Una ironía abre el debut de la Comisión de Ética. Julián Pérez Mallqui y Edwin Espinoza Huillca –ambos electos por Cusco– llegan al Congreso con denuncias por violencia contra la mujer. El primero, detenido tras agredir a su expareja en una comisaría, será evaluado por el segundo, quien arrastra una propia denuncia por violencia familiar.
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Por este hecho, se le abrió una carpeta a cargo de la fiscal Sheyla Orcoporio. En sus descargos formales enviados a este Diario, indicó que la investigación se archivó.
“Tuvimos una discusión… yo agarré la taza, la tiré al lavabo y me fui de la cocina porque era una especie así como que mi forma de reclamarle que más urgente era, digamos, que cumpla su tarea (que cuide a su bebé) a que se tome un café”.
Espinoza también fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción en el 2018, por su gestión como prefecto regional del Cusco.
Fue acusado del delito de concusión porque supuestamente “blindaba” y encubría a Yesenia Tito, subprefecta del distrito de Colcha que cobraba un sueldo sin trabajar, bajo la sospecha de que existía un acuerdo ilegal para repartirse dicho dinero. Aunque la carpeta sigue sigue vigente, su presunta participación se archivó en octubre de 2020.
Parte detalla la denuncia presentada contra Edwin Espinoza en el Cusco por agresión física.
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Mery Infante
Sentada en la misma comisión, aparece Mery Infantes (Fuerza Popular), imputada por defraudación y usurpación en la carpeta 312-2016, que actualmente se encuentra en audiencia de apelación ante la Fiscalía Superior Mixta de Utcubamba.
El caso nació porque compró la hipoteca de un terreno, pero los familiares del dueño original denunciaron que las firmas del contrato eran falsas. El predio está ubicado en Bagua Grande y luego de la supuesta compra fue la diputada construyó en el terreno.
Pero no es el único caso que pesa sobre la legisladora. Tiene otro proceso por falsedad en proceso administrativo que se habría originado por una declaración brindada en un medio radial de Amazonas.
La parlamentaria no oculta que ha buscado presionar al Poder Judicial para cerrar el caso: “Yo he hablado con el presidente de la Corte Suprema porque yo de términos casi no sé. Eso tiene que acelerarse”.
El caso Colchado
Harvey Colchado (Ahora Nación), enfrenta un pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión efectiva por negociación incompatible y falsedad ideológica, formulado el 24 de julio por la fiscal anticorrupción Diana Paico.
Según la tesis fiscal, Colchado se benefició del alquiler de una propiedad familiar en Comas para que funcionara como sede de la Depincri de la PNP.
El caso se habría dado mientras él era coronel en actividad –una condición que habría ocultado otorgándole un poder a su madre, Martina Huamaní, donde declaró bajo juramento ser “independiente”–. El ahora diputado rechaza los cargos y habla de una persecución política en su contra.
Procesos de Harvey Colchado en el Ministerio Público.
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Cipriani y sus vecinos
El propio coordinador de la Comisión de Ética, Javier Cipriani, fue denunciado en el 2010 en San Isidro. Según el parte, insultó “con palabras soeces irrepetibles” a sus vecinas María del Carmen Luz Masías (38) y Olga Calderón Mantilla (72) por el ruido del desmontaje de unos andamios, y hasta intentó “ingresar a nuestra casa para detener los trabajos”, sin lograrlo porque “el piso en la puerta de entrada habían colocado recién cemento”.
El diputado de Renovación Popular indica que lo atestado es falso y que las denunciantes (una adulta mayor) son personas “enajenadas”.
Al ser consultado por ese Diario, sostuvo: “Es una tontería. No tiene ningún sentido esa denuncia. Se cayó una ventana de la cocina al piso de abajo (…) el comisario, cuando yo conversé con él, me dijo ‘no le hagas caso, son personas que son locas’”.
El dato
Aunque en redes sociales Edwin Espinoza (PBG) defiende su perfil como promotor de la Línea 100, fue intervenido en su domicilio tras una alerta realizada ante ese mismo servicio. Su conviviente lo acusó de agresión física delante de sus dos hijos.