Los últimos días del Sodalicio: piden investigar sus negocios y disuelven rama femenina

El último miércoles, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR) emitió un comunicado en el que reconoció que su disolución, junto a los otros tres institutos sodálites, se debe a “la falta de carisma de origen divino en el fundador, así como en los abusos y el comportamiento impropio y abusivo de Figari y de muchos de sus colaboradores”.

En el comunicado, FMR admitió que, “aunque cada uno de los institutos ha vivido un recorrido propio”, esta “no fue ajena a formas abusivas y psicológicas de conciencia en su seno”.

Las otras organizaciones que serán suprimidas son las asociaciones públicas de fieles de las Siervas del Plan de Dios y del Movimiento de Vida Cristiana, además del mismo Sodalicio de Vida Cristiana.

Así consta en el decreto de supresión que fue firmado el 14 de enero pasado por Sor Simona Brambilla, Perfecta del Dicterio para los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y aprobado el mismo día por el papa Francisco. Dicho decreto fue intimado el 1 de abril por monseñor Jordi Bertomeu, comisario apostólico para la liquidación de todas las organizaciones sodálites.

“Las Fraternas, no obstante el dolor que les causa la decisión de la supresión, la han acogido con docilidad y obediencia filial, además de manifestar su disponibilidad y colaboración en todo el proceso de supresión y liquidación de bienes”, añadieron en el comunicado.

La disolución del Sodalicio por orden del papa Francisco, hecho pública en enero pasado, fue posible tras más de 20 años denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales hacia sus miembros, algunos incluso cuando eran menores de edad. En el 2023, el Vaticano envió a Perú la misión especial integrada por Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ambos llegaron a Lima con amplia experiencia en intervenciones por casos de pederastía en la iglesia Católica. Su investigación derivó en la expulsión de Figari y de otros 15 altos miembros de la organización religiosa durante el 2024 y su posterior cierre definitivo.

Figari fundó el Sodalicio en el año 1971 y fue Superior General por casi 40 años, hasta su renuncia en el año 2010. A él se le señala como perpetrador y encubridor de abusos psicológicos, físicos y sexuales. En el año 2017, un informe realizado por una comisión de expertos convocada por el mismo Sodalicio reconoció los abusos contra al menos 19 menores y 10 adultos.

Estas denuncias fueron recogidas por el libro “Mitad monjes, mitad soldados” de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que en el año 2015 reunió treinta crudos testimonios de víctimas del Sodalicio.

Piden investigar negocios del Sodalicio

Tras la orden de supresión del Sodalicio, José Ugaz, abogado de un grupo de víctimas, ha solicitado a los jefes de la Curia Romana que se investigue el origen del patrimonio de las sociedades civiles vinculadas a la organización religiosa.

“Aún son muchas las víctimas de este grupo que no han sido reparadas por los abusos sufridos por los directivos de esta organización. Sabemos que la mayor parte de bienes del Sodalitio están en sociedades privadas, dirigidas a título personal por miembros del entorno de confianza de sus líderes y sus apoderados. A través de un sistema de testaferros y prestanombres, no aparecen formalmente a nombre de la organización y sus verdaderos propietarios”, indicó Ugaz en cartas dirigidas a Sor Simona Brambilla, cardenal Robert Prevost, Prefecto del Dicasterio para los Obispos, y cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede.

En octubre del año pasado, cuando la Nunciatura Apostólica en el Perú anunció la expulsión de dos altos miembros sodálites (everendo Jaime Manuel Baertl Gómez, ex Asistente de Espiritualidad, y Juan Carlos Len Álvarez), se mencionó el tema económico: “Algunos movimientos económicos e inversiones promovidos por el Rev. Baertl y el Sr. Len al interior del Sodalicio de Vida Cristiana, oportunamente detectados por la ‘Misión Especial’ con ayuda de los organismos económicos de la Santa Sede, constituyen acciones pecaminosas en tanto que traición al Evangelio”.

En las cartas, Ugaz señala que la investigación fiscal en curso, además de nueve años de investigación periodística, han dado evidencias de que “mediante dichas sociedades civiles privadas, sacerdotes y laicos dirigentes del Sodalitio habrían incurrido en diversos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos, particularmente en las sociedades civiles “Cementerios Parque del Recuerdo””.

Una investigación del medio El Foco reveló que, en 2020, temiendo posibles intervenciones por parte de la Fiscalía o el Vaticano, el Sodalicio habría transferido parte de sus activos a un fideicomiso gestionado por la empresa Acres Investment, que en su momento perteneció a Rafael López Aliaga. Dentro de este fideicomiso se incluyeron los nueve cementerios de Parque del Recuerdo, así como marcas comerciales y propiedades.

Ugaz también afirma “una investigación en la Fiscalía que se le sigue a sus líderes por lavado de activos” determinó que el Sodalicio “ha constituido cuatro empresas offshore, algunas operando como sociedad civil y canónica en los Estados Unidos desde la parroquia Holy Name, en Denver, Colorado, y que funcionarían bajo los nombres de. Providential INC, Foundation Santa Rosa y Christ in the City”.

La periodista Paola Ugaz, coautora de ‘Mitad monjes, mitad soldados’ e investigadora del caso Sodalicio, explicó a este Diario que la investigación en curso se encuentra en manos de la fiscal especializada en lavado de activos, Manuela Villar Ramírez, contra Luis Baertl Jourde, Juan Len Álvarez y Carlos Neuenschwander.