimos de cero, tenemos mucha experiencia, pero creemos que hay un espacio para apoyar al país desde el sector privado y especialmente quienes hemos pasado por el Estado por mucho tiempo, con distintas especialidades y experiencias, para poder volcarlas en un instituto como Hágase.
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¿Cuáles son las seis regiones que van a ser priorizadas por Hágase Instituto?
Está definido trabajar en La Libertad, en Cusco y Arequipa, pero vamos a ir sumando otras regiones. De hecho, hemos lanzado la iniciativa y lo vamos a hacer en Arequipa el 17 de setiembre y en Trujillo el 29. Llegar a todas las regiones del país será difícil.
La forma en cómo llegaremos a las 23 regiones fuera de Lima es a través de nuestro programa de becas en gestión pública dirigidas a funcionarios de mandos medios de gobiernos regionales y entidades desconcentradas. Lo otro es trabajar en distintos pilotos y poderles dar continuidad. La idea es que esto genere herramientas, se puedan internalizar y también quede la asesoría, porque hay un tema de sostenibilidad.
Uno no puede prometer cosas que no va a poder cumplir. Entonces, la idea es llegar al número más importante de regiones, sin bajar la calidad o cobertura de temas que estamos impulsando. Los recursos son una restricción, pero creo que se puede hacer mucho en alianza con otras entidades públicas y empresas. Estamos al comienzo de un nuevo ciclo político y la ciudadanía no va a tener la paciencia para esperar años de gestión sin resultados. Este es un momento para enfatizar la acción y vocación de servicio en el territorio.
A su vez, son seis focos sectoriales los que observarán con atención. Por un lado están los temas macroeconómicos y sectoriales como la minería o la energética, pero también hay aspectos de bienestar, sostenibilidad y economía verde. ¿Son focos que buscan atender problemas del futuro?
Hay dos temas transversales: sostenibilidad y seguridad. Un claro ejemplo es el trabajo que vamos a continuar en el sector de energía, porque la idea no es solo plantear el tema de sostenibilidad, sino el de seguridad energética, que en el país es clave, y también lo son los temas de pobreza energética. Uno de los temas es acompañar el proceso del diseño de una nueva política nacional energética al 2040 que está siendo elaborada. En el caso de la minería, estamos realizando un acompañamiento a los procesos del Ministerio de Energía y Minas, y ojalá al Congreso, en el tema de plantear propuestas eficaces para la formalización de la Mape.
Ahora que estamos en una época de desastres naturales y que muestra nuestra vulnerabilidad, [hay que] retomar la agenda de la resiliencia de infraestructura y de vivienda.
Hemos avanzado mucho en el papel de transformación digital, pero no hemos avanzado lo suficiente para adoptar la tecnología y automatización en la provisión de servicios básicos.
Con la publicación del Marco Macroeconómico Multianual y del proyecto de Presupuesto Público, ¿qué percepción se genera del gobierno con el manejo de la economía nacional?
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) cambia todos los días y se ve reflejado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Y cuando uno compara el proyecto que entra con el que se aprueba, se da con que hay muchas disposiciones adicionales. Eso tiende a inflar la presión de gasto. Ahora, creo que en esta oportunidad y aprendiendo del pasado, el Congreso y su nuevo reglamento han sido más precisos para evitar que se introduzcan no solo iniciativas de gasto, sino también temas no presupuestales a la ley.
Creo que hay más candados nuevos que se han incorporado para reducir la brecha entre la propuesta del Ejecutivo y lo que finalmente aprueba el Congreso.
En términos reales, el presupuesto no crece, pero no hay que confiarse en esa foto, porque puede variar. Según dice el propio Consejo Fiscal, puede variar según la intensidad del fenómeno de El Niño y puede cambiar por la contención del gobierno frente al Congreso.
Está pendiente el sincerar las reglas fiscales, como prometió el ministro Cuba, porque la Ley de Presupuesto al 30 de noviembre tiene que reflejar las reglas fiscales vigentes para el año entrante.
¿Tuvo que estar en el pedido de facultades el cambio de reglas fiscales?
Me parece bien que no se haya puesto en el pedido de facultades, eso se tiene que discutir abiertamente con participación de muchos actores. No puedo saber exactamente cuánta austeridad o disciplina hay, porque no sabemos cuál es la regla que estará vigente el año entrante.
El proyecto de presupuesto suena austero, hay ciertas recomposiciones de gasto, pero para tener una lectura muy clara, hay que saber el margen que el MEF dará en las reglas fiscales y si ese margen proyecta credibilidad. Pareciera que esa austeridad no se condice con el agresivo plan de gobierno que anunció la presidenta Fujimori, intensivo en gasto público.
